Capturan en Estados Unidos a Álvaro Pulido, socio de Álex Saab, por presunta corrupción en Venezuela

El empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, socio comercial de Álex Saab y requerido desde hace varios años por la justicia estadounidense, quedó bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos este domingo, en desarrollo de una investigación por presuntos sobornos a funcionarios del Gobierno venezolano y operaciones de lavado de activos vinculadas con contratos estatales.

La detención fue confirmada por Nicole Navas Oxman, portavoz de la Fuerza de Trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien informó que el procedimiento fue resultado de una investigación conjunta de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

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Pulido, quien había sido acusado formalmente ante tribunales federales de Miami en 2019 y 2021, deberá comparecer el martes 13 de octubre ante un juez de esa ciudad. Las autoridades estadounidenses no precisaron las circunstancias en las que pasó a su custodia ni los detalles del procedimiento mediante el cual fue trasladado desde Venezuela.

El empresario figuraba entre las personas buscadas por las autoridades estadounidenses por su presunta participación en operaciones de corrupción relacionadas con programas de vivienda, alimentación y suministro de medicamentos del Estado venezolano. La DEA y el Departamento de Estado ofrecían una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permitiera su captura.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, se pronunció este domingo sobre el caso y cuestionó el presunto aprovechamiento de programas gubernamentales destinados a atender necesidades de la población venezolana.

Según el funcionario, las conductas atribuidas a Pulido involucraron el uso del sistema financiero estadounidense para obtener beneficios particulares mediante operaciones irregulares.

Blanche también manifestó que el Departamento de Justicia continuará trabajando con organismos de seguridad y autoridades internacionales para llevar ante los tribunales estadounidenses a personas requeridas por delitos de corrupción y otras conductas investigadas por ese país.

La primera acusación federal contra Pulido fue presentada el 25 de julio de 2019 ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida. En ese expediente, el Departamento de Justicia vinculó al colombiano y a Álex Nain Saab Morán con una presunta estructura dedicada a movilizar recursos provenientes de pagos irregulares relacionados con contratos públicos venezolanos.

La investigación estableció como periodo de las operaciones cuestionadas el comprendido entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015. Durante esos años, según la acusación, ambos empresarios habrían participado en mecanismos financieros que permitieron transferir aproximadamente 350 millones de dólares desde Venezuela, utilizando cuentas bancarias estadounidenses y entidades constituidas en el extranjero.

El expediente judicial incluyó ocho cargos: uno por conspiración para cometer lavado de dinero y siete por lavado de activos. La Fiscalía estadounidense sostuvo que los acusados habrían aprovechado el sistema cambiario controlado por el Gobierno venezolano para obtener divisas mediante documentación comercial presuntamente fraudulenta.

Uno de los contratos investigados fue adjudicado en noviembre de 2011 para la construcción de viviendas destinadas a familias de bajos ingresos. De acuerdo con el Departamento de Justicia, los implicados habrían presentado documentos de importación correspondientes a materiales de construcción que, según la acusación, nunca ingresaron a territorio venezolano.

Las autoridades señalaron que funcionarios públicos habrían recibido pagos ilegales para autorizar las operaciones y facilitar el acceso a dólares a tasas preferenciales.

Parte de los recursos, de acuerdo con los documentos judiciales, habría circulado por cuentas del sur de Florida antes de ser transferida a entidades financieras extranjeras controladas por los investigados.

La acusación también identificó reuniones celebradas en Miami durante marzo de 2014 para tratar asuntos relacionados con los presuntos pagos a funcionarios venezolanos.

En los documentos se mencionaron operaciones vinculadas con el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), la Guardia Nacional Bolivariana y la antigua Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

En octubre de 2021, Pulido fue incluido en otra acusación federal relacionada con contratos del programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creado por el Gobierno venezolano para distribuir alimentos y otros productos entre la población.

La nueva investigación judicial involucró al empresario colombiano, identificado también con el nombre de Germán Enrique Rubio Salas y el alias de “Cuchi”, junto con otras cuatro personas señaladas de participar en operaciones financieras vinculadas con contratos presuntamente obtenidos mediante sobornos.

Entre los acusados figuraron el venezolano José Gregorio Vielma Mora, el colombiano Emmanuel Enrique Rubio González, Carlos Rolando Lizcano Manrique y Ana Guillermo Luis. Según la Fiscalía estadounidense, la estructura investigada habría intervenido en la adjudicación y conservación de contratos con precios inflados para el suministro de alimentos y medicamentos.

