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La Unión Internacional de Magistrados expulsa a organismo de México por apoyar la elección de jueces
En una determinación adoptada en el marco de su asamblea anual, el organismo global concluyó que la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de México vulneró las normas de apoliticidad.
La asamblea general de la Unión Internacional de Magistrados (UIM) aprobó la separación definitiva de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB). La decisión se adoptó durante la sesión número 68 de la entidad, tras determinar que la agrupación azteca incumplió los preceptos estatutarios que exigen autonomía frente a los poderes del Estado e imparcialidad política a todas sus dependencias asociadas.
El proceso de votación confidencial contó con la participación de 70 delegaciones internacionales, registrando un total de 53 sufragios favorables a la desvinculación, 13 posturas en contra y cuatro abstenciones. Al prescindir de las abstenciones en el recuento final, la medida punitiva alcanzó aproximadamente un 80 % del respaldo de los representantes votantes presentes en la jornada.
La controversia se originó a mediados de 2024, cuando la entidad mexicana expresó públicamente su respaldo a la reestructuración del sistema de justicia promovida por el Poder Ejecutivo de ese país. La reforma constitucional aprobada en septiembre de ese mismo año estableció la selección de jueces y magistrados mediante el voto libre de la ciudadanía, aspecto que motivó la apertura de un expediente disciplinario por parte de los comités del organismo internacional.
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De acuerdo con las evaluaciones elaboradas por la comisión de revisión (integrada por relatores de Argentina y España), la posición de la CONATRIB validó un mecanismo de selección que contraviene la designación por mérito profesional y la carrera judicial. Los dictámenes concluyeron que la organización avaló procesos que comprometen la inamovilidad de los cargos y la imparcialidad del ejercicio jurisdiccional.
Durante las deliberaciones previas al fallo, delegados de Costa Rica, Chile, Francia y Argentina cuestionaron la gestión de la directiva mexicana, encabezada por el magistrado Rafael Guerra Álvarez. Portavoces de la judicatura internacional enfatizaron que la salvaguarda de la autonomía judicial no permite concesiones ni negociaciones frente a las presiones o reformas promovidas desde los sectores políticos.
En el marco del debate, se controvirtieron las versiones oficiales sobre el alcance real de las desvinculaciones laborales derivadas de la modificación legal. Citando registros del órgano electoral mexicano, la representación de la UIM indicó que la aplicación de la norma significó el cese de más de 2.600 servidores judiciales, entre jueces y magistrados de orden federal y local en cerca de 19 entidades del país.
Tras conocerse el dictamen de la asamblea internacional, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) emitió un pronunciamiento de respaldo a la exclusión. La agrupación de juzgadores federales consideró que la sanción convalida sus denuncias sobre la pérdida de garantías de independencia para los ciudadanos.
Desde el organismo global fundado en 1953 reiteraron que la protección de la judicatura constituye un pilar esencial para la defensa de los derechos humanos y el equilibrio de poderes. La expulsión de la CONATRIB deja a la representación de los tribunales estatales de México al margen de la mayor red mundial de asociaciones judiciales.
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