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Despidos en Dapre: exfuncionarios denuncian arbitrariedad y contradicciones del Gobierno Petro
Fueron despedidos pese a orden presidencial de no desvincular personal.
En las últimas horas se materializó la desvinculación de aproximadamente treinta funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), en una jornada calificada por exfuncionarios como una decisión abrupta y contradictoria frente a los lineamientos previos expuestos por el propio jefe del Estado.
Entre los casos reportados se encuentra el de Luz Dari Rojas, trabajadora con más de dos décadas de antigüedad en la institución y a escasos meses de alcanzar su pensión.
La situación fue dada a conocer públicamente por Carolina Calderón, quien se desempeñaba como jefe de prensa del Dapre hasta la fecha de su desvinculación.
En Blu Radio, Calderón relató los hechos en los que, según ella, se prescindió de su cargo y el de decenas de colegas sin justificación formal, pese a compromisos expresos del presidente de la República para evitar despidos injustificados.
Calderón afirmó que el presidente Gustavo Petro, en una sesión ampliada del Consejo de Ministros realizada el 9 de enero, habría dado instrucciones específicas para evitar este tipo de terminaciones contractuales.
En esa reunión, según su testimonio, el mandatario leyó una circular en la que exhortaba a respetar la permanencia laboral de los funcionarios, sin discriminación por razones ideológicas ni por vínculos con administraciones anteriores. Sin embargo, las decisiones administrativas del DAPRE parecieron ir en contravía de esa directriz.
La exfuncionaria señaló que, incluso después de haber escuchado rumores sobre una posible salida de personal, recibió garantías verbales por parte de José Raúl Moreno, jefe de despacho del presidente, quien le pidió no dar crédito a versiones externas y aseguró que no sería retirada de su cargo.
Pese a ello, el viernes 26 de enero a las 5:00 p. m. le fue notificada la declaratoria de insubsistencia, mediante documento firmado por Nora Janet Mondragón Ortiz, quien actuaba como directora encargada de la entidad.
Uno de los casos que Calderón calificó como más sensibles es el de Luz Dari Rojas, quien acumulaba 25 años de trabajo en la institución y padecería de condiciones médicas preexistentes.
Rojas se encontraba a poco más de un año de cumplir los requisitos para acceder a su pensión.
La decisión de finalizar su vínculo laboral fue interpretada como un golpe a su trayectoria y estabilidad personal.
Calderón expresó que, por su antigüedad y dedicación, Rojas representaba la memoria institucional del DAPRE.
La exfuncionaria también se refirió a la atmósfera interna en la Casa de Nariño, que describió como un entorno de alta tensión e incertidumbre.
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Según sus declaraciones, esta situación impulsó la creación reciente de un sindicato por parte de trabajadores del Dapre, con el fin de procurar garantías colectivas ante lo que calificaron como medidas de presión y vulnerabilidad institucional.
La expresión utilizada por Calderón —“hay que andar con cuchillo en Palacio”— fue interpretada por ella misma como una metáfora de la necesidad de mantener la cautela ante decisiones imprevistas y contrarias a las comunicaciones internas previas.
Los despidos en el DAPRE se produjeron pocos días antes del inicio de la Ley de Garantías Electorales, lo que limita las posibilidades de reubicación en cargos públicos por parte de los funcionarios desvinculados.
Este marco normativo, vigente durante los periodos preelectorales, impide nuevas vinculaciones o contrataciones dentro del Estado, afectando especialmente a quienes fueron cesados sin mediar proceso disciplinario o evaluación de desempeño.
A la jornada de desvinculaciones en la Presidencia se suma un reporte paralelo sobre la salida de alrededor de 130 funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, en lo que parece configurar una dinámica de reestructuración más amplia dentro del Gobierno Nacional.
Hasta el momento, no se ha emitido una declaración oficial por parte del Dapre que explique los criterios adoptados para dichas decisiones ni se ha establecido un procedimiento de revisión para los casos de mayor complejidad, como el de trabajadores próximos a pensionarse o con afectaciones médicas.
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