Colombia descarta la ayuda humanitaria de Estados Unidos por las inundaciones en Córdoba

El Gobierno colombiano rechazó la asistencia humanitaria ofrecida por Estados Unidos para atender la crisis derivada de las inundaciones que golpean a Córdoba y otras regiones del país. La Cancillería argumentó que la emergencia no supera las capacidades internas de respuesta del Estado y que, por tanto, no está técnicamente justificado activar un llamamiento internacional.

El ofrecimiento de Washington llegó a través del Departamento de Estado, que anunció públicamente su apoyo ante las "fuertes lluvias que han afectado a más de 250.000 familias en Colombia y dañado alrededor de 72.000 viviendas". Sin embargo, el ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), fue enfático en su respuesta: no existe justificación técnica para emitir un llamamiento internacional ni para formular una solicitud de asistencia humanitaria externa en este momento.

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En su pronunciamiento oficial, la Cancillería explicó que el llamamiento internacional "es un instrumento técnico, subsidiario y excepcional" que "procede únicamente cuando las capacidades nacionales han sido materialmente superadas", y aclaró que ese no es el caso actual. Activarlo sin que exista un desbordamiento real de capacidades, sostuvo la cartera, "contravendría el marco normativo vigente y los protocolos establecidos", además de comprometer el principio de soberanía nacional.

El Gobierno precisó que la respuesta institucional está activa desde el primer día de la emergencia. El ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Cooperación Internacional, tiene asiento permanente en el Puesto de Mando Unificado Nacional, desde donde gestiona apoyos técnicos y asesoría especializada para la Ungrd. 

Además, se mantiene coordinación activa con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (Ocha), con disposición para activar mecanismos internacionales si la evolución de la situación así lo requiere y media una recomendación técnica formal.

En paralelo, el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo recomendó la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica, medida que el presidente Gustavo Petro adoptó por un término de 30 días. El objetivo es agilizar recursos, garantizar seguridad jurídica y fortalecer la respuesta frente a las consecuencias económicas, sociales y ambientales de la emergencia.

La Cancillería dejó abierta la puerta a un escenario distinto: si la situación se agrava y hay recomendación técnica formal de la autoridad competente, Colombia procederá conforme a los mecanismos internacionales previstos. Por ahora, el Estado colombiano responde con sus propias capacidades y con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo plenamente activo.

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