Lupa a la obra Duitama–Charalá–San Gil por $310.625 millones

La Procuraduría General de la Nación adelanta un seguimiento preventivo al Contrato de Obra No. 987 de 2021, cuyo valor asciende a cerca de $310.625 millones, destinado al mejoramiento y mantenimiento del corredor vial Duitama–Charalá–San Gil. La actuación busca establecer posibles irregularidades relacionadas con la ejecución física y financiera del proyecto, que lleva seis años en desarrollo.

El seguimiento del Ministerio Público también está relacionado con las preocupaciones manifestadas por representantes de la comunidad, quienes solicitaron modificar el proyecto para sustituir la construcción del paso nacional que atravesaría la mitad del casco urbano de Charalá por una variante que permita desviar el tránsito vehicular por fuera del municipio.

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Según la petición ciudadana, esta alternativa busca mantener la conectividad de las zonas rurales y facilitar el acceso de sus habitantes a servicios básicos. Además, pretende proteger la seguridad de los escolares, residentes y turistas que transitan por el municipio, así como preservar su patrimonio material, inmaterial y paisajístico y garantizar el respeto por su ordenamiento territorial.

En desarrollo de esta actuación preventiva, la Procuraduría requirió al Instituto Nacional de Vías (Invías) para que entregue información detallada sobre el avance físico y financiero del contrato. Entre los aspectos solicitados se encuentran las condiciones de transitabilidad del corredor, el cumplimiento de las obligaciones pactadas y el estado de ejecución de las obras.

De igual manera, el organismo de control pidió conocer los estudios técnicos que respaldan la construcción del paso nacional proyectado por el casco urbano de Charalá, con el propósito de revisar los fundamentos de esta intervención y su pertinencia frente a las necesidades del territorio.

Por otra parte, la Procuraduría solicitó a la Alcaldía de Charalá información sobre las actuaciones adelantadas frente al proyecto, especialmente en lo relacionado con el ordenamiento territorial, la seguridad vial y la protección del patrimonio histórico y cultural del municipio.

Asimismo, requirió detalles sobre los mecanismos de participación ciudadana implementados durante el desarrollo de la iniciativa, con el fin de establecer cómo se han atendido las inquietudes y solicitudes presentadas por los habitantes de la zona.

Con este seguimiento preventivo, la Procuraduría busca verificar las condiciones de ejecución del contrato y revisar las posibles afectaciones que podría generar el paso nacional proyectado en Charalá, tanto para la movilidad como para la seguridad de la comunidad y la conservación del patrimonio del municipio.

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