Pedro Sánchez adelanta elecciones en España: estas son las crisis que precipitaron la decisión

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes 5 de octubre de 2026 la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria anticipada de elecciones para el próximo 29 de noviembre, una decisión que pone fin a la legislatura después de la derrota parlamentaria sufrida por el Ejecutivo en sus dos decretos sobre vivienda y tras meses de dificultades para construir mayorías en el Congreso.

Sánchez comunicó la decisión en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, después de informar al rey Felipe VI y convocar un Consejo de Ministros extraordinario para formalizar la disolución de las cámaras. El decreto de convocatoria electoral será publicado este martes 6 de octubre en el Boletín Oficial del Estado, según informó el Gobierno.

Las elecciones estaban previstas inicialmente para 2027, por lo que el jefe del Ejecutivo decidió acortar la legislatura y trasladar a las urnas una crisis política que tuvo su episodio más reciente el viernes 2 de octubre, cuando el Congreso rechazó dos reales decretos promovidos por el Gobierno para intervenir en el mercado de la vivienda y ampliar las medidas de protección a los inquilinos.

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“Tras informar, como corresponde, al Jefe del Estado, he decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre, de acuerdo a los plazos que establece la ley”, anunció Sánchez.

El mandatario justificó su decisión por las dificultades que ha enfrentado el Gobierno para sacar adelante su agenda en un Parlamento fragmentado. En su declaración señaló que durante la legislatura tuvo que trabajar con un Congreso en el que las negociaciones entre partidos se convirtieron en uno de los principales obstáculos para la aprobación de las iniciativas del Ejecutivo.

El detonante inmediato se produjo tres días antes del anuncio. El 2 de octubre, el pleno del Congreso abordó la convalidación de las medidas de vivienda aprobadas por el Gobierno. Entre ellas se encontraba el Real Decreto-ley 26/2026, del 29 de septiembre, dirigido a reforzar la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. La iniciativa fue sometida formalmente a consideración de la Cámara en la sesión plenaria número 203 de la XV Legislatura.

El decreto contemplaba, entre otras disposiciones, la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2030 de determinados procedimientos de desahucio de personas vulnerables sin alternativa habitacional cuando las viviendas pertenecieran a las entidades previstas en la norma. También incorporaba cambios en materia de arrendamientos y mecanismos para contener las actualizaciones de algunas rentas.

PP, Vox y Junts rechazaron los decretos, lo que dejó al Ejecutivo sin los votos necesarios para mantener las medidas. El resultado evidenció nuevamente la dependencia parlamentaria del Gobierno respecto de partidos que no forman parte de la coalición y cuyos votos resultaban necesarios para aprobar buena parte de su programa legislativo.

La pérdida del respaldo de Junts resultó determinante. La formación catalana había sido uno de los partidos necesarios para la investidura de Sánchez y para distintas votaciones durante la legislatura, pero sus diferencias con el Ejecutivo fueron reduciendo el margen parlamentario del Gobierno.

Tras la votación del viernes, Sánchez abrió un periodo de consultas durante el fin de semana con integrantes de su Gobierno y dirigentes del PSOE antes de adoptar la decisión definitiva de acudir anticipadamente a las urnas.

La vivienda se había convertido además en uno de los principales focos de presión social sobre el Gobierno y las administraciones territoriales. Las protestas por los precios de los alquileres, los desahucios y las dificultades de acceso a una vivienda habían aumentado la presión política para adoptar nuevas medidas.

Los datos oficiales muestran la magnitud del incremento de los precios. El Índice de Precios de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística registró en el segundo trimestre de 2026 un aumento interanual del 12,2%. En las viviendas nuevas el incremento fue del 7,4%, mientras que las de segunda mano subieron un 12,9%. Frente al trimestre inmediatamente anterior, el precio general de la vivienda aumentó un 3,4%.

La situación se convirtió en un problema político para el Ejecutivo porque coincidió con un nuevo aumento del costo de vida. El indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo correspondiente a septiembre situó la inflación anual española en el 4,9%, seis décimas por encima del 4,3% registrado en agosto. La inflación subyacente se ubicó en el 3,1%.

El Gobierno había incorporado precisamente ese escenario inflacionario entre las razones para aprobar medidas extraordinarias sobre los alquileres. El Real Decreto-ley 26/2026 señalaba que la inflación acumulaba seis meses con aumentos interanuales superiores al 3% y vinculaba parte de las presiones sobre los precios con los conflictos internacionales.

