Alerta por atrasos en programa de IA del Gobierno por más de $234.000 millones

La Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre los retrasos y riesgos que enfrenta el programa Centros PotencIA, una de las principales apuestas del Gobierno nacional para impulsar la adopción de inteligencia artificial en el país.

El proyecto, liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, contempla una inversión de 234.399 millones de pesos y buscaba beneficiar a cerca de siete millones de personas mediante la construcción de 60 centros tecnológicos. Sin embargo, a abril de 2026 presenta una ejecución del 17,7 %.

Según el informe del ente de control, la ejecución real de las obras es aún más baja: apenas alcanza el 2 % y corresponde principalmente a estudios que ni siquiera han finalizado. La situación llevó a que el propio Gobierno decidiera suspender temporalmente el programa para evitar riesgos en el manejo de los recursos públicos.

La Contraloría advirtió que ha realizado un seguimiento preventivo al proyecto, en el que ha identificado debilidades en la planeación, estructuración y ejecución contractual, así como la permanencia prolongada de recursos en fiduciarias, lo que podría afectar la eficiencia y oportunidad del gasto público.

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Además, el organismo exigió explicaciones sobre los recursos ya desembolsados y señaló que los retrasos están privando a la ciudadanía de herramientas clave para cerrar la brecha digital y acceder a tecnologías emergentes como la inteligencia artificial.

Por su parte, el Gobierno nacional reconoció las dificultades en la ejecución del programa y confirmó que el contrato con la Findeter registra un avance cercano al 17 %. Asimismo, indicó que desde noviembre de 2025 se suspendieron los desembolsos.

El MinTIC precisó que el único giro realizado, cercano a los 4.000 millones de pesos, corresponde a actividades de asistencia técnica desarrolladas por Findeter.

El futuro del programa Centros PotencIA queda ahora sujeto a las decisiones que adopte el Gobierno tras la suspensión, mientras la Contraloría continúa su vigilancia para determinar posibles responsabilidades y evitar afectaciones mayores al erario.

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