A prisión administrador de lancha perdida con 42 migrantes entre San Andrés y Nicaragua: tragedia sin resolver

Casi tres años después de la desaparición de una embarcación que transportaba de manera irregular a 42 migrantes entre la isla de San Andrés y los cayos de Nicaragua, la Fiscalía General de la Nación dio un nuevo paso en la investigación judicial al imputar cargos contra quien sería uno de los responsables de la operación logística del viaje clandestino.

La decisión representa uno de los avances más relevantes en un caso que continúa rodeado de incertidumbre, pues hasta la fecha no existe rastro de la embarcación ni de las personas que iban a bordo.

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De acuerdo con la información oficial entregada por la Fiscalía, el procesado fue identificado como Borghi Kure Gaviria, señalado de haber administrado la lancha en la que viajaban 42 personas de manera irregular cuando desapareció el 21 de octubre de 2023 durante la travesía entre San Andrés y los cayos nicaragüenses.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó el delito de tráfico de migrantes agravado.

La investigación reconstruyó una operación que, según las evidencias recopiladas por los investigadores, fue organizada para transportar migrantes desde San Andrés hacia Centroamérica mediante embarcaciones que no cumplían las condiciones exigidas para ese tipo de navegación.

Ese día, de acuerdo con la Fiscalía, tres lanchas zarparon desde un muelle particular con decenas de personas a bordo. Dos alcanzaron su destino sin mayores contratiempos, mientras que la tercera desapareció en alta mar y nunca volvió a ser localizada.

Desde entonces, la incertidumbre ha acompañado a los familiares de las víctimas. Entre los ocupantes había ciudadanos colombianos, venezolanos y chinos, además de 12 menores de edad y una mujer en estado de gestación.

Uno de los pasajeros era un bebé de apenas tres meses. La desaparición dejó abiertas numerosas preguntas sobre lo ocurrido en medio del recorrido marítimo, mientras las autoridades manejaron de manera preliminar la hipótesis de que la embarcación pudo haber sucumbido por condiciones climáticas adversas.

El caso también puso en evidencia los riesgos que implica el tráfico ilícito de migrantes en el Caribe. Según la Fiscalía, la lancha utilizada para el traslado correspondía a una embarcación destinada a actividades de pesca artesanal, con capacidad autorizada para 15 personas, pero en el momento del viaje transportaba casi el triple de esa cantidad.

Además, carecía de autorización de la Capitanía de Puerto tanto para navegar mar adentro como para prestar servicio de transporte de pasajeros. Esa combinación de sobrecupo, navegación irregular y ausencia de controles convirtió el recorrido en una travesía de alto riesgo.

Las investigaciones permitieron establecer que Borghi Kure Gaviria, presuntamente, hacía parte de una estructura dedicada a facilitar el ingreso irregular de extranjeros a San Andrés y posteriormente coordinar su salida marítima hacia territorio nicaragüense.

El expediente sostiene que su función no se limitaba a administrar una embarcación, sino que también participaba en la organización logística del viaje, la definición de horarios de salida, el cobro por pasajero y la distribución de los ocupantes entre las distintas lanchas.

Este tipo de organizaciones criminales aprovecha la ubicación estratégica del archipiélago para ofrecer rutas clandestinas hacia Centroamérica, desde donde muchos migrantes buscan continuar su recorrido hacia Norteamérica.

Las autoridades colombianas han advertido en diferentes oportunidades que estas redes obtienen importantes ganancias económicas mediante viajes realizados sin medidas de seguridad, con embarcaciones inadecuadas y exponiendo la vida de decenas de personas.

La captura del procesado ocurrió el 14 de julio de 2026 en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, Antioquia, luego de que fuera deportado desde Panamá.

Según la Fiscalía, ese país habría sido el lugar al que huyó tras la desaparición de la embarcación ocurrida en 2023. Una vez presentado ante un juez de control de garantías, la Fiscalía formuló la imputación correspondiente y solicitó una medida privativa de la libertad.

El juez acogió la petición del ente investigador y ordenó que Borghi Kure Gaviria permanezca en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal.

La investigación continuará orientada a determinar el grado de participación de otros posibles integrantes de la organización dedicada al tráfico de migrantes y a esclarecer completamente las circunstancias que rodearon la desaparición de la embarcación.

El proceso judicial adquiere especial relevancia porque el tráfico ilícito de migrantes constituye uno de los fenómenos criminales transnacionales de mayor crecimiento en la región.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ha señalado que estas organizaciones suelen aprovechar la vulnerabilidad económica y social de miles de personas, ofreciéndoles rutas clandestinas extremadamente peligrosas por vía terrestre y marítima.

Muchas de esas travesías terminan en desapariciones, naufragios o muertes, debido a que las embarcaciones utilizadas carecen de condiciones mínimas de seguridad.

En Colombia, el delito de tráfico de migrantes está tipificado en el Código Penal y contempla sanciones más severas cuando la conducta pone en riesgo la vida o integridad de las víctimas, involucra menores de edad o se desarrolla mediante organizaciones criminales. Precisamente esas circunstancias llevaron a la Fiscalía a formular la imputación por la modalidad agravada.

Mientras el proceso judicial avanza, el destino de las 42 personas desaparecidas continúa siendo uno de los interrogantes más dolorosos del caso.

La ausencia de hallazgos sobre la embarcación y sus ocupantes mantiene abierta la investigación y prolonga la incertidumbre de sus familias, que desde octubre de 2023 esperan conocer qué ocurrió durante aquella travesía entre San Andrés y Nicaragua que terminó convirtiéndose en una de las desapariciones colectivas más graves registradas en el Caribe colombiano.

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