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Contraloría alerta por irregularidades en el manejo del impuesto al turismo
La entidad detectó hallazgos fiscales por $28.310 millones y graves deficiencias en la ejecución de proyectos financiados con este tributo.
La Contraloría General de la República encendió las alarmas sobre el manejo del impuesto nacional destinado al turismo, luego de identificar incumplimientos generalizados en su recaudo, administración y ejecución. Según la auditoría, los hallazgos fiscales ascienden a $28.310 millones, concentrados principalmente en la vigencia 2023 y en la presentación extemporánea de declaraciones del tributo.
El mayor impacto fiscal se relaciona con el proyecto de embarcaderos fluviales financiado por el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) en 81 municipios del país. De los 88 módulos contratados, aunque la fabricación estaba concluida en un 100 %, solo cinco habían sido instalados y entregados en funcionamiento, generando una presunta incidencia fiscal por $23.006 millones.
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La Contraloría señaló fallas graves en planeación, supervisión y gestión contractual, lo que compromete la eficiencia del gasto público y la finalidad social del impuesto al turismo.
Adicionalmente, se detectó que las declaraciones del Impuesto Nacional al Turismo correspondientes a 2021 y 2022 fueron presentadas de manera extemporánea, con una presunta incidencia fiscal de $5.303 millones. La auditoría también cuestiona la actuación de la DIAN, Fontur y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por no ejercer de manera efectiva sus funciones de control y fiscalización sobre los recursos.
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La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo del impuesto nacional con destino al turismo, tras identificar incumplimientos graves y generalizados en su recaudo, administración y ejecución. Así lo concluyó una Auditoría, cuyos resultados advierten hallazgos fiscales por $28.310 millones, correspondientes principalmente a recursos de la vigencia 2023 y a la presentación extemporánea de declaraciones del tributo.
El mayor impacto fiscal detectado por el ente de control se concentra en la planeación y gestión contractual del proyecto de embarcaderos fluviales, financiado con recursos del impuesto al turismo y ejecutado por el Fondo Nacional de Turismo, Fontur, en 81 municipios del país. De acuerdo con la Contraloría, este proyecto presenta una presunta incidencia fiscal por $23.006 millones, además de posibles faltas disciplinarias asociadas a deficiencias en la ejecución.
Según el informe, el contrato corresponde a la vigencia fiscal 2023.El plazo contractual inicial fue de 20 meses, con fecha prevista de terminación para el 25 de agosto de 2025. La meta establecida contemplaba la instalación de 88 embarcaderos fluviales en distintas regiones del país como parte de una estrategia para fortalecer la conectividad y el desarrollo turístico.
No obstante, a la fecha de corte de la auditoría, la Contraloría
evidenció una marcada brecha entre la ejecución financiera y el avance
físico del proyecto. Aunque la fabricación de los 88 módulos de
embarcaderos estaba concluida en un 100 %, solo cinco habían sido
instalados y entregados en funcionamiento. Estos se localizan en Puerto
Wilches, en Santander; María La Baja, en Bolívar; y en los municipios
de Cerro de San Antonio, Plato y San Sebastián de Buenavista, en el
departamento del Magdalena.
Para el organismo de control, esta diferencia entre los recursos ejecutados y los resultados concretos refleja fallas graves de planeación, supervisión y gestión contractual, que comprometen la eficiencia del gasto público y la finalidad social del impuesto al turismo.
Otro hallazgo relevante identificado en la auditoría está relacionado con la presentación extemporánea de la declaración del Impuesto Nacional al Turismo correspondiente a los años 2021 y 2022. La Contraloría estableció que estas irregularidades tendrían una presunta incidencia fiscal por $5.303 millones y podrían acarrear responsabilidades disciplinarias. En este punto, el informe señala fallas en los mecanismos de control que debían ejercer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), FONTUR y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).
