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Caso UNGRD: Corte Suprema niega libertad a Wadith Manzur y Karen Manrique

Corte Suprema niega libertad por vencimiento de términos a Wadith Manzur y Karen Manrique, procesados por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Wadith Manzur y Karen Manrique piden posesionarse virtualmente
Por Agencia Periodismo Investigativo | Jue, 19/11/2026 - 19:57 Créditos: Wadith Manzury Karen Manrique. X @CamaraColombia y @wmanzur

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia negó la libertad provisional por vencimiento de términos a los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte, procesados por el delito de cohecho impropio dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La decisión establece que el plazo legal para instalar la audiencia pública puede extenderse hasta el 26 de mayo de 2027, debido a una prueba que debe practicarse en el exterior.

La determinación quedó consignada en el auto AEP 164-2026, del 18 de noviembre de 2026, con ponencia de la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa. La providencia, aprobada mediante el Acta 105, resolvió conjuntamente las solicitudes presentadas por los abogados de ambos congresistas, quienes permanecen privados de la libertad desde el 12 de marzo de este año.

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La Corte concluyó que todavía no se cumplen los requisitos contemplados en el numeral quinto del artículo 365 de la Ley 600 de 2000 para ordenar su excarcelación. La controversia se concentró en la fecha en la que quedó ejecutoriada la resolución de acusación y en la ampliación del término legal por la práctica de pruebas fuera de Colombia.

Los defensores sostuvieron que habían transcurrido más de seis meses desde que quedó en firme la acusación, sin que se hubiera instalado la audiencia pública del juicio. Según su interpretación, la decisión adquirió firmeza el 12 de mayo de 2026 y, por consiguiente, el término legal había expirado el 12 de noviembre.

Sin embargo, la Sala Especial de Primera Instancia estableció que la fecha correcta era el 26 de mayo de 2026, cuando se resolvió el último recurso pendiente contra la providencia que confirmó la acusación.

El recurso de reposición estaba relacionado con la negativa de sustituir la medida de aseguramiento de Karen Manrique por detención domiciliaria. Aunque la controversia se refería a la situación particular de la congresista, la Sala rechazó la posibilidad de considerar que existieran fechas diferentes de ejecutoria dentro de la misma actuación procesal.

En consecuencia, la Corte determinó que el término ordinario de seis meses solo se cumpliría el próximo 26 de noviembre, ocho días después de la providencia que negó las solicitudes de libertad.

Además, los magistrados identificaron una circunstancia que modifica el plazo aplicable al proceso. Durante la etapa preparatoria se decretó el testimonio de Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), quien se encuentra asilado en Nicaragua y está vinculado a las investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación de la UNGRD.

La declaración del exfuncionario fue considerada una prueba que debe practicarse en el exterior. Bajo las disposiciones de la Ley 600 de 2000 y la jurisprudencia penal, esta circunstancia permite ampliar hasta por seis meses adicionales el término previsto para la instalación de la audiencia pública.

La Sala precisó que la posibilidad de recibir el testimonio mediante herramientas tecnológicas no elimina la condición de prueba en el exterior. También señaló que la existencia de recursos pendientes contra el decreto de esa diligencia no impide aplicar la ampliación del término en las condiciones examinadas.

De esta manera, el plazo considerado por la Corte es de hasta doce meses, contados desde el 26 de mayo de 2026, y se extendería hasta el 26 de mayo de 2027.

La providencia establece que, al momento de resolver las solicitudes, no se había configurado la causal de libertad por vencimiento de términos invocada por las defensas. Por esa razón, los magistrados no entraron a examinar otras circunstancias contempladas en la legislación para establecer si procedía la excarcelación.

La determinación no constituye una sentencia sobre la responsabilidad penal de los congresistas. El proceso continúa en la etapa de juzgamiento y ambos mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una decisión condenatoria en firme.

Contra el auto que negó las solicitudes proceden los recursos de reposición y apelación.

Manzur y Manrique fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario el 11 de marzo de 2026, cuando la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió acusar a cinco congresistas y un excongresista por su presunta participación en un acuerdo para obtener beneficios contractuales a cambio de comprometer sus funciones en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

La decisión fue anunciada después de una sesión extraordinaria en la que los magistrados examinaron los elementos probatorios recopilados sobre las actuaciones de los integrantes de esa comisión durante el segundo semestre de 2023.

Según informó oficialmente la Corte Suprema, los congresistas habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda para emitir conceptos sobre operaciones de crédito público que interesaban al Gobierno nacional. Como contraprestación, se habría acordado impulsar contratos y obras de interventoría de proyectos relacionados con la UNGRD en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar.

