Sondra Macollins renunció a la defensa de David Murcia tras retractación sobre Abelardo de la Espriella

La abogada Sondra Macollins renunció a continuar al frente de la defensa de David Murcia Guzmán, condenado por su responsabilidad como promotor de la captadora ilegal de dinero DMG, después de que su representado se retractara de los señalamientos que había formulado contra Abelardo de la Espriella, actual presidente de la República y quien años atrás ejerció como su abogado.

La decisión de Macollins se conoció después de que Murcia Guzmán presentara ante la Fiscalía General de la Nación una carta de cuatro páginas en la que retiró las acusaciones que había hecho el pasado 12 de febrero contra De la Espriella, quien para ese momento era candidato presidencial.

En el documento, escrito directamente por Murcia Guzmán, el condenado sostuvo que no eran ciertos sus señalamientos según los cuales De la Espriella se habría apropiado de cerca de $5.000 millones correspondientes a recursos entregados durante la relación profesional que mantuvieron cuando el abogado asumió asuntos relacionados con DMG.

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Murcia también se retractó de la afirmación según la cual De la Espriella le habría solicitado otros $760 millones con el supuesto propósito de entregar dinero a congresistas para intervenir en un trámite legislativo.

La renuncia de Macollins se produce además en medio de los cambios relacionados con el lugar de reclusión de Murcia Guzmán. El promotor de DMG permanecía privado de la libertad en la cárcel La Picota, en Bogotá, pero el pasado 29 de agosto fue trasladado a la cárcel de Palogordo, ubicada en Girón, Santander.

Murcia Guzmán había sido condenado inicialmente a 30 años de prisión. Posteriormente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia redujo la pena a 22 años al determinar que se había presentado un error en la dosificación de la condena.

Macollins aseguró que desde el 29 de agosto, fecha en la que se produjo el traslado de Murcia desde La Picota hacia Palogordo, no ha vuelto a tener contacto con quien hasta ahora era su defendido.

La abogada manifestó además que presentó un derecho de petición ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, con el propósito de conocer las razones que sustentaron el cambio de establecimiento penitenciario.

Según explicó, no recibió una respuesta efectiva sobre los argumentos que motivaron el traslado.

Macollins también afirmó que, como consecuencia de su participación en el caso, ella y su familia han sido objeto de una persecución.

La retractación de Murcia Guzmán fue presentada ante la Fiscalía 63 de la Unidad de Conciliación Preprocesal dentro del trámite derivado de la denuncia formulada por De la Espriella contra el promotor de DMG por los delitos de injuria y calumnia.

En su carta, Murcia explicó las circunstancias que, según su versión, rodearon las acusaciones que había realizado anteriormente. Afirmó que sus declaraciones estuvieron relacionadas con expectativas que le habrían planteado personas de sectores cercanos al anterior Gobierno Nacional, encabezado por el expresidente Gustavo Petro.

“Debo poner en conocimiento de su despacho, con la mayor transparencia, que dichas manifestaciones estuvieron precedidas de expectativas que me fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno Nacional anterior, relacionadas con una eventual vinculación a la figura de gestor de paz y la posibilidad de acceder, por esa vía, a mi libertad”, señaló Murcia Guzmán.

El condenado sostuvo que la posibilidad de convertirse en gestor de paz influyó en su actuación al momento de conceder una entrevista y presentar las acusaciones contra quien había sido su abogado.

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“Dado el prolongado tiempo que he permanecido privado de la libertad, tanto en Colombia como en el exterior, dicha expectativa incidió de manera determinante en mi disposición anímica al momento de conceder la entrevista y presentar la denuncia, llevándome a formular señalamientos que hoy, con serenidad y tranquilidad, reconozco que no corresponden a hechos reales y efectivamente ocurridos”, indicó.

Murcia Guzmán también se refirió en la comunicación a los honorarios profesionales que pagó a De la Espriella durante el periodo en el que este prestó servicios jurídicos relacionados con DMG Holding y asumió su defensa.