El ente de control también cuestiona de manera directa el papel de la DIAN, al advertir que no ejerció de forma efectiva sus facultades legales de administración, fiscalización y control tributario.
La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo del impuesto nacional con destino al turismo, tras identificar incumplimientos graves y generalizados en su recaudo, administración y ejecución. Así lo concluyó una Auditoría, cuyos resultados advierten hallazgos fiscales por $28.310 millones, correspondientes principalmente a recursos de la vigencia 2023 y a la presentación extemporánea de declaraciones del tributo.
El mayor impacto fiscal detectado por el ente de control se concentra en la planeación y gestión contractual del proyecto de embarcaderos fluviales, financiado con recursos del impuesto al turismo y ejecutado por el Fondo Nacional de Turismo, Fontur, en 81 municipios del país. De acuerdo con la Contraloría, este proyecto presenta una presunta incidencia fiscal por $23.006 millones, además de posibles faltas disciplinarias asociadas a deficiencias en la ejecución.
Según el informe, el contrato corresponde a la vigencia fiscal 2023.El plazo contractual inicial fue de 20 meses, con fecha prevista de terminación para el 25 de agosto de 2025. La meta establecida contemplaba la instalación de 88 embarcaderos fluviales en distintas regiones del país como parte de una estrategia para fortalecer la conectividad y el desarrollo turístico.
No obstante, a la fecha de corte de la auditoría, la Contraloría
evidenció una marcada brecha entre la ejecución financiera y el avance
físico del proyecto. Aunque la fabricación de los 88 módulos de
embarcaderos estaba concluida en un 100 %, solo cinco habían sido
instalados y entregados en funcionamiento. Estos se localizan en Puerto
Wilches, en Santander; María La Baja, en Bolívar; y en los municipios
de Cerro de San Antonio, Plato y San Sebastián de Buenavista, en el
departamento del Magdalena.
Para el organismo de control, esta diferencia entre los recursos ejecutados y los resultados concretos refleja fallas graves de planeación, supervisión y gestión contractual, que comprometen la eficiencia del gasto público y la finalidad social del impuesto al turismo.
Otro hallazgo relevante identificado en la auditoría está relacionado con la presentación extemporánea de la declaración del Impuesto Nacional al Turismo correspondiente a los años 2021 y 2022. La Contraloría estableció que estas irregularidades tendrían una presunta incidencia fiscal por $5.303 millones y podrían acarrear responsabilidades disciplinarias. En este punto, el informe señala fallas en los mecanismos de control que debían ejercer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), FONTUR y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).
El ente de control también cuestiona de manera directa el papel de la DIAN, al advertir que no ejerció de forma efectiva sus facultades legales de administración, fiscalización y control tributario.
La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo del impuesto nacional con destino al turismo, tras identificar incumplimientos graves y generalizados en su recaudo, administración y ejecución. Así lo concluyó una Auditoría, cuyos resultados advierten hallazgos fiscales por $28.310 millones, correspondientes principalmente a recursos de la vigencia 2023 y a la presentación extemporánea de declaraciones del tributo.
El mayor impacto fiscal detectado por el ente de control se concentra en la planeación y gestión contractual del proyecto de embarcaderos fluviales, financiado con recursos del impuesto al turismo y ejecutado por el Fondo Nacional de Turismo, Fontur, en 81 municipios del país. De acuerdo con la Contraloría, este proyecto presenta una presunta incidencia fiscal por $23.006 millones, además de posibles faltas disciplinarias asociadas a deficiencias en la ejecución.
Según el informe, el contrato corresponde a la vigencia fiscal 2023.El plazo contractual inicial fue de 20 meses, con fecha prevista de terminación para el 25 de agosto de 2025. La meta establecida contemplaba la instalación de 88 embarcaderos fluviales en distintas regiones del país como parte de una estrategia para fortalecer la conectividad y el desarrollo turístico.
