Gobierno aprueba la declaratoria de desastre nacional para enfrentar el fenómeno de El Niño

La decisión del Gobierno Nacional de aprobar la declaratoria de situación de desastre nacional por la inminente llegada del fenómeno de El Niño expresa un movimiento preventivo a lo que viene el segundo semestre en materia climática.

Aunque el país todavía no enfrenta los efectos más severos, las autoridades concluyeron que la magnitud de las proyecciones justificaba activar un régimen excepcional que permita movilizar recursos, acelerar procesos administrativos y coordinar a todas las entidades del Estado antes de que la emergencia alcance su punto crítico.

La determinación fue respaldada por unanimidad durante la sesión del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, luego de analizar los informes técnicos elaborados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las entidades responsables de los sectores de energía, agua potable, agricultura, salud e infraestructura.

Las evaluaciones coinciden en que el país podría experimentar una reducción significativa de las lluvias entre finales de 2026 y el primer trimestre de 2027, con incrementos importantes en las temperaturas y un elevado riesgo de sequías prolongadas.

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La declaratoria de desastre nacional no implica que Colombia ya esté viviendo una catástrofe. Jurídicamente constituye una herramienta prevista en la Ley 1523 de 2012 para enfrentar situaciones cuya magnitud supera la capacidad ordinaria de respuesta de las entidades territoriales o cuya evolución hace necesario adoptar medidas extraordinarias antes de que se materialicen plenamente los daños.

El propósito es anticiparse al impacto, reducir pérdidas humanas y económicas y garantizar una respuesta coordinada entre el Gobierno nacional, los departamentos y los municipios.

En términos prácticos, la medida permitirá agilizar la contratación de obras prioritarias, acelerar la compra de equipos para abastecimiento de agua, fortalecer los sistemas de atención humanitaria, intervenir infraestructura crítica y movilizar recursos del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres con mayor rapidez que bajo los procedimientos administrativos habituales.

El fenómeno de El Niño constituye una de las principales expresiones de la variabilidad climática del planeta. Se produce por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, alteración que modifica la circulación atmosférica y cambia el comportamiento de las lluvias en buena parte del mundo.

En Colombia, históricamente se traduce en disminución de las precipitaciones, aumento de las temperaturas, reducción de caudales en ríos y embalses, mayor probabilidad de incendios forestales y afectaciones para la producción agropecuaria.

Los efectos esperados abarcan prácticamente todos los sectores productivos. La agricultura enfrenta riesgos por la pérdida de humedad en los suelos, menores rendimientos en cultivos y mayores costos de producción derivados del riego.

La ganadería puede sufrir reducción en la disponibilidad de pasturas y agua para el ganado. El abastecimiento de agua potable se convierte en una preocupación para numerosos municipios cuya oferta hídrica depende de quebradas y pequeños acueductos vulnerables a los periodos secos.

Otro de los sectores bajo observación es el energético. Colombia obtiene una parte importante de su electricidad mediante generación hidroeléctrica, por lo que la disminución de los niveles de los embalses representa un desafío para la estabilidad del sistema.

La experiencia de anteriores episodios de El Niño, especialmente el registrado entre 2015 y 2016, evidenció la necesidad de fortalecer la coordinación entre las plantas hidroeléctricas y termoeléctricas para evitar riesgos de racionamiento o incrementos significativos en los costos de generación.

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Precisamente por esa razón, el Gobierno había presentado días atrás una Estrategia Nacional frente al fenómeno de El Niño 2026-2027, concebida como una hoja de ruta para proteger el abastecimiento de agua, garantizar la continuidad del servicio eléctrico, reducir el impacto sobre la seguridad alimentaria y fortalecer las capacidades institucionales de respuesta.

Esa estrategia contempla inversiones cercanas a los 669.000 millones de pesos distribuidas entre diferentes sectores del Estado, además de un conjunto de cincuenta acciones específicas orientadas a prevenir los efectos más graves del periodo seco.

Las acciones incluyen el monitoreo permanente de embalses, campañas de uso eficiente del agua y de ahorro de energía, fortalecimiento de los sistemas de abastecimiento para municipios vulnerables, preparación de carrotanques, mantenimiento preventivo de infraestructura hidráulica, vigilancia epidemiológica frente al aumento de enfermedades asociadas al calor y coordinación con los sectores agropecuario y ambiental para proteger la producción de alimentos.

Los organismos científicos insisten en que todavía existen incertidumbres respecto a la intensidad definitiva que alcanzará el fenómeno. Sin embargo, las probabilidades de su consolidación son suficientemente altas para justificar la activación de mecanismos preventivos.

La experiencia internacional demuestra que las pérdidas ocasionadas por eventos climáticos extremos aumentan considerablemente cuando las respuestas comienzan únicamente después de que aparecen los primeros daños.

La decisión también refleja un cambio en la filosofía de la gestión del riesgo en Colombia. Durante décadas, buena parte de la respuesta institucional se concentró en atender emergencias ya ocurridas.

En esta oportunidad, la estrategia busca intervenir antes de que la sequía alcance su mayor intensidad, reduciendo la exposición de millones de personas y disminuyendo los costos económicos derivados de una eventual crisis hídrica.

La historia reciente ofrece antecedentes que explican esa apuesta preventiva. Colombia ha enfrentado múltiples emergencias climáticas que obligaron a adoptar medidas extraordinarias, entre ellas la temporada invernal de 2010-2011, cuando las inundaciones y deslizamientos llevaron al Gobierno a declarar la situación de desastre y posteriormente la emergencia económica para movilizar recursos destinados a la atención de millones de damnificados.

Aquella experiencia demostró que los fenómenos climáticos extremos pueden desbordar rápidamente la capacidad institucional cuando no existen mecanismos ágiles de respuesta.

Ahora el desafío es diferente. En lugar del exceso de lluvias, el país se prepara para un escenario caracterizado por déficit hídrico, altas temperaturas y presión sobre sectores estratégicos de la economía.

La capacidad de anticipación será determinante para minimizar el impacto sobre las comunidades rurales, los sistemas de acueducto, la producción de alimentos y la generación de energía.

Las autoridades reiteraron que la declaratoria no debe interpretarse como un llamado al alarmismo, sino como una herramienta de prevención que permitirá actuar con mayor rapidez en caso de que las condiciones climáticas evolucionen conforme a los pronósticos.

Mientras tanto, el Ideam continuará actualizando sus modelos climáticos y la UNGRD coordinará el seguimiento permanente de los indicadores hidrológicos, energéticos y agrícolas para ajustar las medidas conforme avance el fenómeno.

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