Consejo de Estado respondió al presidente Gustavo Petro y defendió la separación de poderes

El Consejo de Estado emitió un duro comunicado institucional en respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro contra esa corporación judicial, luego de la suspensión provisional del decreto que reglamentaba el traslado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones.

En el documento divulgado el 12 de mayo de 2026, el alto tribunal cuestionó el tono utilizado por el mandatario y advirtió sobre las consecuencias que pueden generar los señalamientos desde el poder Ejecutivo contra las decisiones de los jueces de la República.

La reacción del Consejo de Estado se produjo después de que Petro acusara a la corporación de actuar contra los trabajadores y calificara la suspensión del Decreto 415 de 2026 como un supuesto “golpe de Estado contra el pueblo constituyente y soberano”.

Frente a ello, el Consejo de Estado afirmó que las declaraciones presidenciales “requieren y exigen una respuesta institucional oportuna, clara y contundente”.

En uno de los apartes centrales del pronunciamiento, la corporación señaló que “el tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido”, y aseguró que, por el contrario, la situación obliga a recordar “la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes”.

El alto tribunal manifestó preocupación por los señalamientos realizados tanto por el presidente como por integrantes del Gobierno nacional y aseguró que las decisiones judiciales están siendo descontextualizadas.

“Inquietan las manifestaciones del Presidente de la República y de otras cabezas del sector ejecutivo. La desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales deterioran la confianza institucional y debilitan el Estado de Derecho”, indicó el comunicado.

La corporación también advirtió que este tipo de discursos terminan convirtiéndose en ataques contra los funcionarios judiciales encargados de tomar decisiones.

Según el Consejo de Estado, esos señalamientos “se traducen en hostigamientos contra quienes asumen, cada día, la responsabilidad de juzgar”.

En otro de los apartes más contundentes del documento, el tribunal sostuvo que la libertad de expresión no puede utilizarse para desacreditar a las instituciones ni poner en riesgo la seguridad de los jueces.

“La libertad de expresión, cuyo ejercicio garantiza nuestro ordenamiento y protegemos los jueces de la República, no puede ser invocada para edificar mensajes que privilegian el impacto”, afirmó la corporación.

Asimismo, advirtió que este tipo de mensajes “no solo ponen en peligro la integridad institucional, sino que amenazan la integridad física de las personas que, al tomar decisiones con fundamento en el ordenamiento jurídico, se les pretende judicializar y se les califica como transgresoras de ese mismo ordenamiento que defienden”.

El Consejo de Estado defendió además el papel del control judicial sobre las actuaciones del Ejecutivo y recordó que ese mecanismo forma parte esencial del sistema democrático colombiano.

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“El control judicial de los actos del poder ejecutivo no es un obstáculo para la democracia, es una de sus principales garantías”, señaló.

La corporación enfatizó que su existencia y legitimidad provienen directamente de la Constitución Política y del poder constituyente que, según afirmó, el propio presidente invoca en sus declaraciones públicas.

“La existencia, competencias y legitimidad del Consejo de Estado se derivan de la misma Constitución Política, esto es, provienen directamente de la voluntad del poder constituyente que hoy se invoca”, agregó el documento.

El pronunciamiento también hizo referencia a la necesidad de fortalecer los controles institucionales frente al ejercicio del poder.

“Cuando los poderes se controlan, incomoda, pero la lucha contra las inmunidades del poder no puede cesar. A poderes mayores, mayores controles; a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos”, indicó la corporación.

La controversia entre el Gobierno y el Consejo de Estado surgió luego de que la Sección Segunda de esa corporación suspendiera provisionalmente el Decreto 415 de 2026, expedido por el Gobierno Petro para reglamentar el traslado de recursos pensionales de afiliados que decidieron pasar desde las AFP hacia Colpensiones.

La decisión judicial frenó el traslado de cerca de 25 billones de pesos correspondientes a más de 120.000 afiliados y profundizó el choque institucional entre el Ejecutivo y las altas cortes en medio de la implementación de la reforma pensional.

Mientras el Gobierno sostiene que la suspensión afecta el pago de pensiones y favorece a los fondos privados, sectores jurídicos y políticos han defendido la actuación del Consejo de Estado argumentando que el control judicial sobre los decretos del Ejecutivo hace parte del equilibrio de poderes establecido en la Constitución.

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