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El país que recibe el presidente electo Abelardo de la Espriella
Inseguridad creciente, crisis de salud, déficit fiscal y expansión de grupos armados marcarán el inicio de su gobierno.
Colombia llega al cambio de gobierno con el mayor número de tutelas de su historia, una expansión territorial de organizaciones armadas ilegales, presiones sobre las finanzas públicas y un deterioro de varios indicadores de seguridad que serán algunos de los principales desafíos para la nueva administración.
La victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial marca el inicio de una nueva etapa política para Colombia. Sin embargo, el mandatario electo llegará a la Casa de Nariño en medio de uno de los contextos más complejos de las últimas décadas, caracterizado por el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales, el aumento de las presiones sobre el sistema de salud, dificultades fiscales y crecientes demandas ciudadanas por seguridad, empleo y acceso efectivo a servicios públicos.
Los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno trascienden la coyuntura política y abarcan problemas estructurales acumulados durante años, varios de los cuales mostraron señales de agravamiento en el último cuatrienio.
Un deterioro de la seguridad en amplias regiones del país
Uno de los retos más urgentes será la recuperación del control territorial del Estado.
Los informes de la Defensoría del Pueblo muestran que la presencia de grupos armados ilegales se expandió significativamente entre 2019 y 2024.
Mientras hace algunos años estas organizaciones concentraban sus actividades en corredores específicos del Pacífico, Catatumbo, Bajo Cauca, Arauca y la Amazonía, actualmente ejercen influencia sobre una extensión mucho mayor del territorio nacional.
Las zonas afectadas incluyen regiones estratégicas para el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, donde organizaciones como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo), Los Pachenca, Los Caparros y otras estructuras criminales mantienen disputas armadas o control social sobre comunidades enteras.
Los mapas elaborados por la Defensoría muestran cómo municipios considerados de vulnerabilidad extrema o alta se concentran en departamentos como Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Arauca, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Guainía, Vichada y Amazonas.
La expansión territorial de estas organizaciones ha coincidido con fenómenos como:
Incremento de la extorsión a comerciantes, transportadores y productores rurales. Aumento de secuestros con fines económicos.
Reclutamiento forzado de menores de edad. Desplazamiento masivo de comunidades. Confinamiento de poblaciones rurales.
Homicidios selectivos. Masacres. Control de economías ilegales. Ataques contra líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz.
Para expertos en seguridad, el principal desafío del nuevo gobierno consistirá en recuperar la capacidad operativa de las Fuerzas Militares y de Policía, fortalecer la inteligencia estratégica y aumentar la presencia institucional en territorios históricamente abandonados por el Estado.
Más territorio bajo influencia armada
Las cifras comparativas entre 2019 y 2024 muestran un crecimiento sustancial de las áreas con actividad de grupos armados ilegales.
Mientras en 2019 la influencia de estas estructuras se concentraba en regiones puntuales, para 2024 la presencia armada se había extendido a buena parte de la geografía nacional, especialmente en corredores estratégicos para el narcotráfico y las economías ilícitas.
La expansión coincide con el fortalecimiento financiero de estas organizaciones gracias a ingresos provenientes de cultivos ilícitos, minería ilegal, extorsión y tráfico de migrantes.
Diversos centros de análisis han advertido que Colombia enfrenta actualmente la coexistencia de múltiples conflictos regionales simultáneos, protagonizados por organizaciones con capacidad militar, financiera y territorial significativa.
La salud
La crisis de salud reflejada en las tutelas. Otro de los grandes desafíos que heredará la nueva administración es la situación del sistema de salud.
Las cifras de la Corte Constitucional muestran un crecimiento histórico de las acciones de tutela, especialmente aquellas relacionadas con la garantía del derecho fundamental a la salud.
Durante 2025 fueron radicadas 923.397 acciones de tutela en Colombia, la cifra más alta registrada desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.
La evolución resulta reveladora:
2021: 462.199 tutelas.
2022: 633.704.
2023: 742.920.
2024: 812.614.
2025: 923.397.
