Cinco magistrados de la JEP fueron denunciados ante la Comisión de Acusación por haber "cobrado sueldo sin trabajar"

Cinco magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) fueron denunciados penal y disciplinariamente ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por, presuntamente, haber devengado sueldo sin trabajar por alrededor de siete años.

La acción judicial se presentó contra los magistrados Rodolfo Arango Rivadeneira, Eduardo Cifuentes, Sandra Gamboa, Patricia Linares y Danilo Rojas, que hacen parte de la Sala de Apelación de la JEP y que solo tuvieron procesos a su cargo desde el 2025, pese a la jurisdicción nació en el 2018.

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La demanda solicita que se investigue a estos funcionarios por la supuesta comisión de los delitos de peculado por apropiación, prevaricato y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto.

"A pesar de que sabían que el primer caso para fallo apelado les llegaría dentro de varios años, y de hecho no les llegó sino a finales de 2025, o sea más de siete años más tarde, nada les impidió a esos cinco magistrados cruzarse de brazos mientras tanto, viajar por el país y el exterior y dotarse desde el principio de una costosísima planta de cargos de 11 personas adicionales, como consta en el Acuerdo AOG 020 de 2024 de la JEP, a saber: 3 magistrados auxiliares, 5 profesionales grado 33, 1 sustanciador nominado, 1 auxiliar judicial y 1 conductor", señala la denuncia.

El documento también advierte que "a sabiendas de que no tendrían trabajo por muchos años, los magistrados se abstuvieron de apoyar otras Secciones o Salas y además los dotaron (y no rechazaron) de una planta de cargos de 11 personas. Los cinco magistrados se cruzaron de brazos años enteros sin trabajar, muy orondos, cobrando el sueldo sin pudor alguno, sin pena, sin vergüenza".

De igual manera, aclara que el caso de los 11 dependientes de sus despachos es diferente, ya que esos funcionarios sí fueron rotados a otras salas en el marco de la política de "movilidad", para apoyar en diferentes procesos.

Según el denunciante, la Sala de Apelación comenzó a trabajar oficialmente a finales del 2025, luego de que el 15 de septiembre y el 18 de septiembre de ese mismo año se emitieran las sentencias en primera instancia del macrocaso 01 sobre las Farc y el macrocaso 03 de los falsos positivos.

"Viendo que no tenían nada qué hacer, salvo cobrar el sueldo, esos cinco magistrados, para 'matar el tiempo', integraron distintas comisiones internas de orden administrativo. También expidieron ‘sentencias interpretativas’ que llamaron ‘Senit’, que técnicamente no son ‘sentencias’, pues no resuelven apelaciones de fallos de primera instancia, sino que son simples documentos de ‘doctrina probable’ al interior de las Salas y Secciones de la JEP. Hasta el momento van apenas nueve sentencias Senit, que entre cinco magistrados se han podido proferir en un término máximo de tres meses", afirma la denuncia.

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