El informe Bachelet de la ONU que reveló ejecuciones, torturas y detenciones arbitrarias bajo el régimen de Maduro

En la madrugada del 3 de enero de 2026, fuerzas militares estadounidenses capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación que también resultó en la aprehensión de su esposa, Cilia Flores.

Ambos fueron trasladados bajo custodia y enfrentarán cargos por narcotráfico, conspiración y violaciones a los derechos humanos, según confirmaron las autoridades judiciales de Estados Unidos.

La acción ha desencadenado una oleada de reacciones internacionales. Algunos gobiernos calificaron la operación como una intervención directa en asuntos internos de Venezuela, mientras que otros celebraron el fin de un régimen acusado de represión, corrupción y crímenes de lesa humanidad.

En este contexto, han resurgido las conclusiones del informe publicado en 2019 por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, liderada entonces por Michelle Bachelet.

El documento, elaborado tras una visita oficial a Venezuela y basado en entrevistas con más de 550 víctimas y testigos, expuso de forma detallada violaciones graves y persistentes cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado bajo la dirección del régimen de Maduro

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El informe señaló ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, represión contra opositores, uso excesivo de la fuerza, desapariciones forzadas, censura a los medios de comunicación, persecución de defensores de derechos humanos y una crisis estructural en servicios básicos como salud, alimentación, electricidad y acceso al agua.

Según Bachelet, existían motivos razonables para creer que muchas de las muertes registradas en supuestos enfrentamientos con cuerpos armados del Estado, particularmente con las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), constituían ejecuciones extrajudiciales, utilizadas como herramienta de control social.

En su evaluación, la Oficina del Alto Comisionado documentó al menos 38 casos de presuntas ejecuciones cometidas por fuerzas de seguridad entre mayo de 2019 y mayo de 2020, y reveló que 1.324 personas murieron en operaciones de seguridad solo en los primeros cinco meses de 2020.

Las víctimas, en su mayoría hombres jóvenes de zonas populares, fueron identificadas por Bachelet como parte de una política de criminalización de la pobreza y el disenso.

El informe también detalla cómo organismos como el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) realizaron detenciones ilegales y en muchos casos aplicaron tortura, desapariciones breves e incomunicación a detenidos, con patrones de violaciones al debido proceso y negación sistemática del acceso a defensa legal y a juicios justos.

A nivel económico, el documento concluyó que la gestión del régimen venezolano provocó el colapso de los servicios públicos, un aumento masivo de la pobreza, desnutrición generalizada y un sistema de salud devastado.

Bachelet documentó la muerte de más de 1.500 personas entre 2018 y 2019 debido a la falta de insumos hospitalarios y denunció que más de 3,7 millones de venezolanos estaban en estado de desnutrición severa.

También se registró una disminución significativa de la libertad de prensa, con el cierre de numerosos medios independientes y la persecución de periodistas, muchos de los cuales fueron detenidos arbitrariamente o forzados al exilio

El régimen de Nicolás Maduro respondió entonces con un rechazo categórico al informe de Bachelet, calificándolo de parcial y basado en “visiones sesgadas”.

No obstante, organismos internacionales y gobiernos de distintas regiones respaldaron sus hallazgos, y desde entonces, múltiples resoluciones han instado a investigar posibles crímenes de lesa humanidad.

Tras la captura de Maduro, las divisiones entre quienes consideran la operación militar como una violación a la soberanía venezolana y quienes la interpretan como una medida tardía pero necesaria para frenar los crímenes sistemáticos han marcado el debate.

Sectores del chavismo, así como algunos aliados internacionales del régimen depuesto, han calificado la intervención como “una agresión imperial”.

Mientras tanto, las víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos que desde hace años exigían justicia, han visto en esta acción un giro en la lucha contra la impunidad.

A lo largo de los últimos años, múltiples denuncias documentaron el uso del poder judicial como herramienta de represión, la militarización de la vida civil y el silenciamiento sistemático de la disidencia.

Estos elementos forman parte del contexto en que se desarrolló la reciente elección presidencial, ampliamente señalada por irregularidades, y que según observadores internacionales fue ganada por Edmundo González Urrutia, cuyo mandato no fue reconocido por el régimen depuesto.

Desde entonces, la crisis institucional y humanitaria se agravó, y millones de venezolanos continuaron abandonando el país en busca de protección internacional.

El informe de Bachelet —junto con investigaciones posteriores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU— ha servido como base para que tribunales internacionales y fiscales de distintos países abrieran investigaciones por crímenes de lesa humanidad.

La captura de Maduro, más allá de las controversias sobre su legalidad, pone en primer plano un sistema de represión denunciado durante más de una década y obliga a la comunidad internacional a replantear su rol en el proceso de transición que comienza.

Las estadísticas de la muerte del informe Bachelet

El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó un patrón sostenido y sistemático de violaciones al derecho a la vida en el marco de operativos de seguridad del Estado.

Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020, al menos 1.324 personas murieron violentamente durante operaciones de seguridad, según el análisis de fuentes abiertas realizado por la ONU.

De ese total, 432 muertes fueron atribuidas presuntamente a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), 366 al CICPC, 136 a la Guardia Nacional Bolivariana y 124 a cuerpos policiales del estado Zulia, concentrándose los mayores números en Zulia, Aragua, Bolívar y Lara.

El informe concluyó que existían motivos razonables para creer que muchas de estas muertes constituyeron ejecuciones extrajudiciales, particularmente contra hombres jóvenes de sectores populares, en un esquema que la ONU describió como control social mediante el uso letal de la fuerza estatal.

La Alta Comisionada también documentó casos específicos de ejecuciones extrajudiciales con patrones reiterados: allanamientos sin orden judicial, manipulación de escenas del crimen, colocación de armas para simular enfrentamientos y amenazas a familiares de las víctimas.

Entre mayo de 2019 y mayo de 2020, la ONU documentó 38 casos concretos de hombres jóvenes presuntamente ejecutados, de los cuales 23 fueron atribuidos directamente a las FAES.

Las víctimas pertenecían mayoritariamente a comunidades empobrecidas y algunas no tenían antecedentes penales, lo que reforzó la conclusión de que las muertes no respondían a enfrentamientos reales sino a operativos punitivos selectivos.

En materia de detenciones arbitrarias y privaciones ilegales de la libertad, el informe registró 110 personas procesadas penalmente por delitos como traición, rebelión, conspiración, terrorismo e intento de magnicidio durante el período analizado.

De ellas, 63 eran militares y 47 civiles. La ONU estableció que en la mayoría de los casos no existía orden judicial al momento de la detención, que se realizaron allanamientos ilegales y que muchas órdenes fueron emitidas con carácter retroactivo.

Los principales responsables identificados fueron la DGCIM y el SEBIN, aunque también participaron las FAES y la Guardia Nacional Bolivariana.

Uno de los hallazgos más graves del informe fue el uso sistemático de la desaparición forzada de corta duración.

La ONU documentó que casi todas las personas detenidas por la DGCIM permanecieron desaparecidas entre 7 y 40 días, sin que las autoridades informaran a familiares o abogados sobre su paradero.

Este período de incomunicación incrementó significativamente el riesgo de tortura y malos tratos. En varios casos, las personas fueron llevadas ante jueces únicamente después de semanas de aislamiento, en clara violación de las garantías judiciales básicas.

En cuanto a tortura y tratos crueles, el informe recogió numerosas denuncias de tortura física y psicológica, especialmente contra militares detenidos o exmilitares.

Las víctimas relataron asfixias, descargas eléctricas, golpes, posiciones de estrés, privación del sueño, amenazas contra familiares y aislamiento prolongado en celdas sin ventilación ni luz.

Según cifras oficiales entregadas al propio Alto Comisionado, el Ministerio Público abrió 361 investigaciones por tortura y 9.951 por malos tratos, con 26 condenas por tortura, lo que la ONU consideró insuficiente frente a la magnitud de los abusos documentados.

El informe también expuso condiciones de detención inhumanas en centros administrados por la DGCIM y el SEBIN, a los cuales la ONU no tuvo acceso directo pero sí recibió múltiples testimonios.

Se documentó hacinamiento extremo, celdas sin instalaciones sanitarias, luz artificial encendida permanentemente, uso deliberado del frío para causar sufrimiento, restricciones arbitrarias de visitas y negación sistemática de atención médica.

En centros penitenciarios formales, la ONU constató 1.328 casos de malnutrición en 2019, escasez de agua, falta de medicamentos y retrasos judiciales que mantenían a personas detenidas durante años sin sentencia.

En el plano de los derechos económicos y sociales, la Alta Comisionada concluyó que millones de venezolanos vieron vulnerado su derecho a un nivel de vida adecuado.

El informe señaló que el salario mínimo equivalía a apenas 2,33 dólares mensuales, cubriendo solo el 1,1 % de la canasta básica de alimentos, y que 59 % de los hogares no tenía ingresos suficientes para alimentarse.

Bachelet recordó que al menos 3,7 millones de personas se encontraban en estado de desnutrición y que entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 1.557 personas murieron por falta de insumos médicos en hospitales públicos, en una crisis que antecedía a las sanciones internacionales.

Finalmente, el informe documentó un deterioro profundo de la libertad de expresión y de prensa. La ONU registró cierres masivos de medios impresos, emisoras y canales de televisión, detenciones arbitrarias de periodistas, expulsión de corresponsales extranjeros y un clima de autocensura generalizada.

Durante el período analizado, al menos cuatro periodistas fueron detenidos arbitrariamente, otros siete quedaron sometidos a medidas cautelares restrictivas y decenas optaron por el exilio.

La Alta Comisionada concluyó que el Estado venezolano buscó imponer una hegemonía comunicacional para controlar el relato público y silenciar la denuncia de abusos.

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