Germán Vargas Lleras culpa a presidente Petro de la descertificación de EE. UU. por narcotráfico

El exvicepresidente de la República, exsenador y director del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, publicó este domingo 21 de septiembre en El Tiempo una columna de opinión titulada “Perro, descertificado”.

En su escrito, atribuye directamente al gobierno de Gustavo Petro la descertificación en materia de lucha contra las drogas anunciada por Estados Unidos, y sostiene que narcotráfico, “paz total” y la permanencia del petrismo en el poder son tres expresiones de una misma estrategia política.

En la columna, Vargas Lleras afirma que la administración actual ha empoderado a las organizaciones narcotraficantes, cedido control sobre las zonas de cultivo de coca y suspendido mecanismos de cooperación judicial clave como la extradición.

Según su planteamiento, esta serie de decisiones derivó en un aumento sin precedentes de los cultivos ilícitos, que alcanzaron 300.000 hectáreas en 2025, equivalentes al 70 % del total mundial.

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A la par, la producción de cocaína se duplicó hasta llegar a 2.900 toneladas, la cifra más alta registrada en el país.

El exvicepresidente contrasta estas cifras con los resultados de su paso por el gobierno de Juan Manuel Santos, entre 2010 y 2012, cuando —según recuerda— los cultivos ilícitos se redujeron a 47.000 hectáreas gracias a la combinación de erradicación forzosa y aspersión aérea.

Critica que solo en semanas recientes, y ante la amenaza de descertificación, el presidente Petro haya considerado la reactivación de la aspersión, sin que —a su juicio— exista confianza en la voluntad real de su aplicación.

Vargas Lleras dedica parte de su análisis a lo que denomina la “farsa” de la “paz total”.

Sostiene que las negociaciones con distintos grupos armados ilegales han servido para brindar tiempo, reconocimiento y beneficios judiciales a sus integrantes.

Señala que en la actualidad existen más de 22.000 hombres en armas de diversas organizaciones en al menos 790 municipios del país.

Cita cifras que muestran un incremento del 141 % en la presencia de disidencias de las Farc, un aumento de 149 a 232 municipios con presencia del Eln y un fortalecimiento del Clan del Golfo en 392 municipios de 21 departamentos.

En cuanto a indicadores de violencia, destaca que los secuestros crecieron un 102 %, la extorsión en más del 40 %, y que más de 130.000 personas fueron desplazadas en 2024.

También cuestiona el manejo oficial de la tasa de homicidios y resalta el deterioro de la situación de seguridad en departamentos como Cauca, Huila, Arauca, Norte de Santander, Chocó y Caquetá.

Otro de los puntos centrales de su crítica es el debilitamiento de la Fuerza Pública. Asegura que el número de efectivos se ha reducido, la cúpula militar ha sido reemplazada repetidamente y las acciones ofensivas disminuyeron en un 40 %.

Adicionalmente, sostiene que cerca del 40 % de los 360 helicópteros de la Fuerza Pública se encuentran fuera de servicio, lo que habría limitado las capacidades operativas e inteligencia.

Este panorama se agrava, según él, con el anuncio del Gobierno de renunciar al apoyo militar de Estados Unidos, lo que interpreta como un gesto de desafío que podría deteriorar aún más la relación bilateral.

El dirigente político plantea además interrogantes sobre un supuesto “pacto de La Picota 2.0”, que —según sus palabras— se estaría gestando en cárceles del país y explicaría la suspensión de más de 120 órdenes de captura contra jefes criminales.

Entre estos menciona a “Calarcá” y “Andrey”, señalados de ataques contra la Fuerza Pública y homicidios de civiles.

Vargas Lleras advierte que incluso se pone en duda la ejecución de las 67 órdenes restantes.

El exvicepresidente concluye que todos los indicadores de seguridad han empeorado en estos tres años y que las medidas del Ejecutivo responden más a intereses políticos con miras a las elecciones de 2026 que a una verdadera estrategia de seguridad o de paz.

Para él, la política antidrogas, la “paz total” y la búsqueda de continuidad en el poder son parte de un mismo proyecto, que definió como riesgoso para la estabilidad del país.

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