Quién es Alvin Hellerstein, el juez del caso contra Nicolás Maduro en EE. UU. en la audiencia de este lunes

Este lunes se lleva a cabo en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York la audiencia inicial contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El proceso será presidido por el juez Alvin K. Hellerstein, un magistrado con larga trayectoria en el sistema judicial estadounidense, cuya experiencia abarca casos con impacto jurídico, político y mediático tanto a nivel local como internacional.

Hellerstein nació en la ciudad de Nueva York en 1933. Se graduó en Derecho en la Universidad de Columbia y prestó servicio militar en el Cuerpo de Auditores Generales del Ejército de los Estados Unidos entre 1957 y 1960.

Tras desempeñarse en el ejercicio privado de la abogacía durante varias décadas, fue nominado en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton para ocupar una vacante en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde ha ejercido desde entonces.

Durante más de dos décadas en el cargo, el juez ha conocido procesos judiciales de relevancia pública, algunos de los cuales han involucrado a figuras del entretenimiento, empresas multinacionales y víctimas de atentados terroristas.

Su historial en el tribunal incluye demandas derivadas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las aerolíneas cuyas aeronaves fueron utilizadas en los ataques.

Además, resolvió litigios relacionados con derechos de autor, como una acusación de plagio interpuesta contra la cantante Shakira por la canción “Loca”, y revisó documentación presentada en el marco de una solicitud de discovery vinculada con la compañía cerealera argentina Vicentin.

Uno de los casos más destacados en los que intervino fue el juicio contra Harvey Weinstein en 2019.

En ese proceso, Hellerstein desestimó 17 demandas contra el productor cinematográfico e impidió que las empresas asociadas al acusado fueran tratadas como parte de una estructura delictiva.

El juez sostuvo que las demandas no lograban probar que los coacusados hubieran contribuido o facilitado las conductas atribuidas a Weinstein.

Este fallo fue objeto de amplio análisis jurídico por el alcance de su interpretación respecto a la responsabilidad compartida en contextos de abuso sexual y acoso sistemático.

En abril de 2025, el juez volvió a figurar en los titulares por dictar una decisión que bloqueó la deportación de migrantes en Estados Unidos sin previa notificación ni audiencia.

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El magistrado consideró que estas expulsiones vulneraban garantías básicas del debido proceso, al no otorgar a los afectados la oportunidad de ser escuchados ante una autoridad judicial.

Esta resolución se inscribió en un contexto de mayor debate sobre la política migratoria del país y fue recibida con atención por organizaciones defensoras de derechos humanos.

Hellerstein también ha tenido bajo su jurisdicción casos vinculados con exfuncionarios del Gobierno de Venezuela.

Uno de los más conocidos es el del exgeneral Hugo Armando Carvajal, apodado “el Pollo”, quien fue jefe de la Dirección General de Inteligencia Militar de Venezuela y fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.

Este tipo de procesos, con implicaciones penales e internacionales, han reforzado su experiencia en asuntos de carácter geopolítico y delictivo transnacional.

En esta ocasión, el juez Hellerstein estará al frente de la causa contra Nicolás Maduro, quien fue capturado por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero, en el marco de una operación militar que ha generado pronunciamientos oficiales en diversas capitales.

La acusación formal que pesa sobre el dirigente venezolano incluye cuatro cargos federales: conspiración para cometer actos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para la tenencia de ese tipo de armamento.

Según el documento de acusación presentado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Maduro habría hecho parte de un entramado delictivo que operó durante más de dos décadas, con el objetivo de facilitar el envío de cargamentos de drogas hacia territorio estadounidense y de consolidar alianzas con grupos armados irregulares.

El proceso penal se inicia bajo vigilancia internacional y promete convertirse en uno de los casos judiciales de mayor repercusión política y diplomática en los últimos años.

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