Víctimas de las Farc rechazan versión de “buen trato” de ‘Timochenko’ a secuestrados

Las declaraciones de Rodrigo Londoño, “Timochenko”, sobre la existencia de directrices de “buen trato” para las personas secuestradas por las antiguas Farc-EP provocaron el rechazo de víctimas que permanecieron durante años en cautiverio y llevaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a precisar que sus decisiones judiciales no avalan esa versión sobre las condiciones de reclusión.

Entre quienes cuestionaron las afirmaciones del excomandante guerrillero están el mayor general Luis Herlindo Mendieta y el coronel Enrique Guillermo Blanco, oficiales de la Policía Nacional capturados durante la toma de Mitú, en noviembre de 1998, y rescatados por las Fuerzas Militares en la Operación Camaleón, en junio de 2010.

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Mendieta rechazó que los años de cautiverio puedan ser descritos bajo la idea de un buen trato y recordó los padecimientos que, según su testimonio, enfrentó mientras estuvo en poder de la organización guerrillera.

“Mi dolor supera todo lo que he leído en estas redes sobre lo reciente revelado de la JEP. Solo Dios sabe que esto que fue revelado, es una cachetada a nuestro cautiverio”, escribió el oficial en su cuenta de X.

En el mismo mensaje se refirió a las condiciones que asegura haber soportado durante el secuestro.
“Casi dos décadas de cadenas, de llagas, de enfermedad, de hambre, de tortura resumidas en una risa perversa”, agregó Mendieta.

El coronel Enrique Guillermo Blanco también reaccionó a las declaraciones de Londoño y cuestionó la distancia entre las disposiciones internas mencionadas por el antiguo jefe guerrillero y las experiencias relatadas por quienes estuvieron privados de la libertad.

“Qué alivio para las víctimas. Debió ser maravilloso estar secuestrado en los campamentos de las FARC. Gracias por la aclaración, Timochenko. Resulta que Colombia había entendido mal el secuestro”, escribió Blanco de manera sarcástica.

El coronel añadió: “Miles de personas arrancadas de sus familias, privadas de la libertad durante meses o años, pero hubo buen trato”.

La controversia surgió por la divulgación de un video de una diligencia reservada de 2019 en la que Rodrigo Londoño se refirió ante la JEP a las instrucciones que, según su versión, existían dentro de las Farc-EP para el manejo de las personas que permanecían secuestradas.

El material fue revelado por la congresista María Clara Posada y muestra al excomandante hablando de criterios internos relacionados con la alimentación y el trato de los cautivos.
“Había unos criterios unitarios de buen trato, buena comida. Incluso, si no había comida para uno, para el que estaba retenido se le debía garantizar la comida.

Esas eran las líneas (…) la comida, el trato. Tortura no, jamás, es que ni internamente, golpear a alguien, las riñas incluso eran sancionadas internamente”, sostuvo Londoño en la grabación.

Las afirmaciones generaron cuestionamientos entre víctimas que han denunciado durante años haber permanecido encadenadas, sometidas a aislamiento, marchas forzadas, enfermedades y falta de atención médica mientras estuvieron en poder de la extinta organización guerrillera.

Ante la reacción provocada por la divulgación del video, la JEP aclaró públicamente el alcance de lo establecido judicialmente en el Caso 01, relacionado con la toma de rehenes y otras graves privaciones de la libertad cometidas por las antiguas Farc-EP.

La jurisdicción explicó que durante sus investigaciones encontró un instructivo interno de la organización que hacía referencia al trato humano de los prisioneros. Sin embargo, precisó que las pruebas recopiladas permitieron establecer que esas disposiciones no fueron aplicadas en la práctica.

Según lo determinado en el Caso 01, los responsables de custodiar a las personas secuestradas contaron con un amplio margen de discrecionalidad sobre las condiciones en las que permanecían los cautivos.

La JEP estableció que durante los secuestros se produjeron torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como hechos de violencia sexual, homicidios y desaparición forzada.

La jurisdicción también recalcó que sus conclusiones no se fundamentaron únicamente en las versiones entregadas por antiguos integrantes de la guerrilla.

Los hallazgos fueron construidos a partir de testimonios de víctimas, pruebas periciales y análisis realizados dentro del proceso judicial.

Como resultado de las investigaciones del Caso 01, la JEP imputó crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad a 63 antiguos integrantes de las Farc, entre ellos los siete miembros del antiguo Secretariado.

El tribunal concluyó que la existencia de disposiciones escritas sobre el tratamiento de los cautivos no significó que estas se cumplieran y estableció que la dirigencia de la organización no impartió órdenes claras destinadas a garantizar condiciones dignas durante las privaciones de la libertad.

La precisión de la JEP buscó diferenciar lo expresado por Londoño durante la diligencia de los hechos que la jurisdicción considera probados dentro del expediente.

De esta manera, la referencia a un reglamento interno que contemplaba determinadas condiciones para los secuestrados no constituye una conclusión judicial de que las víctimas hubieran recibido un “buen trato” durante su cautiverio ni elimina las responsabilidades atribuidas por las conductas documentadas.

Las declaraciones conocidas ahora volvieron a enfrentar la versión expuesta por uno de los antiguos comandantes de las Farc con los testimonios de quienes permanecieron durante años en poder de la guerrilla.

Para Mendieta, lo conocido sobre la diligencia toca directamente la memoria de su cautiverio. Su respuesta se concentró en las cadenas, las enfermedades, el hambre y las condiciones que asegura haber soportado durante los cerca de doce años transcurridos entre su captura en Mitú y su rescate.

Blanco, quien también fue secuestrado durante la toma de la capital del Vaupés y recuperó la libertad en la misma operación militar de junio de 2010, cuestionó que la existencia de instrucciones internas pueda utilizarse para describir las condiciones reales en las que permanecieron las víctimas.

La JEP, por su parte, insistió en que lo determinado judicialmente en el Caso 01 está sustentado en las pruebas recaudadas durante la investigación y no en la versión particular entregada por los antiguos comandantes.

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