Presidente Petro arremete contra las AFP tras decisión del Consejo de Estado y Asofondos responde

El enfrentamiento entre el Gobierno nacional y los fondos privados de pensiones escaló este martes luego de que el presidente Gustavo Petro cuestionara con dureza la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 415 de 2026, norma con la que el Ejecutivo buscaba reglamentar el traslado de recursos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones.

La medida judicial frenó el traslado de cerca de 25 billones de pesos correspondientes a más de 120.000 afiliados que se acogieron a la denominada “ventana de traslado” contemplada en la reforma pensional aprobada en 2024.

Tras conocerse la decisión, el presidente Petro aseguró que el Consejo de Estado estaba afectando el derecho a la pensión de los trabajadores y lanzó fuertes cuestionamientos contra el alto tribunal y los fondos privados.

“El Consejo de Estado acaba con el derecho a la pensión y eso no debe ser permitido por el pueblo trabajador”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El jefe de Estado afirmó además que la decisión judicial favorece a los grupos económicos propietarios de las AFP y señaló que impedir el traslado de recursos a Colpensiones permitiría que los fondos privados continúen administrando dineros que, según el Gobierno, deberían pasar al régimen público.

“El Consejo de Estado no puede pretender, por salvar a los dos banqueros dominantes de este país, Luis Carlos Sarmiento y el grupo empresarial antioqueño, dueños de Bancolombia y su fondo privado de pensiones, que se estafe al pueblo trabajador”, expresó Petro.

La respuesta de Asofondos no tardó en llegar. Andrés Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, defendió el manejo que las AFP hacen de los ahorros de los trabajadores y aseguró que existe una estricta vigilancia estatal sobre cada inversión realizada con esos recursos.

“Nosotros cumplimos una reglamentación estricta sobre el manejo de esos recursos. No podemos sino invertirlos en donde la reglamentación permite y periódicamente, todos los meses, nosotros tenemos que reportar toda la información de hasta dónde está el último centavo de estos recursos, no solamente de estos veinticinco billones, sino de los quinientos cuarenta billones de pesos que administramos de los colombianos”, afirmó Velasco en entrevista con el Canal 1.

El dirigente gremial explicó que las AFP están obligadas a reportar permanentemente sus movimientos ante la Superintendencia Financiera y recordó que la información sobre la composición de las inversiones y su rentabilidad es pública.

“Cualquier persona puede meterse a la página web de la Superfinanciera y ver cómo están invertidos estos recursos y cómo están generando rentabilidades constantemente”, agregó.

Velasco sostuvo además que el sistema cuenta con mecanismos regulatorios para proteger el ahorro de los afiliados, entre ellos metas mínimas de rentabilidad y reservas de estabilización financiadas con patrimonio de los propios fondos privados.

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“No debe haber ninguna duda. En los treinta años que los fondos privados han administrado estos recursos, no se ha perdido un centavo y este no va a ser el inicio de eso”, señaló.

La controversia se originó por el Decreto 415 expedido por el Gobierno nacional el pasado 20 de abril, mediante el cual se establecieron plazos para que las AFP trasladaran a Colpensiones los recursos de afiliados que decidieron cambiarse del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media.

Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que el Ejecutivo habría excedido su potestad reglamentaria al modificar aspectos sustanciales definidos previamente por la Ley 2381 de 2024, relacionada con la reforma pensional.

La corporación judicial advirtió además que los tiempos establecidos para ejecutar el traslado de los recursos —de 10, 15 y hasta 20 días— podían generar efectos irreversibles antes de que existiera una decisión de fondo sobre la legalidad del decreto.

El fallo suspendió inicialmente el traslado de cerca de 20 billones de pesos correspondientes a afiliados que aún no consolidaban su derecho pensional y posteriormente extendió la suspensión a los 5 billones restantes relacionados con personas ya pensionadas.

Desde el Gobierno, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que la decisión judicial pone en riesgo el pago de pensiones a miles de colombianos y acusó a las AFP de no trasladar recursos que, según el Ejecutivo, ya deberían estar en Colpensiones.

“Los señores de los fondos privados quieren mantener los recursos que no son suyos en su portafolio de inversiones afuera del país, en vez de trasladarlos”, afirmó Sanguino.

El funcionario también pidió a Asofondos asumir responsabilidades frente al retraso en el traslado de los recursos y rechazó las críticas lanzadas por el gremio hacia Colpensiones.

Por su parte, los ministerios de Hacienda y Trabajo manifestaron en un comunicado conjunto su preocupación por la decisión del Consejo de Estado y señalaron que impedir el traslado de los recursos afecta la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

El Gobierno considera que no resulta financieramente sostenible ni jurídicamente exigible a Colpensiones el pago de obligaciones de una persona cuyos recursos permanecen atrapados en una administradora privada”, indicaron las carteras.

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