Fiscalía reabre investigación por presunta violación grupal en Universidad de Cornell: siete estudiantes son señalados

La Fiscalía del condado de Tompkins, Nueva York, en Estados Unidos, reabrió la investigación por una presunta agresión sexual grupal ocurrida en 2024 en una fraternidad de la Universidad de Cornell, luego de que una estudiante presentara una demanda civil.

La mujer, cuya identidad se mantiene protegida, tenía 20 años, era estudiante de Cornell y miembro de una hermandad universitaria femenina cuando, según la denuncia, habría sido presionada para consumir ketamina, marihuana y alcohol durante una reunión en la casa de la fraternidad Chi Phi en octubre de 2024. 

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En ese estado, sostiene que fue agredida sexualmente por siete estudiantes. 

Tres semanas después, acudió a la policía del campus para informar del hecho.

De acuerdo con la información difundida, la institución cerró la fraternidad y suspendió temporalmente a los estudiantes implicados, varios de los cuales fueron posteriormente expulsados. Además, a los otros les habría puesto a escribir ensayos como sanción.

La investigación ya había sido revisada por la Fiscalía en 2024, pero en ese momento no se presentaron cargos. Van Houten explicó que la decisión se tomó con base en la información que recibió entonces sobre la declaración inicial de la estudiante ante la Policía de Cornell.

Según el fiscal, en la declaración inicial no se estableció la falta de consentimiento, por lo que el caso no avanzó en ese momento.

Ahora, la nueva demanda aportó detalles y elementos que llevaron a la Fiscalía a reconsiderar el caso.

El documento, de más de 100 páginas y presentado en septiembre de 2026, acusa a los siete estudiantes, a Cornell, a la fraternidad Chi Phi y a otras partes de responsabilidad por la presunta agresión y por no haber protegido a la estudiante.

El documento incluye capturas de pantalla como parte de las pruebas aportadas por la demandante. Según su contenido, durante el encuentro se habría utilizado un grupo de Snapchat para invitar presuntamente a otros miembros de la fraternidad a participar en el abuso.

Por estos hechos, la mujer reclama una compensación económica y sostiene que ha sufrido consecuencias emocionales y psicológicas derivadas de lo ocurrido.

El fiscal del distrito de Tompkins, Matthew Van Houten, anunció que su oficina volverá a examinar las pruebas y tiene previsto presentar el caso ante un gran jurado, que determinará si existen elementos suficientes para formular cargos penales

Por su parte, Kyle Kimball, vicepresidente de relaciones universitarias de Cornell, afirmó que la universidad miembro de la prestigiosa Ivy League respalda la decisión de reabrir la investigación.

Pero rechazó la afirmación, formulada en la demanda civil, de que se ofreció a los sospechosos la oportunidad de escribir ensayos para resarcir su conducta.

"Cualquier insinuación de que la universidad no impuso castigos contundentes a los implicados es falsa", dijo.

Según la universidad, realizó una investigación disciplinaria interna en 2024 en la que un panel de profesores y empleados capacitados escuchó pruebas durante varios días y dio tanto a la denunciante como a los acusados la oportunidad de declarar y presentar evidencia.

De igual manera, la institución se ha negado a precisar cuántos estudiantes fueron expulsados o suspendidos, alegando que la legislación federal de privacidad le impide divulgar información individual.

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