En el expediente aparecen tres proyectos asociados con los municipios de Cotorra, en Córdoba; Saravena, en Arauca, y El Carmen de Bolívar, en Bolívar. Las investigaciones se refieren a un presunto acuerdo para favorecer la contratación vinculada con esas iniciativas mientras se tramitaban operaciones de crédito público ante la comisión del Congreso.

Las operaciones de crédito eran sometidas a consideración de los legisladores que integraban la comisión, encargada de emitir conceptos dentro del procedimiento establecido para determinadas operaciones financieras de la Nación.

La investigación judicial busca establecer si los congresistas comprometieron el ejercicio de sus funciones mediante la aceptación de ofrecimientos de funcionarios del Ejecutivo, relacionados con la asignación de proyectos financiados con recursos públicos.

El delito atribuido a los procesados es cohecho impropio, previsto en el Código Penal colombiano. La acusación corresponde a las conductas que, según la Sala de Instrucción, pudieron cometer los legisladores durante las reuniones y actuaciones investigadas.

En la decisión del 11 de marzo también fueron acusados Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. La Corte dispuso que estos cuatro procesados continuaran en libertad, mientras que contra Manzur y Manrique ordenó la medida de aseguramiento privativa de la libertad.

La actuación judicial incluyó el estudio de documentos, reuniones y elementos probatorios relacionados con los presuntos ofrecimientos realizados a los congresistas. La Sala Especial de Instrucción concluyó que existían fundamentos para llevar a juicio a los seis implicados por el delito de cohecho impropio.

Wadith Manzur llegó al Congreso por el Partido Conservador y ha desarrollado su actividad política en el departamento de Córdoba. Karen Manrique fue elegida representante a la Cámara por una de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, correspondientes a las curules creadas para la representación de víctimas del conflicto armado.

Ambos obtuvieron nuevamente una curul en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, tres días antes de la decisión judicial que ordenó su detención.

Posteriormente, la Corte examinó los recursos y las solicitudes presentadas por las defensas contra la acusación y las medidas restrictivas de la libertad. El trámite incluyó controversias sobre la integración de la Sala de Instrucción, las decisiones adoptadas contra los procesados y la petición de detención domiciliaria formulada en favor de Karen Manrique.

El 30 de abril de 2026 se conoció una decisión que mantuvo la acusación contra los seis implicados, después de que la Sala de Instrucción rechazara solicitudes de nulidad y recusaciones presentadas durante el trámite.

La resolución de acusación quedó definitivamente ejecutoriada el 26 de mayo, fecha que ahora constituye el punto de partida para el cálculo del término examinado por la Sala Especial de Primera Instancia.

El caso contra los congresistas forma parte de las investigaciones originadas por las presuntas irregularidades en la administración y contratación de la UNGRD, que inicialmente se hicieron públicas a raíz de la adquisición de carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira.

Las actuaciones judiciales derivadas de ese escándalo se extendieron a otros contratos, proyectos de infraestructura y presuntos acuerdos entre funcionarios del Gobierno y dirigentes políticos. Entre los nombres vinculados a las investigaciones aparecen el exdirector de la UNGRD Olmedo López Martínez y el exsubdirector para el Manejo de Desastres Sneyder Pinilla Álvarez, cuyas declaraciones han sido incorporadas a distintas líneas de investigación.

Los expedientes también han incluido actuaciones relacionadas con antiguos funcionarios de los ministerios de Hacienda y del Interior, así como con el exdirector del Dapre Carlos Ramón González.

Precisamente, la declaración de González adquirió relevancia en el trámite judicial contra Manzur y Manrique porque su ubicación en Nicaragua exige practicar la diligencia fuera del territorio colombiano.

El exdirector del Dapre ha sido mencionado dentro de las investigaciones por presuntas gestiones relacionadas con la asignación de contratos y recursos de la UNGRD. Su situación judicial corresponde a actuaciones distintas del proceso que actualmente enfrentan los seis congresistas acusados.

El testimonio decretado por la Sala Especial de Primera Instancia forma parte de las pruebas previstas para el juicio contra los legisladores.

La Corte mantiene a su cargo la definición de la responsabilidad penal de Manzur, Manrique y los demás acusados, a partir de las pruebas incorporadas al expediente y de las actuaciones correspondientes a la etapa de juzgamiento.

Por ahora, la providencia del 18 de noviembre mantiene vigentes las medidas de aseguramiento que pesan sobre Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte. La negativa de la libertad por vencimiento de términos se fundamentó en la fecha de ejecutoria de la acusación y en la ampliación legal derivada del testimonio que debe practicarse en Nicaragua.

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