Ecopetrol no puede importar gas desde Venezuela sin licencia de EE. UU., confirma el Gobierno

El Gobierno colombiano reconoció que Ecopetrol no cuenta con la licencia estadounidense requerida para participar en un eventual esquema de importación de gas desde Venezuela, un punto que se convirtió en eje central de la agenda bilateral entre Bogotá y Caracas.

La confirmación se produjo después del encuentro sostenido en Caracas entre el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y la vicepresidenta y presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizado el 20 de febrero de 2026 en el Palacio de Miraflores.

La reunión hizo parte del proceso de acercamiento político y técnico que los dos gobiernos han promovido desde 2022 para restablecer las relaciones energéticas y comerciales.

Las conversaciones, que incluyeron revisión de infraestructura, condiciones operativas y eventuales rutas de cooperación, se desarrollan en un entorno marcado por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al sector energético venezolano.

Tras su regreso a Colombia, el ministro Palma explicó que durante el encuentro se planteó la imposibilidad de que Ecopetrol intervenga en una transacción de importación de gas sin una licencia emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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Según el funcionario, este requisito condiciona la participación de la petrolera estatal y obligaría a explorar alternativas que permitan asegurar abastecimiento para el mercado interno.

Palma señaló que la prioridad del Gobierno es identificar mecanismos viables para la compra de gas natural y gas licuado de petróleo (GLP), y enfatizó que la obtención de una nueva licencia tomaría tiempo y podría enlentecer el proceso. Indicó que el propósito es avanzar en soluciones que permitan responder a las necesidades energéticas del país sin contravenir las normas vigentes del entorno internacional.

Durante las conversaciones, la delegación venezolana mencionó que el Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte —operado entre ambos países desde 2007— se encuentra en condiciones de funcionamiento en territorio venezolano.

Sin embargo, precisó que la infraestructura necesita intervenciones técnicas y de seguridad del lado colombiano para reactivar el transporte comercial.

Caracas planteó dos opciones: enviar personal técnico de Petróleos de Venezuela (PDVSA) para apoyar los trabajos en Colombia, lo que requeriría permisos especiales de operación, o contratar de manera directa obras de rehabilitación en el país.

Estas actividades, según los estimativos presentados, podrían requerir una inversión cercana a los 60 millones de dólares y un plazo de ejecución superior a seis meses.

Las restricciones estadounidenses siguen siendo un aspecto determinante. En la última década, las sanciones han limitado las operaciones de PDVSA y han reducido su capacidad exportadora en los mercados de crudo y gas.

Aunque en los últimos meses se han observado flexibilizaciones específicas y entrada de nuevos inversionistas internacionales, las operaciones que involucren activos venezolanos continúan bajo monitoreo estricto del Gobierno de Estados Unidos.

Ecopetrol, al ser una empresa estatal colombiana con operaciones y relaciones comerciales en Estados Unidos, está obligada a cumplir estas disposiciones.

Por ello, cualquier negociación que implique intercambios con PDVSA o infraestructura venezolana requiere verificación previa de la OFAC. Sin esta autorización, el avance de un acuerdo energético binacional queda limitado.

El gasoducto binacional Antonio Ricaurte fue creado para permitir transporte en doble vía entre La Guajira y el estado Zulia, con 224 kilómetros de extensión.

Durante sus primeros años condujo gas colombiano hacia Venezuela, pero la suspensión de relaciones diplomáticas y los cambios en el sector energético impidieron su continuidad.

Su reactivación, apuntan expertos, requiere inspecciones técnicas independientes, pruebas de integridad, adecuaciones y certificaciones de seguridad que aún no han sido completadas.

Las negociaciones se desarrollan en un momento en que Colombia busca diversificar las fuentes de suministro de gas y evaluar alternativas para cubrir la demanda futura.

La posibilidad de importar gas venezolano ha sido analizada desde 2022 como una opción que permitiría complementar la producción nacional, que enfrenta retos por la reducción de hallazgos y la maduración de campos existentes.

Fuentes oficiales consultadas señalaron que las discusiones continuarán en una mesa técnica binacional que revisará costos, reglamentos, cronogramas y requisitos jurídicos.

Los avances dependerán de la capacidad de los dos gobiernos para coordinar acciones bajo el marco normativo internacional y garantizar que cualquier operación respete los compromisos regulatorios frente a Estados Unidos.

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