Tras fiesta en cárcel de Itagüí, alias ‘Douglas’ alegó problemas de salud y fue trasladado a un centro médico

El traslado de José Leonardo Muñoz Martínez, alias ‘Douglas’, desde la cárcel de Itagüí hacia un centro médico de Medellín reavivó los cuestionamientos sobre el control estatal al interior de los establecimientos penitenciarios y el manejo de reclusos de alto perfil en el país.

De acuerdo con fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el movimiento del interno se realizó hace cuatro días, luego de que presentara complicaciones respiratorias que obligaron a su remisión bajo estrictas medidas de seguridad.

El nombre de la clínica no fue divulgado por razones de protección, ante el riesgo de posibles acciones en su contra.

Alias ‘Douglas’ es considerado uno de los principales cabecillas de la estructura criminal ‘La Terraza’ y figura histórica de la denominada ‘Oficina de Envigado’, organización que ha tenido incidencia en economías ilegales en el Valle de Aburrá desde finales del siglo XX.

El condenado cumple una pena de 30 años de prisión por diversos delitos relacionados con concierto para delinquir, homicidio y narcotráfico.

Su traslado se produce pocos días después de que se conociera su presunta participación en una celebración realizada el pasado 8 de abril en el pabellón 1 de la cárcel de Itagüí, donde se encuentran recluidos varios cabecillas vinculados a procesos de paz urbana en Medellín.

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En ese evento, que incluyó la presentación del cantante vallenato Nelson Velásquez, se habrían permitido el ingreso de licor, alimentos especiales y otros elementos restringidos.

La magnitud de la celebración generó la reacción de los organismos de control. La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía abrieron investigaciones para determinar posibles responsabilidades disciplinarias y penales por la aparente permisividad en el ingreso de artículos prohibidos y la realización de actividades no autorizadas dentro del centro penitenciario.

Expertos en seguridad penitenciaria consultados por distintos medios han advertido que este tipo de episodios evidencian fallas estructurales en el sistema carcelario colombiano, particularmente en el control de internos considerados de alta peligrosidad.

Según análisis previos de la Defensoría del Pueblo y de organizaciones académicas, la persistencia de redes criminales al interior de las cárceles ha permitido que algunos reclusos mantengan capacidad de coordinación y mando, incluso desde los centros de reclusión.

En paralelo a estos hechos, el Gobierno nacional ordenó una serie de traslados de internos de alto perfil recluidos en diferentes establecimientos del país.

El Inpec confirmó que, desde la cárcel La Picota de Bogotá, fueron reubicados el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como ‘Kiko’ Gómez; Marcos de Jesús Figueroa García, alias ‘Marquitos Figueroa’; y un familiar de este último.

Las decisiones se adoptaron tras un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro durante un consejo de ministros, en el que manifestó dudas sobre la gestión del sistema penitenciario y alertó sobre posibles articulaciones entre internos.

En ese contexto, Gómez Cerchar fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Dorada, en Caldas, mientras que Figueroa García fue remitido al establecimiento de Girón, en Santander, ambos bajo esquemas reforzados de custodia.

Las autoridades indicaron que en total se realizaron once traslados en distintos puntos del país, como parte de una estrategia para redistribuir a internos considerados de alto riesgo y evitar posibles coordinaciones delictivas desde los centros de reclusión.

De manera simultánea, operativos de inspección en la cárcel La Picota permitieron el hallazgo de elementos prohibidos en varias celdas.

En uno de los procedimientos, realizado en el pabellón 32, se incautó una botella de whisky en un espacio asignado a los hermanos Santiago y Pablo Felipe Prada Moriones.

Según la Fiscalía General de la Nación, Pablo Felipe Prada Moriones, conocido como ‘Black Jack’ o ‘La Firma’, sería el presunto articulador de una red dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional, con presuntos vínculos con el ‘Clan del Golfo’.

Las investigaciones señalan que entre 2022 y 2025 habría coordinado operaciones para blanquear más de 178.000 millones de pesos mediante inversiones en sectores como el inmobiliario y el tecnológico.

Las autoridades también lo señalan de emplear criptoactivos y billeteras digitales para ocultar el origen ilícito de los recursos, en un esquema que incluía la captación, transformación y movilización de capitales hacia distintos mercados.

La investigación es liderada por la Delegada para las Finanzas Criminales, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio, que han documentado la presunta estructura financiera detrás de estas operaciones.

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