De acuerdo con la retractación, esos recursos correspondieron al pago por los servicios jurídicos que De la Espriella prestó y no a una apropiación irregular de dinero. Murcia sostuvo expresamente que no existió una apropiación indebida de recursos por parte de quien entonces era su abogado.

Asimismo, retiró las afirmaciones relacionadas con el supuesto pago de dinero a integrantes del Congreso de la República. Según la carta, De la Espriella nunca le pidió recursos destinados a entregar dádivas a congresistas o funcionarios públicos para intervenir en decisiones legislativas.

“El doctor De la Espriella en ningún momento me solicitó, insinuó o propuso suma de dinero destinada a ofrecer dádivas a congresistas o a cualquier servidor público con el fin de incidir en trámite legislativo alguno.

Estas afirmaciones, tal como las formulé en su momento, no son ciertas y fueron recomendaciones de personas cercanas al gobierno anterior”, afirmó Murcia Guzmán.

El promotor de DMG señaló igualmente que no le consta y que no es cierto que De la Espriella se hubiera quedado con cerca de $5.000 millones que posteriormente se negara a devolver.

También negó que su entonces abogado le hubiera solicitado $760 millones bajo el argumento de que era necesario entregar recursos a algunos congresistas.

En otro apartado de la retractación, Murcia negó sus anteriores afirmaciones sobre supuestos beneficios otorgados por el Gobierno Nacional de la época al padre de Abelardo de la Espriella y a otros integrantes de su familia para conseguir que el abogado abandonara su defensa.

También retiró los calificativos que había utilizado contra De la Espriella y manifestó que no era cierto que este hubiera actuado como “un ladrón, ni un traicionero” o que lo hubiera abandonado durante el proceso.

Murcia Guzmán abordó además sus afirmaciones anteriores sobre parte del dinero incautado a DMG. En la carta sostuvo que tampoco era cierto que De la Espriella hubiera recibido recursos provenientes del efectivo que permanecía bajo custodia de la empresa.

“No es cierto que el doctor Abelardo de la Espriella haya recibido parte del dinero incautado a la empresa DMG”, señaló Murcia en el documento, al retirar también la versión relacionada con recursos que, según sus anteriores declaraciones, permanecían en bodegas vinculadas con el transporte y la custodia del efectivo.

Pareja de abogada en líos

El caso se conoce en momentos en que la pareja de la abogada Moisés Hernández o Garvin enfrenta cuestionamientos por parte de las autoridades.

Y es que la Superintendencia de Industria y comercio (SIC) ordenó priorizar las investigaciones en contra de un posible
esquema de corrupción de relevancia nacional liderado por él.

Este entramado consiste en la utilización de varias empresas supuestamente independientes, que finalmente actuaron de manera coordinada en distintos procesos de selección con el Estado para aumentar su probabilidad de éxito en las licitaciones falseando la libre competencia en contratos que sumarian cerca de $2 billones.

Se ordenó la revisión de más de 300 contratos.

Desde el año 2022, las empresas Red Summa, Aldesarrollo y Kluster Latam vinculadas a Moisés registran un crecimiento acelerado en sus contratos.

Según la hipótesis que se investiga, su participación conjunta no respondía a una competencia real, sino que buscaba simular pluralidad de oferentes para facilitar la adjudicación de contratos a favor de Moisés.

El caso se complejiza al identificarse, detrás de estas organizaciones, el mismo modus operandi de su controlante, como cambios reiterados de nombre o razón social para perder el rastro de los entes de control. También se ha identificado un movimiento de directivos entre las distintas empresas, coincidencias en sus
juntas directivas y vínculos personales entre estructuras que, en el papel, compiten entre si.

A esto se suman antecedentes disciplinarios serios. Moisés fue sancionado por la Procuraduría General de la Nación por irregularidades en la ejecución de contratos estatales causando la destitución de estos e inhabilidades para ejercer cargos públicos por 14 años.

Finalmente, se dispuso la respectiva remisión de copias a la Unidad Información y Análisis Financiero - UIAF, Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República.

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