México se aparta de resolución de la OEA que exige elecciones y liberación de presos en Nicaragua

México decidió no acompañar la resolución aprobada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre Nicaragua, mediante la cual se exige al Gobierno nicaragüense adoptar medidas para restablecer el orden democrático, liberar a los presos políticos, recuperar las libertades civiles y establecer condiciones para la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas.

El representante de México ante la OEA, Alejandro Encinas, comunicó la posición de su país frente al documento aprobado este viernes y manifestó que el Gobierno mexicano rechaza que la situación interna de Nicaragua sea considerada un asunto que pueda poner en riesgo la seguridad hemisférica.

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México señaló que no respaldará procesos mediante los cuales una situación relacionada con derechos humanos pueda ser trasladada al ámbito de la seguridad regional.

Encinas también expresó el rechazo de su país a cualquier intento de intervención extranjera en Nicaragua y sostuvo que la vía debe concentrarse en el diálogo, el desarrollo y la cooperación.

La resolución aprobada por la OEA lleva por título “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua” y contiene una serie de requerimientos dirigidos a las autoridades nicaragüenses relacionados con derechos humanos, institucionalidad, libertades públicas, elecciones, nacionalidad, propiedades confiscadas y funcionamiento de organizaciones y medios de comunicación.

Entre las medidas contempladas se encuentra la liberación incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos. El documento también exige que las autoridades informen de manera inmediata sobre el paradero y el estado de las personas sometidas a desaparición forzada.

La resolución solicita, además, que se restituya la nacionalidad, el acceso a los registros civiles y los derechos correspondientes a las personas que fueron privadas de su nacionalidad. La disposición incluye, entre otros, a líderes religiosos, clérigos, laicos, periodistas y defensores de derechos humanos.

El texto establece que esas personas deben tener la posibilidad de regresar de manera segura y voluntaria a Nicaragua sin temor a represalias. La medida hace parte de las acciones solicitadas para recuperar derechos que, de acuerdo con la resolución, fueron retirados de manera arbitraria.

Otro de los puntos exige el restablecimiento de las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica. La OEA también pide que medios de comunicación independientes, organizaciones de la sociedad civil, universidades, empresarios y otras organizaciones del sector privado que fueron disueltas puedan reanudar sus actividades.

El documento solicita que esas organizaciones recuperen su condición jurídica, instalaciones, bienes y otros activos. La resolución incorpora esta petición dentro de las medidas que las autoridades nicaragüenses deben adoptar para restablecer el espacio cívico y poner fin a las represalias.

En materia institucional, el texto demanda recuperar la independencia de las instituciones estatales, la separación de poderes y el pluralismo político. Para ello plantea la revocación de disposiciones constitucionales y legales aprobadas, especialmente durante 2025 y 2026, que afecten esas garantías o derechos protegidos por instrumentos internacionales.

La resolución también dedica uno de sus puntos al sistema electoral. La OEA insta a Nicaragua a establecer las condiciones necesarias para realizar elecciones libres, justas e inclusivas, mediante el restablecimiento de los derechos políticos, una administración electoral independiente y una observación internacional considerada creíble.

El documento contempla igualmente medidas relacionadas con las propiedades y bienes confiscados. Solicita proporcionar recursos efectivos, respetando el debido proceso, frente a las incautaciones efectuadas a personas, empresas, organizaciones, instituciones religiosas, medios de comunicación e instituciones académicas nicaragüenses y extranjeras.

La resolución establece que debe priorizarse la restitución de esos bienes y propiedades. Cuando su devolución no sea posible, plantea que se otorgue una compensación adecuada y efectiva.

Otro de los apartados pide interrumpir actividades desarrolladas con apoyo internacional en materia de seguridad, suministro de tecnología e intercambio de información cuando estas faciliten labores de vigilancia, represión interna o violaciones de derechos humanos.

También solicita impedir la presencia de personal internacional asociado con actividades ilícitas que, en ese contexto, puedan afectar los derechos humanos y la estabilidad.

Para hacer seguimiento a la situación de Nicaragua, la resolución contempla la creación de un Grupo Ministerial de Seguimiento. La instancia tendrá como función buscar un diálogo directo con las autoridades nicaragüenses y mantener contactos con sectores de la oposición, representantes de la sociedad civil y nicaragüenses en el exilio.

El Grupo Ministerial deberá presentar, en un plazo máximo de 60 días contado desde la aprobación de la resolución, recomendaciones sobre posibles acciones diplomáticas y jurídicas. Las medidas que sean propuestas no deberán implicar el uso de la fuerza y serán sometidas a consideración de la Reunión de Consulta.

El proyecto contó con el copatrocinio de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú y República Dominicana.

La resolución fue adoptada en medio de los cuestionamientos contenidos en el propio documento sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas de Nicaragua, las reformas constitucionales impulsadas por las autoridades y la situación electoral del país.

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