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Duvalier Sánchez, el representante a la Cámara de la Alianza Verde que no deja trabajar a socorristas en terremoto
Ola de indignación en el país por el político que obstruye el trabajo de los rescatistas. Busca figuración pero el asunto generó el efecto contrario.
El representante a la Cámara Duvalier Sánchez llegó con un megáfono en mano a una de las zonas donde continuaban las labores de búsqueda y rescate en Cali y terminó en medio de una confrontación con integrantes de los organismos de socorro, que le solicitaron no interrumpir las operaciones y permitirles continuar trabajando.
La escena aumentó las críticas contra el congresista, señalado de trasladar la confrontación política hasta un punto en el que especialistas buscaban personas atrapadas entre los escombros tras el terremoto del pasado 10 de agosto.
Sánchez se dirigió con el megáfono a familiares, voluntarios y ciudadanos concentrados en el sector mientras los equipos especializados intentaban mantener el control operacional del lugar.
Tweet: https://twitter.com/melquisedec70/status/2088614394544501094?s=48&t=NI3W3BMsK5wuhSz-IwO4bA
Uno de los socorristas intervino, tomó posteriormente el megáfono y pidió tranquilidad para poder continuar con las labores.
El episodio convirtió un área destinada a la búsqueda de víctimas en escenario de reclamos y discusión, y reforzó los cuestionamientos contra el representante por su presencia constante en zonas afectadas y por la difusión de contenidos sobre la emergencia en sus redes sociales.
Durante los días posteriores al terremoto, Sánchez ha publicado recorridos, denuncias y cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades. Uno de los temas que más ha utilizado para criticar la respuesta institucional ha sido la demora en recibir equipos extranjeros de búsqueda y rescate.
El congresista promovió particularmente la participación de los denominados Topos Azteca de México y cuestionó las restricciones que encontraron algunos grupos internacionales para incorporarse a las operaciones.
En esos cuestionamientos, sin embargo, Sánchez omitió un elemento relevante de la cronología: la decisión inicial de no solicitar más brigadas internacionales fue recomendada por Javier Pava, quien permanecía al frente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y había llegado a esa entidad durante el gobierno de Gustavo Petro.
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Pava consideró en las primeras horas de la emergencia que Colombia disponía de capacidad técnica suficiente para responder con sus propios equipos especializados, entre ellos 23 grupos USAR entrenados para búsqueda y rescate urbano en estructuras colapsadas.
El criterio cambió posteriormente, cuando la nueva dirección de la UNGRD comenzó a aceptar apoyo internacional bajo los procedimientos establecidos para integrar brigadas extranjeras a la estructura de coordinación colombiana.
La recepción de estos equipos no depende únicamente de su disposición para viajar al país: los estándares de INSARAG, el sistema internacional de Naciones Unidas especializado en búsqueda y rescate urbano, establecen que los grupos deben articularse con las autoridades del Estado afectado, acreditar capacidades y operar dentro de una cadena de mando definida para evitar duplicidades y riesgos adicionales.
La controversia política ocurre en medio de una emergencia de grandes proporciones. El terremoto se registró a las 7:34 de la mañana del 10 de agosto de 2026, tuvo una magnitud de 7,4, epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad cercana a 103 kilómetros.
La afectación se concentró principalmente en el Pacífico colombiano, Valle del Cauca y el Eje Cafetero, con daños importantes en Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y distintos municipios del occidente del país.
Cinco días después del sismo, el balance nacional disponible registraba al menos 295 muertos, 3.935 heridos y 320 desaparecidos, además de más de 115.000 personas afectadas en 448 municipios de 15 departamentos.
Los reportes también daban cuenta de cerca de 14.500 viviendas destruidas, más de 81.000 averiadas y 66 edificios colapsados, además de daños en centros de salud, instituciones educativas, vías, sistemas de abastecimiento de agua y aeropuertos. Las operaciones de búsqueda permanecían activas en diferentes puntos ante la posibilidad de encontrar sobrevivientes.
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