No obstante, a la fecha de corte de la auditoría, la Contraloría
evidenció una marcada brecha entre la ejecución financiera y el avance
físico del proyecto. Aunque la fabricación de los 88 módulos de
embarcaderos estaba concluida en un 100 %, solo cinco habían sido
instalados y entregados en funcionamiento. Estos se localizan en Puerto
Wilches, en Santander; María La Baja, en Bolívar; y en los municipios
de Cerro de San Antonio, Plato y San Sebastián de Buenavista, en el
departamento del Magdalena.
Para el organismo de control, esta diferencia entre los recursos ejecutados y los resultados concretos refleja fallas graves de planeación, supervisión y gestión contractual, que comprometen la eficiencia del gasto público y la finalidad social del impuesto al turismo.
Otro hallazgo relevante identificado en la auditoría está relacionado con la presentación extemporánea de la declaración del Impuesto Nacional al Turismo correspondiente a los años 2021 y 2022. La Contraloría estableció que estas irregularidades tendrían una presunta incidencia fiscal por $5.303 millones y podrían acarrear responsabilidades disciplinarias. En este punto, el informe señala fallas en los mecanismos de control que debían ejercer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), FONTUR y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).
El ente de control también cuestiona de manera directa el papel de la DIAN, al advertir que no ejerció de forma efectiva sus facultades legales de administración, fiscalización y control tributario.
La Contraloría General de la República encendió las alertas sobre el manejo del impuesto nacional con destino al turismo, tras identificar incumplimientos graves y generalizados en su recaudo, administración y ejecución. Así lo concluyó una Auditoría, cuyos resultados advierten hallazgos fiscales por $28.310 millones, correspondientes principalmente a recursos de la vigencia 2023 y a la presentación extemporánea de declaraciones del tributo.
El mayor impacto fiscal detectado por el ente de control se concentra en la planeación y gestión contractual del proyecto de embarcaderos fluviales, financiado con recursos del impuesto al turismo y ejecutado por el Fondo Nacional de Turismo, Fontur, en 81 municipios del país. De acuerdo con la Contraloría, este proyecto presenta una presunta incidencia fiscal por $23.006 millones, además de posibles faltas disciplinarias asociadas a deficiencias en la ejecución.
Según el informe, el contrato corresponde a la vigencia fiscal 2023.El plazo contractual inicial fue de 20 meses, con fecha prevista de terminación para el 25 de agosto de 2025. La meta establecida contemplaba la instalación de 88 embarcaderos fluviales en distintas regiones del país como parte de una estrategia para fortalecer la conectividad y el desarrollo turístico.
No obstante, a la fecha de corte de la auditoría, la Contraloría evidenció una marcada brecha entre la ejecución financiera y el avance físico del proyecto. Aunque la fabricación de los 88 módulos de embarcaderos estaba concluida en un 100 %, solo cinco habían sido instalados y entregados en funcionamiento. Estos se localizan en Puerto Wilches, en Santander; María La Baja, en Bolívar; y en los municipios de Cerro de San Antonio, Plato y San Sebastián de Buenavista, en el departamento del Magdalena.
Para el organismo de control, esta diferencia entre los recursos ejecutados y los resultados concretos refleja fallas graves de planeación, supervisión y gestión contractual, que comprometen la eficiencia del gasto público y la finalidad social del impuesto al turismo.
Otro hallazgo relevante identificado en la auditoría está relacionado con la presentación extemporánea de la declaración del Impuesto Nacional al Turismo correspondiente a los años 2021 y 2022. La Contraloría estableció que estas irregularidades tendrían una presunta incidencia fiscal por $5.303 millones y podrían acarrear responsabilidades disciplinarias. En este punto, el informe señala fallas en los mecanismos de control que debían ejercer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), FONTUR y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).
El ente de control también cuestiona de manera directa el papel de la DIAN, al advertir que no ejerció de forma efectiva sus facultades legales de administración, fiscalización y control tributario.
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