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Denuncian a Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra
Wilson Ruiz, exfuncionario del gobierno de Iván Duque, presentó una denuncia ante la CPI en La Haya acusando al presidente de permitir el fortalecimiento de grupos criminales y abandonar a la población civil.

El exministro de Justicia Wilson Ruiz presentó este martes una denuncia formal contra el presidente Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos. En el documento, dirigido al fiscal general del organismo, Karim Khan, Ruiz acusa al mandatario colombiano de presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y responsabilidad penal por omisión.
El exfuncionario, quien también fue presidente del Consejo Superior de la Judicatura, sostiene que el presidente Petro “consolidó una estrategia militar y política para empoderar a los grupos terroristas que operan en Colombia”, y que su gobierno ha dejado “a su suerte a la población civil”, incluyendo campesinos, niños, adultos mayores y líderes sociales.
Ruiz argumenta que desde la llegada de Petro al poder el 7 de agosto de 2022, se implementó la política de “Paz Total”, acompañada de decretos que habrían otorgado beneficios a estructuras armadas ilegales, sin garantías de protección para las comunidades afectadas.
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Entre los puntos más polémicos de la denuncia se encuentra el llamado “Pacto de la Picota”, mediante el cual, según Ruiz, Juan Fernando Petro —hermano del presidente— habría negociado apoyos políticos con personas privadas de la libertad a cambio de beneficios, con el objetivo de favorecer la candidatura de Gustavo Petro en regiones controladas por estructuras criminales.
“El hermano del mandatario visitó cárceles con el propósito de buscar respaldo electoral, lo que habría influido en la obtención de más de un millón de votos en zonas como Cauca, Nariño, Chocó, Valle del Cauca y Norte de Antioquia”, sostiene la denuncia.
Argumentos jurídicos y respaldo en cifras oficiales
El exministro incluyó en su denuncia informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la ONU y Amnistía Internacional. Entre los datos presentados se destacan:
- 34 defensores de derechos humanos asesinados
- Más de 56.000 desplazados en 2024
- 14 masacres en lo corrido de 2025 con 44 víctimas
- 93 masacres en 2023 con más de 300 víctimas
También se hace referencia a crisis regionales como la del Catatumbo, que según Ruiz demuestran una “ausencia deliberada del Estado”.
A partir de estos hechos, Ruiz solicita que la CPI abra una investigación contra el presidente Petro, invocando los artículos 7 (crímenes de lesa humanidad), 8 (crímenes de guerra) y 28 (responsabilidad del superior jerárquico) del Estatuto de Roma.
La denuncia, que se suma a un contexto político polarizado, plantea una nueva controversia sobre los alcances y consecuencias de la política de paz del actual gobierno y el rol del Estado frente a las víctimas del conflicto armado interno. Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto.
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