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Lupa sobre exfuncionarios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial por contrato de $62.000 millones
La investigación busca establecer posibles fallas en el seguimiento y control de los recursos públicos.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra cuatro exservidores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) por presuntas omisiones y deficiencias en la supervisión de un contrato suscrito con la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio), cuyo valor superó los $62.000 millones.
El contrato interadministrativo tenía como objetivo ejecutar programas orientados a implementar medidas para fortalecer la seguridad vial en Colombia. Sin embargo, el Ministerio Público busca establecer si durante su desarrollo se presentaron irregularidades en el seguimiento de los recursos públicos y posibles inconsistencias en la ejecución de las actividades previstas.
¿Quiénes son los exfuncionarios investigados?
Los servidores vinculados a la investigación disciplinaria son Óscar Julián Gómez Cortés, Elkin Mauricio Escobar Sarmiento, Ivana Carolina Murcia González y Sandra Liliana Burgos Gómez.
De acuerdo con la Procuraduría, los cuatro habrían participado, en diferentes momentos de la ejecución contractual, en actividades relacionadas con el seguimiento técnico, la revisión de informes, la validación de soportes y el control del cumplimiento de las obligaciones pactadas.
Por esta razón, el organismo de control busca determinar si las actuaciones de los exfuncionarios se ajustaron a sus responsabilidades y si existieron omisiones que pudieran comprometer la adecuada vigilancia del contrato.
La investigación pretende esclarecer si hubo deficiencias en los mecanismos de seguimiento y control de los recursos destinados a los programas de seguridad vial. Asimismo, busca establecer si se presentaron inconsistencias relacionadas con la ejecución de las obras y otras actividades contempladas en el acuerdo interadministrativo.
En ese contexto, el Ministerio Público deberá evaluar las actuaciones de los investigados y determinar si existen elementos que permitan establecer posibles responsabilidades disciplinarias.
La apertura de la investigación no implica que los exfuncionarios sean responsables de las presuntas irregularidades. El proceso busca esclarecer los hechos y determinar si hay mérito para adoptar decisiones disciplinarias conforme a la ley.
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