Condenan a 28 años de prisión a dos hermanos por secuestro y paseo millonario de Diana Ospina en Bogotá

Los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo fueron condenados a 28 años y seis meses de prisión cada uno por su participación en el secuestro extorsivo y hurto de Diana Ospina, ocurrido el 22 de febrero de 2026 en Bogotá, cuando la mujer regresaba a su vivienda después de salir de una discoteca en la localidad de Chapinero.

La decisión judicial, anunciada este viernes 23 de octubre, se produjo ocho meses después de los hechos y tras la aceptación de responsabilidad de los procesados por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado.

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La condena fue confirmada por el abogado de la víctima, Felipe Peláez Reyes, mediante un comunicado en el que informó que un juez de la República impuso la pena privativa de la libertad a los dos hermanos que participaron como coautores en el denominado “paseo millonario”.

La sentencia constituye un avance en el proceso penal por uno de los casos de secuestro que mayor atención recibió en Bogotá durante el primer trimestre de 2026. Sin embargo, la representación judicial de Diana Ospina advirtió que las investigaciones deben continuar porque considera que existen otros responsables de la planeación y ejecución del delito.

El secuestro ocurrió durante la madrugada del domingo 22 de febrero, cuando Ospina salió de la discoteca Theatron, ubicada en Chapinero, y abordó un taxi para desplazarse hasta su residencia, en el barrio Santa María del Lago, localidad de Engativá.

Antes de emprender el recorrido, la mujer compartió información del vehículo con una persona cercana. Ese dato resultó relevante para reconstruir sus últimos movimientos después de que sus familiares perdieran contacto con ella.

De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, el vehículo llegó hasta las inmediaciones de la residencia de Ospina, donde fue interceptado por otros hombres que se movilizaban en un segundo taxi.

Los delincuentes abordaron a la mujer y la obligaron a permanecer bajo su control. A partir de ese momento comenzó un secuestro que se prolongó durante más de 40 horas, tiempo durante el cual fue sometida a intimidaciones, agresiones y exigencias económicas.

Según los elementos conocidos durante las audiencias judiciales, los responsables obligaron a Ospina a entregar las claves de sus productos financieros y facilitar el acceso a sus cuentas bancarias. 
Los delincuentes realizaron retiros de dinero y transferencias electrónicas mientras mantenían privada de la libertad a la víctima.

Los movimientos financieros investigados alcanzaron una suma cercana a los $40 millones, mediante operaciones efectuadas durante el cautiverio. La reconstrucción de las transacciones permitió establecer parte del recorrido del dinero y aportó información para identificar a los participantes.

Las autoridades también establecieron que la víctima fue trasladada por diferentes sectores de Bogotá y permaneció retenida en una vivienda antes de recuperar su libertad.

Durante ese periodo, familiares y allegados denunciaron su desaparición y solicitaron la intervención de las autoridades. La Policía Metropolitana de Bogotá, el Gaula y otras unidades especializadas iniciaron las labores de búsqueda y verificación de información.

El 23 de febrero, Ospina logró llegar hasta el CAI Mirador, ubicado en la vía que comunica a Bogotá con Choachí, donde recibió asistencia de uniformados de la Policía Nacional.

Posteriormente fue trasladada para reencontrarse con sus familiares, quienes habían permanecido pendientes de su paradero desde el día anterior.

La Alcaldía de Bogotá confirmó entonces que la mujer había recuperado su libertad y anunció que las investigaciones continuarían hasta identificar y capturar a los responsables.

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó en ese momento la actuación de los organismos de seguridad y aseguró que las autoridades trabajarían para llevar ante la justicia a quienes participaron en el secuestro.

Las investigaciones permitieron reconstruir los desplazamientos de los vehículos utilizados, identificar a los posibles participantes y establecer vínculos entre los movimientos de los delincuentes y las operaciones bancarias realizadas durante el cautiverio.

La Policía Nacional informó que sus investigadores analizaron más de 60.000 datos, revisaron aproximadamente 12 horas de grabaciones de cámaras de seguridad y recopilaron entrevistas de testigos para identificar a los responsables.

Ese trabajo permitió establecer la participación de los hermanos Gómez Cardozo, conocidos con los alias de “Pachanga” y “Pablito”.

Según la información divulgada por la Policía, Diego Armando Gómez Cardozo, alias “Pachanga”, de 33 años, fue identificado como uno de los integrantes de la estructura criminal y señalado de ejercer funciones de dirección dentro de la organización.

Las autoridades establecieron que este hombre cumplía una medida de detención domiciliaria relacionada con un proceso por hurto cuando ocurrieron los hechos contra Diana Ospina.

Por su parte, Juan Pablo Gómez Cardozo, alias “Pablito”, de 21 años, fue identificado como el conductor del taxi que recogió a la víctima después de que saliera del establecimiento nocturno.

La Policía señaló que el hombre habría intervenido en la selección de Ospina como objetivo de la organización.

De acuerdo con los investigadores, después del secuestro los hermanos intentaron evitar su localización mediante cambios de residencia y modificaciones en sus mecanismos de comunicación.

La información recopilada por las autoridades permitió ubicar a los dos hombres, quienes fueron capturados durante un operativo desarrollado el 28 de marzo de 2026.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que las capturas se realizaron como resultado de una investigación conjunta en la que participaron unidades del Gaula, la Seccional de Investigación Criminal y organismos de inteligencia.

Tras su detención, los hermanos fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales para responder por los delitos relacionados con la privación ilegal de la libertad y el apoderamiento del dinero de la víctima.