El incremento refleja una creciente judicialización de los derechos fundamentales y una mayor insatisfacción ciudadana frente a la respuesta institucional.
La salud fue nuevamente el derecho más reclamado por los colombianos.
Según la Corte Constitucional, las tutelas por salud aumentaron de 265.173 en 2024 a 312.567 en 2025.
Esto significa que en un solo año se presentaron 47.394 procesos adicionales relacionados con la prestación de servicios médicos, medicamentos, tratamientos especializados y acceso a procedimientos.
La cifra equivale a aproximadamente 34 tutelas en salud por cada 100 expedientes radicados en el país.
Niños y adolescentes: una alerta creciente
Las estadísticas judiciales muestran además un deterioro preocupante en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Durante 2025 se presentaron en promedio 97 tutelas diarias relacionadas con menores de edad. Entre 2022 y 2025 estas acciones crecieron un 90 %.
La Corte Constitucional reportó que ocho de cada diez tutelas relacionadas con menores estuvieron asociadas al derecho fundamental a la salud, lo que evidencia dificultades persistentes para garantizar atención médica oportuna y acceso a tratamientos.
Las diferencias regionales también reflejan profundas desigualdades.
Los departamentos con mayor número de tutelas en salud por cada 100 expedientes radicados fueron:
Amazonas: 72.
Arauca: 66.
San Andrés y Providencia: 63.
Caldas: 59.
Risaralda: 54.
Vaupés: 54.
En contraste, las menores tasas se registraron en:
Bogotá: 19.
Atlántico: 20.
La Guajira: 22.
Sucre: 24.
Magdalena: 26.
Bolívar: 26.
Estas cifras sugieren que las regiones más apartadas continúan enfrentando mayores dificultades para acceder a servicios médicos especializados y redes hospitalarias de alta complejidad.
Nueva EPS lidera las entidades más demandadas
La presión sobre el sistema también queda reflejada en las entidades más accionadas judicialmente.
La Nueva EPS concentró el 12,6 % de todas las tutelas radicadas durante 2025.
Le siguieron:
Secretarías de movilidad y tránsito: 10,1 %.
Juzgados: 4,8 %.
Sanitas EPS: 3,0 %.
Sura EPS: 2,8 %.
Unidad para las Víctimas: 2,7 %.
Salud Total EPS: 2,6 %.
Colpensiones: 2,3 %.
Savia Salud EPS: 1,8 %.
Famisanar EPS: 1,8 %.
Entre Nueva EPS y las secretarías de movilidad concentraron más del 20 % de todas las tutelas presentadas ante la Corte Constitucional.
Presiones fiscales y déficit de las finanzas públicas
A los desafíos de seguridad y salud se suma una situación fiscal compleja.
El nuevo gobierno asumirá con elevados niveles de endeudamiento público, presiones sobre el gasto estatal y un déficit fiscal que ha generado preocupación entre organismos multilaterales, calificadoras de riesgo y analistas económicos.
El crecimiento del gasto público durante los últimos años, sumado a menores ingresos tributarios de los proyectados y desaceleración económica en algunos sectores, ha incrementado las exigencias sobre las finanzas nacionales.
Los expertos advierten que el próximo gobierno deberá enfrentar simultáneamente:
Presiones para aumentar la inversión social.
Necesidad de financiar programas de seguridad.
Déficits acumulados en salud.
Pago de deuda pública.
Cumplimiento de compromisos pensionales.
Recuperación de la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.
El reto de reconstruir la confianza institucional
Además de los desafíos económicos y de seguridad, la nueva administración enfrentará una ciudadanía cada vez más crítica y exigente.
La combinación de expansión de grupos armados ilegales, incremento de la criminalidad organizada, crisis en el acceso a servicios de salud, récord histórico de tutelas, dificultades fiscales y desaceleración de algunos sectores económicos configura un escenario particularmente complejo para el inicio del nuevo mandato.
La magnitud de los problemas obligará al gobierno de Abelardo de la Espriella a tomar decisiones rápidas en materia de seguridad, sostenibilidad fiscal, fortalecimiento institucional y recuperación de servicios públicos esenciales.
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