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Macabra oferta por redes sociales para menores de edad: $2 millones y armas por ingresar a disidencias de Farc
Modus operandi de sujetos que trabajan para organizaciones criminales.
Un hombre identificado como Juan David Gurrute Luna fue enviado a prisión por su presunta participación en el reclutamiento de dos adolescentes de 14 y 17 años, a quienes habría ofrecido hasta dos millones de pesos, lujos y armas para incorporarse al frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc. Los menores fueron encontrados en un bus intermunicipal interceptado por la Policía Nacional en Popayán, Cauca.
La Fiscalía General de la Nación informó este domingo que el procesado habría utilizado las redes sociales para contactar a los adolescentes en el departamento del Huila y convencerlos de trasladarse al Cauca, donde serían incorporados a la estructura armada ilegal.
De acuerdo con la investigación, Gurrute Luna presuntamente aprovechó las condiciones de vulnerabilidad económica de los menores para ofrecerles remuneraciones de hasta dos millones de pesos, además de bienes materiales y armas.
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Estas promesas habrían sido utilizadas para persuadirlos de abandonar su lugar de residencia y viajar hacia una zona de influencia del grupo armado.
Los hechos se registraron en la madrugada del 18 de octubre, cuando los dos adolescentes abordaron un bus intermunicipal en Pitalito, Huila, con destino al departamento del Cauca.
Según el material probatorio recopilado por las autoridades, el investigado habría organizado el desplazamiento y adquirido los pasajes de los menores.
La intervención de los familiares de uno de los adolescentes permitió alertar a las autoridades. Al conocer que el joven sería entregado a una estructura criminal, sus allegados informaron de la situación a los organismos de seguridad, que iniciaron el seguimiento del vehículo de transporte público.
El bus fue localizado e interceptado en Popayán. Durante la verificación de los pasajeros, los uniformados de la Policía Nacional encontraron a Juan David Gurrute Luna acompañado de los dos adolescentes, sin que pudiera acreditar algún vínculo familiar o legal con ellos.
Las víctimas identificaron al hombre como la persona que las había contactado mediante redes sociales, les había ofrecido dinero y otros beneficios para ingresar al grupo armado y había comprado los tiquetes para realizar el viaje.
Con estos elementos, las autoridades procedieron a capturar al señalado reclutador, mientras que los dos menores quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de adelantar el proceso de restablecimiento de sus derechos.
La Fiscalía estableció como hipótesis investigativa que los adolescentes serían incorporados al autodenominado frente Carlos Patiño, una estructura de las disidencias de las Farc con presencia en el departamento del Cauca.
El caso quedó a cargo de una fiscal de la Seccional Cauca, quien presentó al capturado ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de reclutamiento ilícito.
Durante las audiencias judiciales, Gurrute Luna no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía. Posteriormente, el juez acogió la solicitud de imponerle una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.
La decisión judicial implica que el procesado permanecerá privado de la libertad mientras avanza la investigación penal, sin que esta medida constituya una declaración de culpabilidad.
El delito de reclutamiento ilícito está contemplado en el artículo 162 del Código Penal colombiano, que sanciona el reclutamiento de menores de 18 años y su participación directa o indirecta en las hostilidades o acciones armadas. La legislación colombiana establece una protección especial para los niños y adolescentes frente a su vinculación con organizaciones armadas ilegales.
Esta conducta también está prohibida por las normas del derecho internacional humanitario y los instrumentos internacionales de protección de los derechos de la infancia. El caso ocurrido entre Huila y Cauca evidencia una modalidad de captación investigada por las autoridades: el contacto de menores mediante plataformas digitales y el ofrecimiento de incentivos económicos para promover su incorporación a organizaciones armadas.
La actuación de los familiares y la intervención policial permitieron impedir que los dos adolescentes llegaran al destino previsto por el presunto reclutador. Ambos quedaron a disposición del ICBF para recibir las medidas de protección correspondientes.
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