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Presidente Abelardo de la Espriella anuncia nuevas medidas para liberar a dos mujeres secuestradas

Además ordena reforzar acciones para liberar a subteniente y esposa del alcalde de Uribia.

Abelardo de la Espriella reforma fiscal
Por Agencia Periodismo Investigativo | Lun, 16/11/2026 - 19:57 Créditos: Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. Presidencia.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este lunes 16 de noviembre de 2026 que el Gobierno nacional mantiene desplegadas y ampliará las capacidades institucionales destinadas a conseguir la liberación de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja Hernández, secuestrada en Arauca, y de Nancy Yaneth Gómez Sánchez, esposa del alcalde de Uribia, La Guajira, quienes permanecen privadas de la libertad desde el 4 y el 11 de noviembre, respectivamente.

La Presidencia de la República confirmó, mediante un comunicado oficial expedido en Bogotá, que el mandatario sostuvo nuevas conversaciones con el alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, esposo de Nancy Gómez, y con el coronel retirado Bernardo Pantoja, padre de la oficial del Ejército Nacional.

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Durante las comunicaciones, el jefe de Estado informó a los familiares sobre la continuidad de las acciones institucionales orientadas a establecer el paradero de ambas mujeres y conseguir su regreso a sus hogares.

Según la comunicación de la Oficina de Prensa de la Presidencia, el Gobierno mantiene en ejecución las capacidades disponibles para atender los dos casos y trabaja en su ampliación, aunque no precisó el número de uniformados participantes, las unidades involucradas ni los lugares específicos donde se desarrollan las operaciones.

De la Espriella reiteró a los familiares que el Estado continuará explorando las alternativas disponibles para conseguir la liberación de las dos mujeres y proteger sus vidas durante el cautiverio.

“El Gobierno Nacional no escatimará esfuerzos ni capacidades para proteger sus vidas, recuperar su libertad y acompañar a sus familias durante este difícil momento”, señala el comunicado divulgado por la Presidencia.

La subteniente María Camila Pantoja Hernández fue secuestrada el miércoles 4 de noviembre de 2026 en el casco urbano de Saravena, Arauca, cuando se movilizaba por ese municipio, ubicado en la región fronteriza con Venezuela.

De acuerdo con el comunicado número 007, expedido ese mismo día por el Comando de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional, la uniformada pertenece al Grupo de Caballería Mediano número 18, unidad orgánica de esa brigada, adscrita a la Octava División.

La institución militar informó que, según los primeros datos obtenidos por inteligencia, la oficial habría sido interceptada por dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta.

En ese momento, el Ejército señaló como presuntos responsables a integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), estructura armada con presencia en el departamento de Arauca.

Tras conocerse la desaparición de la subteniente, el mando militar activó los protocolos de búsqueda y los mecanismos de coordinación entre instituciones para establecer su ubicación.

Al día siguiente, 5 de noviembre, el Frente de Guerra Oriental del ELN difundió un video en el que se atribuyó el secuestro de la oficial. En su pronunciamiento, el grupo armado reconoció que tenía en su poder a Pantoja Hernández.

Posteriormente, el 12 de noviembre, integrantes del ELN divulgaron una prueba de supervivencia de la militar. El material fue presentado mediante un video en el que un integrante de esa organización anunció la entrega de una carta manuscrita y una grabación de la subteniente a través de la Cruz Roja.

El coronel retirado Bernardo Pantoja, padre de la oficial, había solicitado públicamente información sobre el estado de salud y las condiciones de cautiverio de su hija, después de varios días sin conocer directamente su situación.

El caso también motivó gestiones del Ministerio de Defensa para obtener cooperación internacional en la búsqueda. El ministro Jorge Eduardo Mora informó el 11 de noviembre que se había solicitado apoyo de Estados Unidos para facilitar contactos con autoridades venezolanas.

Las gestiones estuvieron relacionadas con la posibilidad de que la oficial hubiera sido trasladada hacia territorio venezolano. Sin embargo, el ministro aclaró entonces que no se encontraba confirmada esa hipótesis.

Por su parte, Nancy Yaneth Gómez Sánchez, esposa del alcalde Jaime Luis Buitrago García y gestora social del municipio de Uribia, fue secuestrada durante la mañana del miércoles 11 de noviembre, cuando regresaba a su residencia después de realizar actividad física en un gimnasio.

De acuerdo con el relato entregado por el alcalde, la mujer fue interceptada aproximadamente a las 6:10 de la mañana por cuatro hombres armados que se movilizaban en una camioneta. Dos de los sujetos portaban armas largas y los otros dos llevaban armas cortas.

Los secuestradores obligaron a Gómez Sánchez a ingresar al vehículo y abandonaron el lugar con rumbo desconocido. La mujer se encontraba acompañada cuando ocurrió el hecho.

Tras recibir información sobre el secuestro, Buitrago García dio a conocer públicamente la situación y solicitó colaboración para conseguir la liberación de su esposa, con quien tiene dos hijos.

El mandatario municipal también denunció que su familia había recibido amenazas durante los meses anteriores y aseguró que algunas de esas intimidaciones habían sido puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Según sus declaraciones, las amenazas estaban relacionadas con mensajes intimidatorios recibidos por su esposa. El alcalde manifestó que las denuncias habían sido presentadas antes del secuestro.

Después de conocerse el caso, las autoridades activaron operaciones de búsqueda en Uribia y otros sectores de La Guajira, con participación de unidades de la Fuerza Pública y organismos especializados en la lucha contra el secuestro.

Entre las medidas anunciadas se encontraba la implementación de un plan candado para controlar corredores de movilidad y posibles rutas utilizadas por los responsables.

La Gobernación de La Guajira también anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permitiera establecer el paradero de Nancy Gómez y contribuir a su liberación.

Las primeras investigaciones incluyeron la revisión de registros audiovisuales relacionados con el vehículo utilizado por los secuestradores. En las grabaciones difundidas se observa una camioneta que abandona el sector donde ocurrió el hecho.

El alcalde Buitrago García manifestó su preocupación por la posibilidad de que los responsables hubieran trasladado a su esposa hacia Venezuela, debido a las rutas que comunican la Alta Guajira con el territorio del país vecino.

Sin embargo, hasta el anuncio presidencial del 16 de noviembre no se había confirmado públicamente el lugar donde permanecía retenida la gestora social.

Tampoco se había establecido oficialmente la identidad de los responsables del secuestro. Aunque las autoridades contemplaron la posible participación de integrantes del ELN, esa hipótesis no había sido confirmada mediante una identificación concluyente de los autores.

En los dos casos, las gestiones del Gobierno han incluido actuaciones de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de inteligencia para obtener información sobre la ubicación de las víctimas.

En el caso de la subteniente Pantoja Hernández, el Ejército confirmó que las acciones de búsqueda se desarrollan en coordinación con la Armada de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, según el comunicado oficial de la Décima Octava Brigada.

La institución también habilitó la línea nacional 147 y el número celular 3132971482 para recibir información relacionada con el paradero de la oficial, con reserva de identidad para quienes aporten datos.

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