Gobierno denunció intimidaciones contra Carlos Ríos y su familia tras evidenciar presuntos contratos sexuales de Petro

Tres personas fueron encontradas dentro de la residencia del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos Puerta, el pasado 28 de octubre, una semana después de que el funcionario denunciara ante el Congreso presuntas irregularidades en la contratación de 48 mujeres durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

El Gobierno nacional rechazó los hechos, advirtió sobre posibles intimidaciones contra el funcionario y su familia y solicitó a las autoridades establecer si existe alguna relación entre ambos acontecimientos.

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Según un comunicado divulgado este martes por la Presidencia de la República, las autoridades encargadas de la protección del director del Dapre encontraron a tres personas en las instalaciones internas de su vivienda. Los individuos fueron identificados y puestos a disposición de las autoridades competentes.

El documento oficial señala que entre los antecedentes de estas personas figuran registros por homicidio y ocho hurtos agravados.

El Gobierno también informó sobre otro episodio ocurrido cerca del establecimiento educativo al que asisten los hijos del funcionario. En ese lugar fue observada una persona cuya presencia despertó sospechas y que se retiró cuando llegó la Policía.

De acuerdo con el comunicado, esta persona no alcanzó a quedar a disposición de las autoridades y actualmente se adelantan labores para establecer su identidad.

Los dos acontecimientos se registraron después de las declaraciones que Ríos Puerta entregó el 21 de octubre durante una sesión de la Comisión Segunda del Senado, en la que denunció una presunta utilización irregular de contratos de prestación de servicios durante el gobierno anterior.

En aquella intervención, el funcionario aseguró que 48 mujeres habrían sido vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) con recursos públicos y que, presuntamente, algunas de esas contrataciones habrían sido utilizadas para favorecer encuentros personales con el entonces presidente Gustavo Petro.

Ríos sostuvo que las mujeres habrían sido instrumentalizadas mediante una relación de poder vinculada con sus contratos y anunció que presentaría una denuncia formal ante las autoridades judiciales.

Durante su intervención ante los congresistas, el director del Dapre también cuestionó el uso que, según sus afirmaciones, se habría dado a algunas instalaciones de la Presidencia durante la administración anterior.

El funcionario aseguró que varias de las mujeres mencionadas en su denuncia ya habían comenzado a entregar información sobre las circunstancias de sus vinculaciones contractuales.

Las declaraciones provocaron cuestionamientos sobre la contratación de personal durante el gobierno de Gustavo Petro y dieron lugar a actuaciones de los organismos de investigación y control.

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar para establecer si se presentaron irregularidades en la suscripción de contratos y determinar la eventual existencia de conductas delictivas.

De acuerdo con la información conocida sobre las actuaciones judiciales, la investigación contempla recibir declaraciones del actual director del Dapre y de las exdirectoras de la entidad Laura Sarabia y Angie Rodríguez, quienes ocuparon ese cargo durante la administración anterior.

Las diligencias también incluyen la revisión de documentos contractuales y posibles inspecciones en las instalaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia para identificar las personas vinculadas, las condiciones de sus contratos y las actividades para las cuales fueron contratadas.

El propósito de estas actuaciones es verificar los señalamientos formulados públicamente, establecer si existieron irregularidades en el uso de recursos estatales y determinar posibles responsabilidades.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación anunció el 26 de octubre la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de varias entidades públicas, entre ellas el Dapre, el Ministerio del Interior y algunas superintendencias.

El Ministerio Público explicó que la actuación busca esclarecer posibles hechos de extralimitación de funciones, acoso y violencia de género relacionados con la celebración de contratos estatales.

La Procuraduría señaló que las investigaciones surgieron a partir de informaciones según las cuales algunas mujeres habrían sido contratadas por entidades públicas para desarrollar actividades distintas de las necesidades propias del servicio.

Como parte de las diligencias, el organismo de control solicitó información sobre las mujeres vinculadas mediante contratos de prestación de servicios desde 2019, con el propósito de identificar posibles irregularidades y establecer las circunstancias de las contrataciones.

Las denuncias también han generado una confrontación pública entre el actual director del Dapre y el expresidente Gustavo Petro.

El exmandatario rechazó los señalamientos y acusó a Ríos de elaborar una lista de mujeres a partir de sus antecedentes laborales y supuestas preferencias políticas.

Petro sostuvo que algunas contratistas habrían sido sometidas a interrogatorios y cuestionó que funcionarios administrativos adelantaran actuaciones que, según su posición, corresponden a las autoridades judiciales.

El expresidente también negó haber cometido irregularidades y afirmó que las acusaciones en su contra forman parte de una campaña promovida desde el actual Gobierno.

Frente a los acontecimientos ocurridos en la residencia del funcionario y las inmediaciones del colegio de sus hijos, el Gobierno nacional expresó su solidaridad con el director del Dapre y solicitó esclarecer las circunstancias de ambos episodios.

La Presidencia señaló que las autoridades deberán determinar si los hechos constituyen actos de intimidación relacionados con las denuncias sobre la contratación durante el gobierno anterior.
“Ningún servidor público debería tener que escoger entre entregar un expediente y dormir tranquilo. Mucho menos deberían pagarlo sus hijos”, manifestó el Gobierno en el comunicado divulgado este 3 de noviembre.

El Ejecutivo también anunció que garantizará las medidas de protección necesarias para el funcionario y sus familiares, con el propósito de preservar su seguridad mientras avanzan las investigaciones.

Asimismo, reiteró su respaldo a la Fiscalía General de la Nación para que las actuaciones judiciales relacionadas con las presuntas irregularidades contractuales se desarrollen sin presiones ni intimidaciones.

Por ahora, las autoridades deberán establecer cómo ingresaron las tres personas a la residencia de Ríos, cuáles fueron sus posibles motivaciones y si existe alguna conexión entre esos hechos y las denuncias que el director del Dapre presentó ante el Congreso.

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