Defensoría rechaza amenazas contra el registrador Hernán Penagos y la organización electoral

La Defensoría del Pueblo manifestó su respaldo al registrador nacional, Hernán Penagos, y rechazó las amenazas dirigidas contra él, funcionarios de la Registraduría Nacional y las instalaciones de la entidad, luego de que en las últimas semanas circularan mensajes intimidatorios desde cuentas anónimas en redes sociales.

Según el organismo, estas publicaciones se han difundido en medio de acusaciones de fraude electoral formuladas por fuera de los mecanismos institucionales establecidos, lo que, además de afectar la confianza en las instituciones democráticas, pone en riesgo a quienes participan en la organización de los procesos electorales.

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La entidad recordó que las críticas e inconformidades frente a los resultados o procedimientos electorales son válidas dentro de una democracia, pero insistió en que deben tramitarse de manera pacífica y a través de los canales previstos por la ley.

Asimismo, expresó preocupación por el aumento de la violencia en entornos digitales, al considerar que este tipo de mensajes puede afectar la integridad de las personas, deteriorar el debate público y escalar hacia formas más graves de violencia.

Por esto, la Defensoría solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar las actuaciones que correspondan frente a las amenazas y expresiones que, por no estar amparadas por la libertad de expresión, puedan constituir delitos. 

“En el marco de sus competencias, pedimos valorar la importancia de preservar la evidencia digital, establecer el origen de los contenidos e identificar a los posibles responsables”, dijo la entidad en un comunicado.

También pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar el nivel de riesgo del registrador nacional y de los funcionarios de la Registraduría para determinar y garantizar las medidas de protección que se requieran para preservar su seguridad.

De igual manera, instó a las plataformas digitales actuar frente a contenidos que constituyan amenazas o incitación a la violencia y a realizar las labores de moderación y retiro de publicaciones necesarias para contribuir a que los espacios digitales estén libres de violencias.

A las instituciones, sectores políticos y sociales los llamó a rechazar cualquier acto de violencia contra las autoridades electorales, promover espacios de diálogo para tramitar las controversias y asumir públicamente un compromiso con la no violencia.

“Quienes ejercen funciones públicas o cuentan con amplia visibilidad tienen una responsabilidad reforzada de contribuir al desescalamiento de los discursos que puedan aumentar los riesgos para las personas o debilitar la confianza en las instituciones democráticas”, afirmó la institución.

Finalmente, la Defensoría reiteró que continuará haciendo seguimiento a la situación.

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