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Consejo de Estado ordena a Gustavo Petro borrar 12 publicaciones contra el registrador Hernán Penagos
Consejo de Estado ordenó a Gustavo Petro borrar 12 publicaciones contra Hernán Penagos por acusaciones de fraude electoral sin pruebas.
El Consejo de Estado ordenó al expresidente Gustavo Petro retirar 12 publicaciones de su cuenta en la red social X en las que señaló al registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, y a la Registraduría Nacional de estar involucrados en un supuesto fraude durante las elecciones presidenciales de 2026. La decisión judicial amparó los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del funcionario, así como el derecho al buen nombre de la entidad electoral, y estableció un plazo de cinco días, contados a partir de la notificación del fallo, para eliminar los mensajes.
La determinación fue adoptada por la Sección Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado, al resolver en primera instancia una acción de tutela presentada por Penagos, quien acudió a la justicia en nombre propio y en representación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La providencia contó con ponencia del magistrado Nicolás Yepes Corrales y examinó las afirmaciones realizadas por Petro cuando todavía ejercía la Presidencia de la República.
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La alta corte estableció que las publicaciones atribuyeron al registrador responsabilidades relacionadas con un supuesto fraude electoral sin que existieran elementos probatorios que demostraran su participación en esas conductas. También determinó que las acusaciones sobre la presunta comisión de delitos afectaron los derechos fundamentales reclamados por el funcionario.
La orden comprende 12 mensajes difundidos entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026, periodo durante el cual se desarrollaron las elecciones presidenciales y sus resultados fueron objeto de cuestionamientos por parte del entonces mandatario. Las publicaciones incluían señalamientos sobre el funcionamiento del software electoral, el procesamiento de los votos, la seguridad de los sistemas informáticos y presuntas irregularidades en los procedimientos utilizados por la Registraduría.
El Consejo de Estado también dispuso que Petro retire, de cualquier cuenta o medio de comunicación que administre, las manifestaciones que realizó sobre esas mismas acusaciones durante un consejo de ministros celebrado el 14 de julio de 2026. En esa intervención, el entonces presidente se refirió a presuntas irregularidades en la organización y el desarrollo del proceso electoral y formuló señalamientos contra el registrador.
La providencia establece, además, que el expresidente deberá abstenerse de atribuir a Hernán Penagos la comisión de fraude electoral u otras conductas delictivas sin que exista una decisión judicial ejecutoriada que respalde esas afirmaciones. La misma orden se extiende a los señalamientos contra la Registraduría Nacional del Estado Civil como presunta responsable de realizar, facilitar o participar en un fraude electoral.
La controversia judicial surgió después de que Petro publicara varios mensajes en los que cuestionó la transparencia del proceso electoral de 2026. Entre sus afirmaciones, sostuvo que existían irregularidades relacionadas con la trazabilidad de la información electoral, los formularios E-14 y los programas informáticos utilizados para el procesamiento de los resultados.
El exmandatario también cuestionó las condiciones de acceso al código fuente del software electoral y señaló presuntas inconsistencias en la información divulgada por las autoridades encargadas de las votaciones. Esas manifestaciones fueron difundidas desde su cuenta personal de X, que cuenta con millones de seguidores, y algunas hicieron referencia directa a actuaciones de Hernán Penagos.
Dentro de los mensajes examinados figuraban afirmaciones sobre una supuesta manipulación de resultados y cuestionamientos a la actuación del registrador durante las elecciones presidenciales que concluyeron con la victoria de Abelardo de la Espriella frente a Iván Cepeda.
La acción de tutela fue presentada el 29 de septiembre de 2026. Penagos manifestó que las declaraciones de Petro no se limitaron a cuestionar su gestión administrativa o el funcionamiento de la Registraduría, sino que le atribuyeron directamente la comisión de conductas delictivas sin que existiera una decisión de las autoridades competentes que estableciera su responsabilidad.
El registrador había solicitado previamente al exmandatario que rectificara sus afirmaciones. Según los antecedentes del expediente, el requerimiento fue presentado el 6 de agosto de 2026, un día antes de la terminación del periodo presidencial de Petro, sin que se produjera la rectificación solicitada.
En la tutela, Penagos sostuvo que los mensajes afectaban su reputación personal y profesional, además de comprometer el buen nombre de la institución que dirige. También expuso que las publicaciones continuaban disponibles para los usuarios de la red social y mantenían los señalamientos relacionados con el supuesto fraude.
El Consejo de Estado admitió la acción constitucional mediante un auto del 30 de septiembre de 2026, identificado con el radicado 11001-03-15-000-2026-07952-00. En esa actuación quedó establecido que Penagos reclamaba la protección de sus derechos a la honra, al buen nombre y a la rectificación en condiciones de equidad, además del derecho al buen nombre de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
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