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Corte Constitucional defiende presunción de inocencia de Vladimir Fernández tras revelación de chats del caso UNGRD

Polémica por comunicado de la Corte Constitucional sobre el magistrado.

Vladimir Fernández habría coordinado presunta entrega
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mié, 30/09/2026 - 20:41 Créditos: Magistrado Vladimir Fernández. X @PizarroMariaJo

La Corte Constitucional se pronunció este miércoles 30 de septiembre de 2026 frente a los cuestionamientos que rodean al magistrado Vladimir Fernández Andrade por sus comunicaciones con Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y sostuvo que sus integrantes están amparados por la presunción de inocencia, deben responder ante las autoridades cuando sean requeridos y que las situaciones personales de un magistrado no comprometen la validez de las decisiones del tribunal.

El comunicado fue expedido después de las revelaciones periodísticas que han puesto bajo cuestionamiento la relación que Fernández mantuvo con López antes y después de posesionarse como magistrado de la Corte Constitucional, el 15 de diciembre de 2023, y de que se conocieran conversaciones incorporadas al expediente de la investigación por el entramado de corrupción de la UNGRD.

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Aunque el documento no menciona por su nombre a Fernández, la Corte señaló que se pronunciaba “en relación con las publicaciones recientes de diferentes medios de comunicación referidas a uno de sus integrantes”.

La corporación afirmó que sus magistrados están amparados por la presunción de inocencia y deberán entregar las explicaciones correspondientes ante las autoridades competentes si son requeridos.

“La Corte Constitucional está atenta a la actuación de las autoridades competentes y respetará en su integridad las determinaciones que conforme a su autonomía llegaren a adoptar”, señaló el tribunal.

La Corte también salió en defensa de la independencia de sus decisiones. Sostuvo que sus fallos son colegiados y que su validez “no se compromete por situaciones de carácter personal de sus integrantes”, pues son producto de procesos de deliberación jurídica dentro de la corporación.

Cerró el pronunciamiento asegurando que mantiene la independencia y la imparcialidad de sus decisiones.

El comunicado aparece en medio de una controversia que se intensificó después de las investigaciones publicadas por Cambio, medio al que corresponde el crédito por la revelación y reconstrucción de los chats relacionados con Fernández, Olmedo López y Sneyder Pinilla.

El material, según la publicación, procede de extracciones forenses incorporadas al expediente que está en poder de la Fiscalía General de la Nación.

Uno de los principales cuestionamientos se concentra en lo ocurrido el 9 de enero de 2024, cuando Fernández ya se desempeñaba como magistrado de la Corte Constitucional.

Según la reconstrucción de la revista ese día Sneyder Pinilla, entonces subdirector de la UNGRD, escribió a su pareja antes de viajar hacia Bogotá que debía ir a “entregar $”. Horas después se desplazó hasta un apartamento perteneciente a la abogada Irma Solangel Torres, persona cercana a Fernández y actual conjuez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

La secuencia de comunicaciones indica que Olmedo López preguntó a Fernández por el apartamento. El magistrado respondió con las indicaciones del inmueble: primer piso, apartamento 112, torre 2 y una referencia a “la señora Sol”. López transmitió posteriormente esos datos a Pinilla.

Según la investigación periodística, el certificado de tradición obtenido por el medio establece que el apartamento 112 de la torre 2 del conjunto Balcones de Pablo VI, en Bogotá, pertenece a Irma Solangel Torres.

La coincidencia temporal entre el mensaje de Pinilla sobre una entrega de dinero y su posterior llegada a ese apartamento es uno de los principales interrogantes planteados por la investigación periodística.

Sin embargo, los chats, por sí solos, no prueban que Fernández haya recibido dinero ni establecen el destinatario de una eventual entrega. Ese punto permanece como un asunto que requeriría esclarecimiento probatorio por parte de las autoridades competentes.

La controversia también se extiende a la relación previa entre Fernández y Olmedo López.  El medio reconstruyó conversaciones desde febrero de 2023, cuando Fernández era secretario jurídico de la Presidencia durante el gobierno de Gustavo Petro. Según esos registros, Fernández intervino en gestiones relacionadas con la llegada de López a cargos del Ejecutivo y mantuvo comunicaciones con él durante su permanencia al frente de la UNGRD.

Uno de esos episodios ocurrió en abril de 2023. Fernández le remitió a López el decreto mediante el cual había sido nombrado superintendente de Economía Solidaria. Cuando surgió la orden de revocar esa designación, las conversaciones muestran que ambos continuaron tratando el asunto. Posteriormente, López terminó llegando a la dirección de la UNGRD.

Los cuestionamientos aumentaron porque las conversaciones no terminaron cuando Fernández abandonó la Secretaría Jurídica de la Presidencia y asumió como magistrado.

Según los chats revelados por cuatro días después de su posesión en la Corte, el 19 de diciembre de 2023, López le remitió información sobre asuntos de la UNGRD.

Ese mismo día, tras una determinación de la Contraloría que podía afectar su continuidad en el cargo, López le consultó a Fernández qué debía hacer y mencionó la posibilidad de acudir a una tutela. Las conversaciones reconstruidas por el medio muestran que Fernández siguió interactuando con López sobre el asunto.

Otro mensaje que generó cuestionamientos fue enviado el 16 de enero de 2024. López informó a Fernández sobre decisiones relacionadas con hojas de vida y Planeación y el magistrado respondió: “Hermano. El PRE confía en ti”, seguido de “Mucho juicio”. Para entonces Fernández llevaba aproximadamente un mes ejerciendo como integrante de la Corte Constitucional.

Las comunicaciones conocidas también contienen referencias al entonces presidente Gustavo Petro. En distintos momentos aparecen expresiones como “el jefe”, “el señor presidente” y “el PRE”. El 7 de diciembre de 2023, Fernández escribió a López que ya le había contado “todo al jefe”.

Cinco días después le remitió la Resolución 3202 del Ministerio de Hacienda, relacionada con recursos por $700.000 millones destinados a la UNGRD.

Se advirtió expresamente que esas conversaciones no demuestran que Petro conociera las maniobras de corrupción que posteriormente fueron descubiertas en la entidad.

Otro punto objeto de cuestionamientos es que las conversaciones continuaron hasta febrero de 2024, cuando Fernández ya llevaba varios meses como magistrado.

La discusión pública se ha centrado así no solo en su relación personal con López, sino en establecer por qué continuó recibiendo información y participando en comunicaciones relacionadas con asuntos del Ejecutivo después de abandonar formalmente la Casa de Nariño.

Fernández ha negado cualquier participación irregular. Frente al episodio del apartamento de Irma Solangel Torres, su explicación ha sido que recomendó a López los servicios profesionales de la abogada.

La investigación sin embargo, sostiene que la relación y las reuniones entre Fernández y López fueron más amplias y que hubo encuentros anteriores en inmuebles de Torres.

Esa es una afirmación del medio basada en su reconstrucción de las extracciones forenses y no una conclusión judicial.
A la controversia se sumó la actuación de la Fiscalía. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, sostuvo que no encontró mérito para compulsar copias contra Fernández ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Según se evidenció el material estaba en poder del ente investigador desde 2024. El medio cuestionó que no se hubiera profundizado en esa línea y consultó a exfiscales que controvirtieron la explicación jurídica utilizada para no remitir el material.

El asunto ya trascendió el debate periodístico. Tras conocerse la primera investigación, fue presentada una denuncia contra Fernández ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, organismo competente para adelantar las actuaciones correspondientes respecto de magistrados de las altas cortes.

También fue radicada una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue la eventual participación de Irma Solangel Torres en los hechos descritos.

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