La Fiscalía General de la Nación presentó los elementos materiales probatorios recopilados durante las investigaciones y solicitó medidas de aseguramiento privativas de la libertad.

Un juez de control de garantías ordenó que los procesados permanecieran recluidos en establecimiento carcelario mientras avanzaba el proceso penal.

La investigación incluyó grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios, registros de comunicaciones, información de los vehículos y movimientos bancarios efectuados durante el secuestro.

El seguimiento a las transacciones permitió identificar operaciones realizadas desde las cuentas de Ospina y reconstruir parte de las actuaciones de los delincuentes.

Posteriormente, el proceso avanzó hasta la audiencia celebrada el 29 de septiembre de 2026 ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito Especializado de Bogotá.

Durante esa diligencia, los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado.

El despacho judicial avaló la aceptación de responsabilidad y fijó para el 23 de octubre la lectura de la sentencia condenatoria.

La decisión conocida este viernes estableció una pena de 28 años y seis meses de prisión, equivalentes a 342 meses de privación de la libertad, para cada uno de los condenados, según el comunicado de la representación de la víctima.

El abogado Felipe Peláez Reyes destacó el tiempo transcurrido entre la comisión de los delitos y la imposición de la condena.

“Logramos justicia pronta. Pasaron poco más de ocho meses entre aquella madrugada y la condena, gracias a una actuación articulada entre la Fiscalía General de la Nación y la representación de la víctima, que trabajamos en la misma dirección desde el primer día”, manifestó el jurista.

Peláez Reyes también rechazó las actuaciones de los responsables, quienes mantuvieron retenida a Ospina para obtener dinero mediante amenazas y operaciones financieras.

“Rechazamos que la vida de los ciudadanos, y en especial la de las mujeres, sea reducida a un precio. Una persona no es una mercancía, y nadie puede ser tratado como un medio para obtener dinero”, expresó.

El abogado insistió en que la condena de los dos hermanos no significa que hayan concluido todas las actuaciones relacionadas con el secuestro.

La representación judicial considera que otras personas participaron en la organización y ejecución del delito, por lo que solicitó a la Fiscalía mantener abiertas las investigaciones correspondientes.

“Pedimos a la Fiscalía que no detenga su trabajo. Estamos convencidos de que hay más responsables, y la investigación debe llegar hasta ellos”, señaló Peláez Reyes.

Durante las actuaciones judiciales anteriores, la representación de la víctima había advertido sobre la posible participación de una estructura criminal más amplia.

La información conocida en septiembre indicaba que las autoridades investigaban la intervención de al menos diez personas en diferentes actividades relacionadas con el secuestro.

Entre las líneas de investigación figuraban la identificación de quienes participaron en la interceptación de la víctima, los desplazamientos de los vehículos, la custodia durante el cautiverio y las operaciones destinadas a retirar el dinero de sus cuentas.

La Fiscalía también había adelantado actuaciones para determinar la ubicación de otros posibles implicados, entre ellos una persona que, según la información conocida durante el proceso, estaría fuera de Colombia.

Estas investigaciones corresponden a responsabilidades individuales que deberán establecerse mediante las actuaciones judiciales correspondientes.

La sentencia contra los hermanos Gómez Cardozo se produjo después de que las autoridades identificaran conexiones investigativas entre vehículos utilizados en este caso y otros hechos delictivos registrados en Bogotá.

Entre los episodios examinados figuró el secuestro y posterior homicidio del profesor Neill Felipe Cubides Ariza, ocurrido en enero de 2026.

Las autoridades analizaron coincidencias relacionadas con los taxis involucrados y los mecanismos empleados para interceptar a las víctimas.

Sin embargo, esas coincidencias investigativas no significan que la sentencia contra los hermanos Gómez Cardozo haya establecido su responsabilidad en el homicidio del docente. Se trata de actuaciones judiciales diferentes, cuyas responsabilidades deben determinarse de manera independiente.

El caso de Diana Ospina también puso nuevamente bajo atención de las autoridades la modalidad delictiva conocida como “paseo millonario”, mediante la cual organizaciones criminales retienen a sus víctimas, generalmente después de abordar vehículos de transporte, y las obligan a entregar dinero, tarjetas bancarias o claves de acceso a sus productos financieros.

Las estadísticas del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional registraron 37 casos de esta modalidad en Bogotá durante 2025, frente a ocho reportados en 2024.

Las cifras representan un incremento del 362,5 % entre ambos periodos y muestran la dimensión del fenómeno que las autoridades han enfrentado mediante operaciones de investigación criminal.

En el caso de Ospina, las actuaciones de la Fiscalía y la Policía permitieron pasar de la denuncia inicial a la identificación de los responsables, su captura, la formulación de cargos, la aceptación de responsabilidad y la imposición de una condena.

La representación judicial de la víctima agradeció el trabajo de los funcionarios que participaron en las investigaciones y de las personas que acompañaron a Ospina y a su familia durante los meses posteriores al secuestro.

“Seguiremos comprometidos con la búsqueda de la justicia para Diana, hasta que sea completa. Agradecemos a la Fiscalía y a quienes acompañaron a Diana y a su familia desde las primeras horas”, concluyó Felipe Peláez Reyes.

Con la sentencia del 23 de octubre, los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo enfrentan una condena de 28 años y seis meses de prisión por los delitos cometidos contra Diana Ospina.

Entretanto, continúa pendiente el esclarecimiento de la eventual participación de otras personas en el secuestro y las operaciones utilizadas para despojarla de su dinero.

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