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Caso Miguel Uribe Turbay: Tarazona exige aclarar el papel del hijo de crianza de Sandra Ramírez
María Claudia Tarazona pidió a la Fiscalía aclarar si Sandra Ramírez conocía el presunto plan de su hijo de crianza para asesinar a Miguel Uribe Turbay.
María Claudia Tarazona, viuda del senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, pidió a la Fiscalía General de la Nación esclarecer si la excongresista Sandra Ramírez tenía conocimiento de la presunta participación de Enrique Marulanda, hijo biológico del antiguo jefe de las Farc Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, e hijo de crianza de Ramírez, en la organización del asesinato de su esposo. La declaración se produjo este martes 17 de noviembre, durante un encuentro sobre seguridad celebrado en Bogotá, en el que también cuestionó los resultados de las investigaciones sobre los responsables de ordenar el magnicidio.
Tarazona aseguró que tiene en su poder información que también habría sido entregada a la Fiscalía y en la que se señala a Enrique Marulanda como uno de los presuntos responsables de impartir instrucciones para ejecutar el atentado contra el dirigente del Centro Democrático, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.
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“En otra información que llega a la Fiscalía y que tengo en mi poder, dice que una persona llamada Enrique Marulanda, que es el hijo de Sandra Ramírez, quien también hacía parte del grupo político Comunes, y también hijo de alias Tirofijo, había dado la orden de matar a Miguel”, manifestó Tarazona.
Posteriormente, se refirió al eventual conocimiento que habría tenido la exsenadora sobre las actuaciones atribuidas a su hijo de crianza y solicitó una respuesta del organismo investigador.
“¿Enrique Marulanda, hijo de Sandra Ramírez y Tirofijo, va a dar la orden de matar a Miguel sin que su mamá supiera? Es una pregunta que la Fiscalía nos tiene que responder”, declaró.
La afirmación corresponde a los señalamientos formulados por la viuda del dirigente político. Hasta el momento, no se conoce una decisión judicial que establezca que Sandra Ramírez conoció, autorizó o participó en la planeación del homicidio.
Las declaraciones se producen después de que, el pasado 11 de noviembre, se conociera que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa relacionada con Sandra Ramírez y otros antiguos integrantes del partido Comunes, entre ellos el exrepresentante a la Cámara Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarcá.
La actuación judicial tuvo como antecedente la remisión de información por parte de la Fiscalía, después de que Tarazona entregara elementos que, según su versión, relacionarían a antiguos integrantes de las Farc con decisiones adoptadas para ejecutar el crimen. La apertura de una indagación previa no constituye una declaración de responsabilidad penal.
El 10 de noviembre también se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había solicitado información a la Fiscalía y a la Corte Suprema sobre posibles investigaciones o elementos relacionados con Sandra Ramírez y el asesinato del senador. La actuación buscaba establecer el estado de las diligencias adelantadas por las autoridades ordinarias.
Los señalamientos contra Enrique Marulanda habían sido expuestos públicamente por Tarazona desde octubre de 2026, cuando mencionó la existencia de información sobre una explotación minera ilegal que estaría ubicada en Vaupés o Guainía.
En esa oportunidad, aseguró que Marulanda estaría encargado de administrar y custodiar una mina presuntamente vinculada a Gener García Molina, alias Jhon 40, uno de los integrantes de la Segunda Marquetalia investigados por el magnicidio.
De acuerdo con las declaraciones de Tarazona, Enrique Marulanda habría participado en la coordinación de la orden material del atentado. Sin embargo, distinguió esa eventual intervención de la responsabilidad de quienes habrían tomado la decisión inicial de asesinar al senador.
La Fiscalía incluyó a Alberto Cruz Lobo, identificado con el alias de Enrique Marulanda, entre los integrantes de la Segunda Marquetalia requeridos judicialmente dentro de la investigación por el homicidio.
El 24 de marzo de 2026, el organismo investigador anunció órdenes de captura contra integrantes del estado mayor de esa organización armada, entre ellos Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y otros integrantes de su estructura. También informó sobre un requerimiento judicial contra Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, señalado como presunto responsable de actividades relacionadas con la planeación, coordinación y financiación del crimen.
En noviembre, un juzgado de Bogotá autorizó el emplazamiento de siete integrantes de la Segunda Marquetalia, entre los que aparecen Iván Márquez, Zarco Aldinever, Yako, Jhon 40, Rumba, Enrique Marulanda y Gonzalo. La medida forma parte de las actuaciones dirigidas a lograr su comparecencia ante la justicia.
Durante su intervención, María Claudia Tarazona manifestó que las capturas, condenas y actuaciones adelantadas contra personas relacionadas con la ejecución del atentado no han permitido esclarecer satisfactoriamente quiénes habrían tomado la decisión de asesinar a su esposo.
La viuda del senador sostuvo que la Segunda Marquetalia habría participado en la organización, coordinación logística y financiación del homicidio, pero afirmó que los responsables intelectuales serían otras personas.
