Escándalo Ungrd: Consejo de Estado estudia pérdida de investidura de congresistas

El Consejo de Estado admitió para estudio una demanda de pérdida de investidura contra varios congresistas que integran la comisión interparlamentaria de crédito público, en el marco de las investigaciones por el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La acción judicial busca establecer si los parlamentarios incurrieron en tráfico de influencias y violación del régimen de incompatibilidades, conductas que podrían derivar en la pérdida de sus curules si así lo determina el alto tribunal. Los hechos estarían relacionados con la presunta gestión irregular de contratos, cargos y recursos públicos destinados a la atención de emergencias y desastres.

Entre los congresistas mencionados en la demanda figuran los senadores Martha Peralta, Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, así como los representantes a la Cámara Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Loreto Gómez.

Según el abogado Pablo Bustos, representante de la Red de Veedurías Ciudadanas, los legisladores habrían condicionado su respaldo a iniciativas clave del Gobierno nacional —incluidas operaciones de crédito público y reformas legislativas— a cambio de beneficios burocráticos y contractuales en la Ungrd.

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Las acusaciones se sustentan, en parte, en declaraciones rendidas ante la Fiscalía por Olmedo López, exdirector de la entidad, y Sneyder Pinilla, exsubdirector, quienes han señalado la existencia de presuntos acuerdos para la adjudicación de contratos por altas sumas en distintas regiones del país. Ambos exfuncionarios avanzan en procesos judiciales que incluyen principios de oportunidad y eventuales preacuerdos.

El expediente también advierte que varios de los congresistas señalados ya enfrentan investigaciones en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por presunto cohecho impropio, lo que refuerza la gravedad de los señalamientos.

Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado dará inicio a la etapa probatoria, en la que se practicarán diligencias y se evaluarán las pruebas para determinar si se configuran las causales que ameriten la pérdida de investidura. La Red de Veedurías insistió en la necesidad de adoptar medidas ejemplares para garantizar la transparencia y la legalidad en el ejercicio de la función pública.

El caso de la Ungrd también ha salpicado a altos exfuncionarios del Gobierno. El pasado 29 de enero de 2026, la Corte Suprema formalizó la acusación contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia, por presuntos delitos de cohecho, peculado agravado y lavado de activos. Según la Fiscalía, González habría ordenado pagos millonarios a excongresistas con recursos provenientes de contratos para la compra de carrotanques destinados a comunidades vulnerables de La Guajira, los cuales terminaron sin cumplir su propósito.

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