Prueba grafológica destapa montaje contra el coronel John Chavarro Romero y frena su ascenso en la Policía

Una revisión independiente y diversos testimonios de miembros de la fuerza pública pusieron en evidencia que la agenda personal de Juan Carlos Rodríguez Agudelo, conocido como alias Zeus, fue modificada después de su incautación y antes de su incorporación a los procesos judiciales.

La manipulación habría introducido nombres de dos oficiales de la Policía Nacional que posteriormente fueron retirados de la institución, lo que abrió un debate interno sobre responsabilidades, procedimientos y eventuales retaliaciones.

La libreta, decomisada el 10 de abril de 2024 durante un retén en Mutiscua (Norte de Santander) cuando alias Zeus se movilizaba con otros tres hombres y un cargamento de armas, explosivos, municiones y dispositivos electrónicos, se consideraba un insumo relevante para entender la estructura de relacionamientos del Clan del Golfo.

Aunque inicialmente no fue presentada ante los jueces durante la legalización de captura ni en la imputación por porte de armas, sí fue trasladada de manera interna a la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) para su análisis.

Ese primer traslado quedó respaldado en testimonios de los policiales encargados del procedimiento.

Alias Zeus, un mayor retirado del Ejército abatido por la Policía el 28 de septiembre de 2024 en San Francisco (Antioquia), escribió de su puño y letra las 92 páginas que componían la agenda original. Allí documentó contactos, rutas y mecanismos de operación que habrían permitido al Clan del Golfo gestionar información, abastecimiento de material de guerra e interacción con actores institucionales y políticos.

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Entre los mencionados figuraban funcionarios públicos, empresarios, narcotraficantes y personas del círculo cercano del presidente Gustavo Petro, como Juan Fernando Petro, Carlos Ramón González —prófugo tras su salida de la Dirección Nacional de Inteligencia— y el excomisionado para la paz Danilo Rueda.

Sin embargo, una versión alterada del documento incorporó referencias inexistentes en el texto original. En particular, se incluyeron anotaciones que aludían al general José James Roa Castañeda y al coronel John Robert Chavarro Romero, quienes terminaron siendo separados de sus cargos meses después.

La manipulación habría ocurrido cuando un miembro de la Dijín —adscrito para entonces a la seccional de Norte de Santander— recibió o accedió al archivo escaneado por personal de la Dipol y aprovechó espacios en blanco para sumar nuevas líneas, según confirmaron oficiales consultados.

El caso se concentró en la página nueve de la libreta original, donde Rodríguez Agudelo había consignado solo numeraciones y montos.

En la versión modificada, esa hoja aparece como página once e incluye frases y cifras atribuidas a los dos oficiales mencionados.

También se añadieron diagramas que simulaban un mapa de la Regional n.° 5 de la Policía, unidad en la que uno de los oficiales tenía responsabilidades en el periodo en cuestión. La coincidencia fue interpretada inicialmente como evidencia de vínculos indebidos.

Un estudio grafológico realizado por el Centro de Servicios Criminalísticos Integrados Juan Carlos Pérez estableció que los trazos agregados no corresponden a la escritura de alias Zeus.

El peritaje determinó diferencias morfológicas, de ritmo, de dirección e inclinación de los trazos, así como variaciones significativas en el diseño de los caracteres y la organización del espacio.

Los peritos concluyeron que la escritura agregada provino de una persona distinta y que se incorporó después del escaneo inicial.

Testimonios obtenidos por investigadores señalaron como posible responsable al capitán Omar David Mera Guevara, quien operaba en ese momento en el grupo antiterrorista Grate de la Dijín.

Cuatro oficiales lo mencionaron como quien habría tenido acceso al material y, presuntamente, habría actuado motivado por conflictos previos con superiores.

El general (r) Roa Castañeda, uno de los oficiales incluidos en la versión adulterada, expresó que el capitán habría reaccionado a decisiones operativas que él adoptó en Norte de Santander, entre ellas un traslado por razones de seguridad debido a amenazas provenientes de grupos armados.

Mera Guevara negó cualquier participación en la manipulación y sostuvo que el día del procedimiento se encontraba en Cúcuta coordinando otra operación.

No obstante, en un audio bajo custodia de la Dipol, el capitán reconoce que hubo irregularidades en el manejo de la libreta y menciona que funcionarios de inteligencia retiraron el documento antes de la judicialización formal.

En esa grabación también comenta que su nombre fue incorporado en discusiones sobre el caso, lo que reforzó la tensión interna entre los oficiales involucrados.

La primera divulgación pública de la agenda adulterada provocó la apertura de una investigación ordenada por el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez.

En ese momento, integrantes de la Dijín entregaron al Ministerio evidencia de que las nuevas anotaciones no correspondían al manuscrito original.

A pesar de ello, con el cambio de ministro y de dirección en la Policía, se tomó la decisión de retirar del servicio al general Roa Castañeda y al coronel Chavarro Romero.

Fuentes cercanas a ese proceso indicaron que las menciones contenidas en la libreta fueron determinantes, aun cuando el montaje ya había sido identificado internamente.

El general (r) Roa Castañeda atribuyó la decisión al entonces director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, y afirmó que sus hallazgos sobre irregularidades en la Dirección de Carabineros pudieron influir.

Triana, por su parte, sostuvo que el retiro obedeció a razones de tiempo y no a la agenda manipulada.

La Fiscalía mantiene abierta una investigación sobre los hechos. Algunos de los policías que participaron en la captura del cabecilla fueron llamados a declarar.

Dentro del ente se ha manifestado preocupación por la demora en el análisis de los archivos digitales decomisados a alias Zeus, entre ellos los dispositivos con información sobre supuestos contactos entre estructuras criminales y funcionarios de distintos niveles de gobierno.

Para los investigadores, el retraso impide esclarecer el posible alcance de esas redes y definir si existieron vínculos operativos entre organizaciones ilegales y autoridades públicas.

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