EE. UU. autoriza a Venezuela pagar defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores en proceso por narcotráfico

El Gobierno de los Estados Unidos autorizó una modificación en el alcance de las sanciones económicas contra Venezuela para permitir que el Ejecutivo de ese país sufrague los gastos de representación legal de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos enfrentan un proceso judicial en una corte de Nueva York por cargos relacionados con el narcotráfico.

La decisión fue formalizada a través de un documento judicial que confirma la emisión de licencias enmendadas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). No obstante, la autorización está sujeta a condiciones específicas: los recursos deben provenir de fondos disponibles para el Gobierno venezolano con fecha posterior al 5 de marzo de 2026 y no pueden ser derivados de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros.

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Este giro en la postura de la administración del presidente Donald Trump ocurre luego de que la defensa, liderada por el abogado Barry Pollack, argumentara que el bloqueo de los pagos vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual garantiza el derecho de todo acusado a elegir su representación legal. Anteriormente, el Departamento de Justicia había bloqueado el acceso a estos recursos alegando razones de seguridad nacional.

Durante una audiencia celebrada el pasado 26 de marzo en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el juez Alvin Hellerstein cuestionó la posición de la Fiscalía. El magistrado señaló que, tras la captura de la pareja en Caracas el pasado 3 de enero y su posterior traslado a una prisión federal en Brooklyn, su situación ya no representaba una amenaza directa para la seguridad nacional que justificara el impedimento del pago de honorarios.

Nicolás Maduro, de 63 años, y Cilia Flores, de 69, se han declarado no culpables de los cargos de conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína. Aunque el pago de la defensa ha sido destrabado, se estima que el juicio formal podría demorar entre uno y dos años en iniciar, mientras continúa la fase de recolección y presentación de pruebas por parte de la Fiscalía y los abogados defensores.

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