El caso de los CLAP amplió las investigaciones que ya se adelantaban contra Pulido y Saab, cuyos negocios con entidades venezolanas habían sido objeto de seguimiento por parte de organismos judiciales y financieros estadounidenses.

La acusación de 2021 situó las operaciones investigadas entre julio de 2015 y, por lo menos, 2020. Según la DEA, los implicados habrían recibido aproximadamente 1.600 millones de dólares procedentes de entidades venezolanas y transferido alrededor de 180 millones de dólares a través de cuentas estadounidenses o con destino a ellas.

Los documentos judiciales identificaron movimientos financieros desde bancos ubicados en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y otros territorios. La Fiscalía sostuvo que esos recursos estaban relacionados con contratos cuyos valores habrían sido incrementados artificialmente para financiar sobornos y generar ganancias a los participantes de la presunta estructura.

En ese expediente, cada acusado enfrentaba cinco cargos federales, uno por conspiración para cometer lavado de dinero y cuatro por lavado de activos. La DEA informó que, en caso de condena por todos los delitos imputados, las penas máximas acumuladas podían alcanzar los 100 años de prisión, aunque cualquier sentencia dependería de las decisiones judiciales correspondientes.

La trayectoria judicial de Pulido también incluye su detención en Venezuela durante 2023, cuando las autoridades de ese país desarrollaron una operación contra presuntas irregularidades en Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El procedimiento formó parte de las investigaciones sobre corrupción en la petrolera estatal y otras entidades públicas. En aquel momento, Delcy Rodríguez ejercía como vicepresidenta del Gobierno de Nicolás Maduro y participó en las acciones oficiales relacionadas con el caso.

Pulido permanecía privado de la libertad en Venezuela antes de conocerse su traslado a Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han detallado públicamente el mecanismo jurídico utilizado para recibirlo, por lo que no se ha confirmado oficialmente si el procedimiento correspondió a una extradición formal u otra modalidad de entrega.

La situación se produce bajo el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien asumió la Presidencia de Venezuela después de la operación militar estadounidense que terminó con la salida de Nicolás Maduro del poder en enero de 2026.

Hasta este domingo, las autoridades venezolanas no habían divulgado una explicación oficial sobre la salida de Pulido del país ni sobre eventuales acuerdos de cooperación judicial relacionados con su traslado.

El antecedente más reciente de los procesos contra el entorno empresarial de Maduro corresponde a Álex Saab, quien regresó a Estados Unidos en mayo de 2026 para responder ante la justicia federal.

El 15 de septiembre, Saab se declaró culpable ante la jueza federal Kathleen M. Williams, en Miami, de conspiración para lavar instrumentos monetarios provenientes de una estructura de sobornos y fraude relacionada con contratos públicos de alimentos y medicamentos.

Según el Departamento de Justicia, el empresario admitió haber organizado pagos ilegales a funcionarios venezolanos para favorecer la adjudicación de contratos a sociedades controladas de manera encubierta por los participantes de la operación.

También reconoció la utilización de empresas fachada, facturas falsas y documentos de transporte fraudulentos para ocultar recursos obtenidos mediante las operaciones investigadas.

La Fiscalía estadounidense explicó que el proceso contra Saab fue resultado de una nueva acusación presentada en enero de 2026, después de que el empresario hubiera sido liberado de custodia federal y enviado a Venezuela en diciembre de 2023, durante la Administración de Joe Biden.

El acuerdo de culpabilidad anunciado en septiembre dejó a Saab expuesto a una pena máxima de 20 años de prisión. La fecha de su sentencia todavía no había sido establecida en el comunicado oficial del Departamento de Justicia.

Por su parte, la información divulgada este domingo sobre el proceso de Saab señala que aceptó colaborar con las autoridades estadounidenses y entregar 195 millones de dólares relacionados con las ganancias ilícitas de la operación investigada. Ese monto corresponde a su caso y no debe confundirse con los recursos señalados en las acusaciones contra Pulido.

La comparecencia prevista para el martes en Miami marcará el inicio de las actuaciones judiciales presenciales contra Pulido en Estados Unidos, después de años de requerimientos relacionados con sus actividades empresariales en Venezuela.

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