“Los determinadores de Miguel no fueron la Segunda Marquetalia. Ellos fueron organizadores materiales y articuladores”, aseguró.
En sus declaraciones también señaló directamente al expresidente Gustavo Petro y a Nicolás Maduro, a quienes atribuyó presuntamente la responsabilidad de haber ordenado el asesinato. Se trata de acusaciones formuladas por Tarazona que no cuentan con una decisión judicial que las confirme.
La viuda aseguró que las investigaciones, según su interpretación, apuntarían hacia ambos dirigentes. No obstante, la información judicial conocida hasta ahora no permite establecer como hecho probado que Petro o Maduro hayan impartido instrucciones para ejecutar el atentado.
Tarazona también cuestionó la política de paz total impulsada durante el Gobierno de Gustavo Petro. Afirmó que, bajo esa estrategia, se habrían otorgado beneficios a organizaciones armadas que continuaron desarrollando actividades criminales en distintas regiones del país.
En su intervención relacionó esos cuestionamientos con la presencia y las actuaciones de estructuras disidentes de las antiguas Farc, particularmente la Segunda Marquetalia, cuyos integrantes figuran entre los investigados por el homicidio de Uribe Turbay.
La viuda también hizo referencia a mensajes y publicaciones difundidos durante 2023, 2024 y parte de 2025 por el entonces presidente Petro, en los que, según afirmó, se habrían formulado señalamientos contra su esposo. Tarazona sostuvo que esas expresiones contribuyeron a generar un ambiente de confrontación política alrededor del senador.
Otro de los elementos mencionados fueron unas conversaciones que, de acuerdo con su versión, contendrían referencias a una supuesta orden relacionada con antiguos congresistas del partido Comunes.
En octubre, la Fiscalía informó que adelantaba actividades de policía judicial para verificar el origen y la autenticidad de información suministrada por Tarazona. Entre los elementos examinados se encontraba un correo electrónico enviado el 3 de septiembre de 2026 con datos que habrían sido proporcionados por una persona cuya identidad no había sido establecida públicamente.
Posteriormente, la Fiscalía remitió copias del expediente a la Corte Suprema de Justicia para que examinara la información relacionada con antiguos congresistas. En una comunicación institucional, el ente acusador señaló que mantenía activa la investigación y que trabajaba sobre los elementos aportados.
La investigación por el magnicidio también ha producido condenas contra varios de los participantes en la ejecución y coordinación del atentado.
Entre los sentenciados se encuentran personas que intervinieron en el traslado del arma, la selección del adolescente que disparó contra el senador, la coordinación de los movimientos previos al ataque y otras actividades relacionadas con el homicidio.
El menor de edad que accionó el arma fue sancionado conforme al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Asimismo, la justicia ordinaria dictó condenas contra adultos vinculados con la estructura que preparó y ejecutó el crimen.
Entre ellos figuran Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, condenado a 26 años y tres meses de prisión, y William Fernando González Cruz, alias El Hermano, sentenciado a 21 años y nueve meses, después de que una jueza avalara los preacuerdos celebrados con la Fiscalía en julio de 2026.
Las autoridades también han adelantado actuaciones contra integrantes de la cadena de coordinación que habría conectado a los ejecutores del atentado con miembros de la Segunda Marquetalia.
Miguel Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio de 2025 mientras participaba en una actividad política en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en Bogotá. Un adolescente de 15 años le disparó en repetidas ocasiones y le ocasionó heridas de gravedad.
El senador fue trasladado a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde permaneció hospitalizado durante más de dos meses. Falleció el 11 de agosto de 2025, a los 39 años, como consecuencia de las lesiones sufridas durante el atentado.
Uribe Turbay era senador del Centro Democrático y aspiraba a la candidatura presidencial para las elecciones de 2026. Su asesinato dio lugar a investigaciones sobre las personas que ejecutaron el ataque, los encargados de su organización y quienes habrían financiado u ordenado la operación criminal.
En medio de sus cuestionamientos, María Claudia Tarazona reveló que recientemente viajó a Europa para solicitar acompañamiento internacional en el esclarecimiento del caso.
Según explicó, estuvo en Bruselas, Bélgica, donde acudió al Parlamento Europeo, y posteriormente en España, donde sostuvo encuentros con organizaciones internacionales para exponer las circunstancias del asesinato y solicitar garantías para continuar con la búsqueda de los responsables.
El 10 de noviembre presentó en el Parlamento Europeo la Fundación Miguel Uribe Turbay, una iniciativa dedicada, entre otros propósitos, a la protección de niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y a la prevención del reclutamiento de menores por organizaciones armadas.
La viuda manifestó que considera insuficientes los resultados conocidos hasta ahora y reiteró que su principal reclamación se concentra en el esclarecimiento de la responsabilidad de quienes habrían ordenado el magnicidio.
“Tenemos que llegar a las últimas consecuencias de quién dio la orden de ejecutar a Miguel y de acabar con su vida. Solo así vamos a evitar que un nuevo magnicidio suceda”, afirmó.
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