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Gobierno alista Estatuto Antiterrorista: crea la “Lista De la Espriella” y alto comisionado
Estas son las principales medidas que contempla la norma.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella prepara la presentación ante el Congreso de un Estatuto Antiterrorista que incluiría la creación de un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas y de la figura de un Alto Comisionado contra el Terrorismo, dos de las principales medidas contenidas en el borrador del proyecto conocido por Caracol Radio.
La iniciativa, que todavía no ha sido radicada en el Congreso y, por tanto, puede sufrir modificaciones, será presentada este jueves 8 de octubre ante el Consejo Superior de Política Criminal, según confirmó el ministro del Interior, Rodrigo Lara.
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“El jueves presentaré en el Consejo de Política Criminal la pócima jurídica que necesitamos para enfrentarlos y derrotarlos: el Estatuto Antiterrorista”, señaló Lara al anunciar el siguiente paso de la iniciativa.
El documento tiene 116 páginas y corresponde al borrador de un proyecto de ley estatutaria con el que el Ejecutivo pretende establecer un nuevo marco jurídico para enfrentar a organizaciones armadas y estructuras que sean calificadas como terroristas.
Uno de sus componentes centrales sería la creación del Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, una lista que permitiría identificar formalmente a las estructuras y personas sometidas al régimen previsto en el estatuto.
De acuerdo con la información revelada sobre el contenido del borrador, la exposición de motivos toma como referencias mecanismos utilizados por Estados Unidos, entre ellos las designaciones de Organizaciones Terroristas Extranjeras y sistemas de sanciones contra personas y organizaciones.
La eventual creación de ese registro ha llevado a que sea denominado informalmente como una “Lista De la Espriella”. Sin embargo, esa no corresponde, hasta ahora, a una denominación oficial de una norma vigente. El nombre previsto en el borrador conocido por el medio es Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas.
El proyecto también contemplaría la creación del cargo de Alto Comisionado contra el Terrorismo, figura mediante la cual el Gobierno buscaría centralizar y coordinar parte de la estrategia estatal contra las organizaciones que sean clasificadas dentro de esa categoría.
Los alcances definitivos de las facultades del funcionario deberán establecerse a partir del texto que finalmente presente el Ejecutivo al Congreso. Hasta este martes 6 de octubre, el articulado no había iniciado formalmente su trámite legislativo.
La iniciativa también busca establecer instrumentos jurídicos que permitan al Estado actuar contra las organizaciones incluidas en el registro mediante medidas penales, penitenciarias, financieras, de inteligencia y de seguridad.
El Gobierno ha anticipado, además, la intención de establecer un régimen penal y penitenciario especial para integrantes de organizaciones catalogadas como terroristas y mecanismos dirigidos contra sus bienes y fuentes de financiación.
El ministro Lara ha sostenido que la propuesta hace parte de la estrategia del Ejecutivo frente a estructuras armadas ilegales. “Cada día se corrobora con pruebas contundentes el carácter terrorista de estas organizaciones”, afirmó el funcionario al referirse al proyecto.
Otro de los puntos consignados en el borrador, está relacionado con el empleo de capacidades militares contra organizaciones clasificadas como terroristas, incluidas operaciones aéreas y bombardeos.
La redacción definitiva de esas disposiciones será determinante para establecer su alcance y las condiciones bajo las cuales podrían aplicarse, especialmente por las obligaciones constitucionales y legales que rigen las operaciones de la Fuerza Pública.
El primer escenario institucional para la discusión será el Consejo Superior de Política Criminal. Este organismo colegiado asesora al Gobierno nacional en la formulación de la política criminal y emite conceptos sobre proyectos de ley y actos legislativos relacionados con asuntos penales.
El concepto del Consejo no es vinculante, por lo que su pronunciamiento no equivale a la aprobación del Estatuto ni sustituye el trámite que deberá cumplir posteriormente ante el Congreso.
La presentación prevista para el jueves 8 de octubre permitirá conocer las observaciones de las instituciones que participan en esa instancia y determinar si el Ejecutivo introduce modificaciones antes de radicar el proyecto.
La propuesta forma parte de un paquete de iniciativas en materia de seguridad que el Gobierno prepara para llevar al Legislativo. El Estatuto Antiterrorista deberá comenzar su discusión en las comisiones primeras constitucionales, encargadas de tramitar los asuntos relacionados con derechos, garantías y estructura constitucional.
La decisión de tramitarlo como ley estatutaria impone requisitos superiores a los de una ley ordinaria.
El artículo 153 de la Constitución establece que los proyectos de ley estatutaria deben obtener mayoría absoluta de los integrantes de las respectivas corporaciones durante su trámite y completar su aprobación dentro de una sola legislatura.
Además, antes de que puedan convertirse en ley deben superar el control previo de constitucionalidad de la Corte Constitucional.
La jurisprudencia de esa corporación ha reiterado que la mayoría absoluta debe alcanzarse tanto en las comisiones constitucionales permanentes como en las plenarias de Senado y Cámara.
Esto significa que la presentación del Estatuto ante el Consejo Superior de Política Criminal será apenas una fase previa de un procedimiento legislativo y constitucional más amplio.
La iniciativa se enmarca en la política de seguridad impulsada por el Gobierno de De la Espriella desde su llegada a la Presidencia el pasado 7 de agosto y en la decisión del Ejecutivo de endurecer el tratamiento estatal frente a determinadas organizaciones armadas y criminales.
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