Más de 6.000 guerrilleros y criminales ilegales operan en frontera con Venezuela, según inteligencia militar

Un informe clasificado de inteligencia militar advierte sobre la presencia activa de más de 6.000 integrantes de grupos armados ilegales en la frontera entre Colombia y Venezuela.

La alerta surge tras la detención del mandatario venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026, en el marco de la denominada Operación Resolución Absoluta, liderada por fuerzas militares de Estados Unidos.

La captura, ejecutada en territorio venezolano, ha desencadenado un posible repliegue de estructuras insurgentes hacia suelo colombiano, lo que podría tener repercusiones directas sobre la seguridad nacional y regional.

De acuerdo con información revelada, el documento de inteligencia señala que tanto el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estarían evaluando su retorno a Colombia ante la pérdida de respaldo logístico y político en Venezuela.

Esta situación, derivada de la creciente presión internacional sobre el régimen venezolano, plantea una posible reconfiguración del conflicto armado colombiano y un riesgo de escalamiento en zonas de histórica confrontación.

El informe atribuye el cambio de postura de estos grupos armados a la intensificación de la presencia militar estadounidense en el mar Caribe y en la región fronteriza, ordenada por el presidente Donald Trump.

Esta movilización militar habría generado un clima de incertidumbre entre las organizaciones irregulares, que hasta ahora se habían asentado con cierta estabilidad en campamentos ubicados en el lado venezolano de la frontera.

La estructura del ELN en la zona fronteriza estaría compuesta por aproximadamente 6.158 integrantes, de los cuales cerca de 1.276 operarían desde territorio venezolano bajo el mando de Gustavo Aníbal Giraldo, conocido como alias Pablito.

Este jefe insurgente mantiene campamentos permanentes en Venezuela y ha sido identificado como una de las figuras de mayor trayectoria dentro de esa organización.

Otros mandos vinculados a las operaciones en la región son Silvana Guerrero, alias Ricardo, Parmenio, alias Caballo de Guerra, Cendales y Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García, miembro histórico del Comando Central (COCE).

En paralelo, las disidencias de las FARC, en particular el grupo autodenominado Segunda Marquetalia, mantienen centros operativos en territorio venezolano.

Estas estructuras estarían bajo la coordinación de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, quien sobrevivió a un operativo militar en 2024, y de Géner García Molina, conocido como alias John 40 o Francisco.

También se menciona a alias Gonzalo o Chalo como otro de los líderes activos en ese entorno.

El reporte señala que 186 cabecillas de nivel alto y medio de estas organizaciones han sido plenamente identificados como operativos desde Venezuela.

Lea también: (Restauración del río Bogotá: CAR rehabilita 116 hectáreas en Soacha, Bosa y Engativá)

Las autoridades colombianas, en colaboración con agencias internacionales, han detectado al menos 30 pistas clandestinas en suelo venezolano que son utilizadas para actividades ilegales, como el tráfico de estupefacientes, armas y minerales extraídos de forma ilícita.

Esta red de infraestructura criminal habría funcionado con escasa interferencia estatal durante la administración de Maduro.

Los hallazgos del informe incluyen la ubicación de tres corredores estratégicos en territorio venezolano donde se concentran unidades de las disidencias de las Farc.

Estos puntos estarían siendo utilizados como rutas de abastecimiento, escape y repliegue, lo que les permite sostener su capacidad operativa y garantizar la movilidad de armamento y personal.

La subregión del Catatumbo figura entre los principales objetivos de las facciones que buscan reposicionarse en el país.

Además, se estima que este repliegue podría derivar en nuevas presiones sobre el Gobierno colombiano para retomar negociaciones de paz o ceses unilaterales del fuego, lo cual permitiría a estas estructuras reacomodarse sin confrontaciones directas mientras consolidan sus capacidades en el nuevo entorno.

El informe también destaca el papel de estas guerrillas en el expediente judicial abierto contra Nicolás Maduro en los Estados Unidos.

En la acusación presentada por el Departamento de Justicia, liderada por la fiscal general Pamela Bondi, se detalla la colaboración de altos funcionarios venezolanos con el tráfico de drogas y el respaldo directo a grupos armados colombianos, entre ellos el ELN, las disidencias de las FARC y otras organizaciones como el Tren de Aragua, catalogadas como estructuras terroristas internacionales por el Gobierno estadounidense.

Este señalamiento se fundamenta en múltiples investigaciones realizadas durante más de dos décadas, en las cuales se ha documentado cómo Venezuela habría servido de plataforma para la expansión de redes de narcotráfico con destino a Norteamérica.

En ese contexto, la captura de Nicolás Maduro representa no solo un hecho político de alto impacto, sino también un punto de inflexión en el sistema de apoyos que permitió durante años el funcionamiento transnacional de estas organizaciones armadas.

Otras noticias