El deterioro de la capacidad del Gobierno para aprobar iniciativas en el Congreso se sumó a otro problema político: los Presupuestos Generales del Estado. España llegó a 2026 con cuentas prorrogadas.

El Consejo de Ministros había aprobado el 23 de diciembre de 2025 los criterios para aplicar durante 2026 la prórroga de los presupuestos vigentes, mecanismo previsto cuando no existe una nueva ley presupuestaria al comenzar el ejercicio.

La ausencia de nuevas cuentas se convirtió en una muestra de las dificultades del Ejecutivo para reunir los apoyos parlamentarios necesarios en una Cámara en la que PSOE y Sumar no disponían por sí solos de mayoría suficiente.

El adelanto electoral, por tanto, no se produce en medio de una recesión económica. Los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística muestran que el Producto Interno Bruto español creció un 0,7 % durante el segundo trimestre de 2026 frente al trimestre anterior y un 2,6 % en términos interanuales.

El mercado laboral también presentaba cifras de crecimiento del empleo. España alcanzó 22.779.000 ocupados durante el segundo trimestre, 486.000 más que tres meses antes. El desempleo disminuyó en 213.300 personas y quedó en 2.495.300, mientras la tasa de paro bajó al 9,87 %.

De esta manera, las presiones económicas que acompañaron la convocatoria estuvieron concentradas principalmente en la inflación y en el acceso a la vivienda, mientras los indicadores generales de actividad y empleo continuaban mostrando crecimiento.

A las dificultades parlamentarias y sociales se sumó durante la legislatura la confrontación política alrededor de distintos procedimientos judiciales y señalamientos que afectaron al PSOE y al entorno del presidente.

Estos asuntos fueron utilizados por la oposición para aumentar la presión sobre Sánchez y exigir durante meses la convocatoria de elecciones.

La existencia de investigaciones o procedimientos judiciales, sin embargo, no equivale a una declaración de responsabilidad penal de las personas involucradas.

La política migratoria también se convirtió en otro frente para el Ejecutivo después de la crisis registrada en Ceuta a finales de julio.

El propio Sánchez reconoció públicamente en septiembre que los días 30 y 31 de julio se produjo una entrada extraordinaria de migrantes en la ciudad autónoma y que durante esos acontecimientos se registraron más de 141 muertes en las costas de Ceuta y en la frontera con Marruecos.

El Ejecutivo llegó así a octubre sometido simultáneamente a una fragmentación parlamentaria que dificultaba la aprobación de leyes, una crisis de vivienda reflejada en el aumento de precios y en las protestas, inflación cercana al 5 %, falta de nuevos presupuestos, controversias judiciales alrededor del entorno político socialista y una confrontación creciente con PP y Vox.

Sánchez, no obstante, centró su declaración institucional en el bloqueo político y en la necesidad de que los electores definan el rumbo del país.
“Ha llegado, por tanto, el momento de que los españoles y las españolas decidáis qué futuro queréis para sí mismos y para su país”, afirmó el presidente.

El mandatario también situó la convocatoria en un escenario internacional marcado, según su declaración, por tensiones comerciales, crisis energéticas, guerras en Europa y Oriente Medio, emergencia climática y cambios tecnológicos relacionados con la inteligencia artificial.

La convocatoria abre una campaña en la que Pedro Sánchez volverá a encabezar al PSOE frente al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y Vox, dirigido por Santiago Abascal.

El escenario de la izquierda situada fuera del PSOE presenta mayores interrogantes después de las divisiones que han atravesado ese espacio político durante la legislatura.

El calendario electoral comienza formalmente este martes 6 de octubre con la publicación del decreto en el BOE y la apertura del plazo para solicitar el voto por correo.

Los partidos que pretendan presentarse en coalición tendrán hasta el 16 de octubre para comunicarlo. La presentación de candidaturas se realizará entre el 21 y el 26 de octubre y la campaña comenzará el 13 de noviembre. El 28 será la jornada de reflexión y los españoles acudirán a las urnas el domingo 29 de noviembre de 2026.

La decisión pone fin anticipadamente a la XV Legislatura y devuelve a los ciudadanos la definición de las mayorías del Congreso y del Senado. El resultado determinará si Sánchez consigue un nuevo mandato y reconstruye una mayoría parlamentaria o si España cambia de Gobierno después de más de ocho años desde la llegada del dirigente socialista a la Presidencia en junio de 2018.

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