Así quedó la ley de sometimiento: penas reducidas hasta un 50%, entrega de armas y reparación a víctimas

La plenaria del Senado de la República aprobó este martes, con 57 votos a favor y 24 en contra, el proyecto de ley de sometimiento a la justicia impulsado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. La iniciativa establece condiciones para que integrantes de organizaciones criminales abandonen sus actividades ilegales, entreguen armas y bienes, suministren información sobre sus estructuras y accedan a reducciones de penas sujetas al cumplimiento de requisitos judiciales. El proyecto continúa su trámite en la Cámara de Representantes antes de convertirse en ley.

La aprobación se produjo durante una jornada legislativa convocada para avanzar en la modificación y prórroga de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público, cuya vigencia está prevista hasta el 4 de noviembre.

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El proyecto, identificado como 296 de 2026 Senado y 433 de 2026 Cámara, fue presentado por el Gobierno nacional el 13 de octubre con mensaje de urgencia y superó su primer debate en las comisiones primeras conjuntas del Congreso el 22 de octubre.

Uno de los principales componentes de la iniciativa es la creación de un procedimiento de sometimiento individual o colectivo para integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales.

El mecanismo sustituye el esquema de negociaciones de la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro por un modelo en el que las condiciones de acceso a los beneficios son establecidas por la legislación y están sujetas a verificación judicial.

De acuerdo con lo expuesto durante el trámite legislativo, el procedimiento no contempla el reconocimiento de carácter político a las organizaciones criminales. Sus integrantes deberán aceptar las condiciones legales para abandonar las actividades delictivas, colaborar con la justicia y contribuir al desmantelamiento de las estructuras a las que pertenecen.

El articulado establece reducciones diferenciadas de penas según la posición que haya ocupado cada persona dentro de la organización. Los integrantes que no hayan ejercido funciones de dirección o mando podrán acceder a disminuciones de hasta el 50 % de sus condenas, mientras que para líderes y cabecillas el beneficio máximo será del 30 %.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó durante el trámite en las comisiones primeras que las reducciones estarán condicionadas al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la iniciativa.

Por su parte, el senador Hernán Darío Cadavid, ponente del proyecto, señaló que los aportes a la verdad constituyen una obligación para quienes pretendan acceder al mecanismo de sometimiento.

La propuesta contempla el cumplimiento de las condenas en establecimientos penitenciarios ordinarios, sin la creación de centros especiales de reclusión para los integrantes de las organizaciones que se acojan al procedimiento.

Asimismo, durante el primer debate se estableció una exigencia de cumplimiento de cuatro quintas partes de la condena para acceder a la libertad condicional, conforme a las condiciones previstas en el texto discutido.

Otro de los requisitos centrales es la entrega de armas, municiones y demás elementos utilizados por las organizaciones criminales. Quienes soliciten el sometimiento deberán cesar sus actividades ilícitas, identificar a los integrantes de sus estructuras y suministrar información sobre las operaciones que desarrollan.

El proyecto también exige la identificación de bienes y recursos vinculados con las actividades ilegales. La entrega de información patrimonial y de activos destinados a la reparación de las víctimas forma parte de los compromisos que deberán asumir quienes pretendan obtener beneficios judiciales.

Entre las obligaciones relacionadas con las víctimas se encuentran la entrega de los menores de edad reclutados por las organizaciones, la colaboración para establecer el paradero de personas desaparecidas y la liberación de quienes permanezcan secuestrados.

Durante el primer debate, el senador Cadavid indicó que los responsables del reclutamiento de menores de 14 años no podrían acceder al beneficio de sometimiento en las condiciones previstas en la iniciativa. El proyecto también contempla la obligación de suministrar información que contribuya al esclarecimiento de los delitos cometidos por las estructuras criminales.

El procedimiento diseñado en la iniciativa comprende dos fases. La primera, de carácter administrativo, estará a cargo del Gobierno nacional y comenzará con la recepción de las solicitudes de sometimiento. En esta etapa se identificarán las organizaciones, sus integrantes, las armas, los bienes y las economías ilícitas vinculadas con sus operaciones.

Posteriormente, se establecerá una hoja de ruta para la dejación de armas, la entrega de activos y el cumplimiento de las demás obligaciones. Las autoridades verificarán progresivamente los compromisos adquiridos y documentarán los resultados mediante un acta de sometimiento que será remitida a las instancias judiciales competentes.

La segunda fase corresponde a la judicialización. En ella se evaluarán los aportes efectivos a la verdad, la colaboración con las investigaciones, la entrega de bienes y el cumplimiento de las condiciones legales. Con base en esa verificación, las autoridades judiciales determinarán las consecuencias penales y la procedencia de los beneficios.

La iniciativa incorpora disposiciones para identificar organizaciones criminales y terroristas, fortalecer las herramientas de investigación de sus fuentes de financiación y adoptar medidas relacionadas con el congelamiento de bienes. También contempla actuaciones destinadas a establecer las redes económicas utilizadas para sostener las actividades ilegales.

En materia territorial, el proyecto establece mecanismos de intervención institucional en zonas afectadas por la presencia de organizaciones armadas. Estas disposiciones incluyen acciones de recuperación del control estatal, fortalecimiento de las instituciones y prevención de la conformación de nuevas estructuras criminales.

El texto contempla la participación de distintas entidades públicas, entre ellas la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, de acuerdo con sus competencias legales.

Durante su trámite en las comisiones primeras conjuntas, el Congreso modificó la propuesta inicial sobre la vigencia de la ley. El Gobierno había planteado un periodo de diez años, pero los congresistas aprobaron reducirlo a cuatro años.

La discusión también incluyó propuestas para modificar las condiciones de acceso a beneficios y las facultades administrativas previstas en el proyecto. En la votación del Senado de este martes fue eliminado el artículo 25, que contemplaba facultades extraordinarias de contratación para el Ministerio del Interior relacionadas con el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).

La iniciativa llegó a la plenaria del Senado después de que, el 30 de octubre, la corporación rechazara una proposición de archivo presentada por congresistas del Pacto Histórico. La solicitud obtuvo 19 votos favorables y 45 contrarios. Posteriormente, los senadores aprobaron la proposición con la que terminaba el informe de ponencia, mediante 48 votos a favor y cinco en contra.

En la Cámara de Representantes, la discusión también estuvo precedida por una proposición de archivo que fue rechazada con 102 votos en contra y 47 a favor. Posteriormente, la plenaria aprobó el informe de ponencia positiva con 99 votos favorables y 39 contrarios, después de repetir una votación inicial cuestionada por varios representantes debido al procedimiento utilizado durante el debate.

La Cámara comenzó la votación del articulado con la aprobación de los artículos 5 y 14 en los términos de la ponencia. El resto de las disposiciones quedó sometido a la continuación del debate legislativo.

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