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Procuraduría sanciona a Fiscal y Jueza por falta de acción en caso de posible homicidio
La fiscal 24 penal militar, Elsa Saldaña de Mayorga y la jueza 59 de instrucción, Nuvia Stella Bello Quintero, son las sancionadas.
La Procuraduría General de la Nación ha impuesto una sanción a la Fiscal 24 penal militar, Elsa Saldaña de Mayorga, y a la jueza 59 de instrucción, Nuvia Stella Bello Quintero, por su falta de acción en el caso de un posible homicidio culposo de un joven.
La sanción impuesta es una suspensión de 10 meses por no cumplir con su deber legal de resolver el asunto que tenían a su cargo en un plazo máximo de dos años, lo que propició la extinción de la acción penal a favor del investigado.
Los hechos en cuestión ocurrieron el 23 de marzo del 2000, y estaban relacionados con el proceso 2648 contra Luis Miguel Moreno Ramírez por el asesinato de Luis Carlos Orjuela Reyes.
La Procuraduría verificó la conducta omisiva y pasiva de las funcionarias durante los nueve años que habrían pasado en el proceso, lo que finalmente llevó a la extinción de la acción penal.
La @PGN_COL suspende por 10 meses a fiscal y jueza penal militar por no resolver homicidio de joven hace más de 9 años. Las funcionarias incurrieron en mora en el trámite y vulneraron su deber legal. #EsNoticia 👉 https://t.co/8aMUFJVGnn pic.twitter.com/BfDpYNyMR9
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) May 8, 2023
La falta cometida por Saldaña y Bello Quintero fue calificada como grave a título de culpa grave por la Procuraduría, debido a su deber legal de resolver el caso en un plazo de dos años y su incumplimiento en este deber.
La sanción impuesta busca enviar un mensaje claro a todos los funcionarios públicos y judiciales sobre la importancia de cumplir con sus deberes legales y responsabilidades en beneficio de la sociedad.
El Ministerio Público confirmó que las servidoras vulneraron su deber legal de solucionar el asunto que tenían a cargo, lo que las llevó a recibir la sanción impuesta por la Procuraduría.
Esta decisión también busca enviar un mensaje claro a la ciudadanía de que el Estado está comprometido con el cumplimiento de la ley y la justicia, y que no tolerará la falta de acción por parte de sus funcionarios públicos y judiciales.
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