Disputa en el Congreso: Pacto Histórico busca la Segunda Vicepresidencia de la Cámara y se genera debate

En medio de la preparación para la elección de la mesa directiva de la Cámara de Representantes, surgió una controversia por la asignación de la Segunda Vicepresidencia, un cargo que, según lo dispuesto en el estatuto de la oposición, debe ser ocupado por un integrante de los partidos declarados en oposición al gobierno.

El representante por Antioquia Daniel Carvalho advirtió que el Pacto Histórico y el presidente Gustavo Petro estarían impulsando un acuerdo político para entregar esa dignidad a un congresista que no hace parte de la oposición formal, lo que, según su denuncia, contraviene la normativa vigente.

Carvalho señaló que, por derecho, la Segunda Vicepresidencia corresponde a un legislador de alguno de los partidos con estatus de oposición, entre los que se encuentran el Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Oxígeno.

El congresista, quien hace parte de este último movimiento, afirmó que le corresponde asumir la posición, pero que se ha promovido la postulación del representante Juan Manuel Cortés, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, para ocupar ese cargo, a pesar de que esa colectividad no se ha declarado en oposición al Ejecutivo.

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De acuerdo con la versión de Carvalho, Cortés ha actuado en varias ocasiones como aliado político del Partido Conservador y no ha mostrado un distanciamiento formal frente al gobierno, por lo que considera improcedente su inclusión en la lista de aspirantes a la vicepresidencia.

El representante afirmó que esta maniobra busca configurar una mesa directiva favorable al gobierno y dejar sin representación a partidos opositores como Oxígeno, afectando el equilibrio político que establece la ley.

La controversia también fue respaldada por el representante del Centro Democrático Juan Espinal, quien advirtió que esta situación implicaría un desconocimiento directo del estatuto de la oposición, aprobado en 2018 como resultado de los acuerdos de paz con las FARC firmados en 2016.

Esta normativa garantiza que los partidos y movimientos declarados en oposición tengan participación institucional en concejos municipales, asambleas departamentales y el Congreso, así como derechos a réplica en las alocuciones presidenciales.

Espinal recordó que, durante el gobierno de Iván Duque, Gustavo Petro se benefició de este estatuto en calidad de opositor y cuestionó que ahora se intente ignorar el alcance de la ley.

El representante uribista reiteró que la Liga de Gobernantes Anticorrupción, movimiento fundado por el fallecido excandidato presidencial Rodolfo Hernández, no es el mismo grupo significativo de ciudadanos que inscribió a la fórmula presidencial en 2022, lo que, según dijo, dificulta que sus actuales congresistas puedan acogerse automáticamente al estatuto de la oposición.

Además, insistió en que ni Cortés ni la representante Erika Sánchez se han declarado como opositores al Ejecutivo.

Ante esta situación, Espinal y Carvalho hicieron un llamado a la ciudadanía y a los organismos de control para que supervisen la elección de la mesa directiva de la Cámara, que definirá el presidente y dos vicepresidencias de la corporación para el próximo periodo legislativo.

Ambos congresistas advirtieron que un desconocimiento del estatuto podría sentar un precedente que afecte la participación de las minorías políticas en el poder legislativo.

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