Presidentes de izquierda: España, Chile, México y Colombia reaccionan a la captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos tras una operación militar en territorio venezolano, generó respuestas inmediatas y contrastantes entre gobiernos iberoamericanos.

Comunicados oficiales, declaraciones públicas de jefes de Estado y pronunciamientos de cancillerías coincidieron en un punto central: la preocupación por la escalada del conflicto y la invocación del derecho internacional, aunque con matices políticos y diplomáticos evidentes.

Desde España, el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez optó por una postura institucional de cautela. El Ministerio de Asuntos Exteriores difundió un mensaje en el que llamó a la moderación y a la desescalada, insistiendo en que cualquier actuación debe enmarcarse en el derecho internacional y en la Carta de las Naciones Unidas.

La posición española evitó respaldar explícitamente la operación militar y reiteró la necesidad de soluciones políticas y negociadas para la crisis venezolana, en coherencia con la línea que Madrid ha sostenido en escenarios multilaterales como la Unión Europea y Naciones Unidas.

En Chile, el presidente Gabriel Boric fue más explícito en su rechazo a la vía militar. A través de declaraciones públicas y mensajes difundidos por canales oficiales, Boric expresó su preocupación por la intervención armada y subrayó que la crisis venezolana no puede resolverse mediante el uso unilateral de la fuerza.

El mandatario chileno enfatizó principios como la no intervención, la soberanía de los Estados y la solución pacífica de las controversias, pilares históricos de la política exterior chilena, incluso en contextos de cuestionamiento a la legitimidad democrática del chavismo.

México, por su parte, reaccionó a través de la Cancillería, cuya posición fue respaldada y difundida por la presidenta Claudia Sheinbaum. El Gobierno mexicano condenó de manera enérgica la operación militar estadounidense, calificándola como una acción contraria al derecho internacional y al artículo 2 de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de un Estado.

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La postura oficial reiteró que el diálogo, la negociación y los mecanismos diplomáticos multilaterales son las únicas vías legítimas para abordar la crisis venezolana, manteniendo la tradición mexicana de no intervención.

En Colombia, el presidente Gustavo Petro expresó una combinación de rechazo a la acción militar y alerta regional. En sus declaraciones, Petro manifestó preocupación por las consecuencias humanitarias y de seguridad que podría desencadenar la captura de Maduro en medio de una operación armada, especialmente para los países vecinos.

El Gobierno colombiano reafirmó su adhesión a los principios del derecho internacional y rechazó cualquier intervención unilateral, al tiempo que activó protocolos de seguridad en la frontera y alertó sobre un posible incremento de flujos migratorios desde Venezuela.

El caso de Nicaragua se distinguió por la ausencia de un pronunciamiento inmediato y claramente verificable en las primeras horas posteriores a la captura. Hasta donde reportaron medios regionales y agencias internacionales, el Gobierno de Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo no emitieron un comunicado formal específico sobre la operación.

No obstante, el contexto reciente muestra un alineamiento político sostenido de Managua con Caracas: en semanas previas, el Ejecutivo nicaragüense había denunciado públicamente lo que considera agresiones de Estados Unidos contra Venezuela, lo que permite inferir una postura crítica frente a la captura de Maduro, aunque sin declaración directa en ese momento.

En conjunto, las reacciones de España, Chile, México y Colombia evidencian una coincidencia en la defensa del derecho internacional y el rechazo a la vía militar unilateral, aun cuando cada país mantiene evaluaciones distintas sobre la legitimidad política de Maduro y su régimen.

Nicaragua, en contraste, optó inicialmente por el silencio oficial, en línea con su histórica cercanía al chavismo. El episodio volvió a poner de relieve las tensiones diplomáticas que rodean a Venezuela y la dificultad de construir una respuesta regional unificada frente a un hecho de alto impacto geopolítico.

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