Defensoría pide al nuevo Gobierno implementar ley contra el reclutamiento de menores

La Defensoría del Pueblo aseguró que la Ley 2590 de 2026, sancionada por el Gobierno nacional, representa un avance significativo en la protección de niños, niñas y adolescentes frente al reclutamiento forzado, el uso de menores para la comisión de delitos y otras formas de violencia asociadas al conflicto armado.

La norma endurece las penas por estos delitos, fortalece las medidas de prevención y amplía la respuesta institucional para proteger a la población infantil en los territorios con mayor riesgo.

Además, establece que cuando la Defensoría identifique escenarios de riesgo de reclutamiento, los programas de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA) deberán priorizar obligatoriamente las zonas señaladas.

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Sin embargo, la entidad advirtió que la sanción de la ley constituye apenas el primer paso y que su verdadero impacto dependerá de la capacidad del Estado para reglamentarla, financiarla e implementarla.

Por esto, pidió al Gobierno entrante para que priorice la elaboración del documento CONPES y la actualización de la Línea de Política Pública para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la norma, la cual permitirá definir metas, indicadores, fuentes de financiación y responsabilidades claras para las entidades competentes.

Asimismo, pidió acelerar la creación del Equipo Nacional de Acción Inmediata, que permitirá coordinar respuestas urgentes de protección en casos de riesgo inminente, así como la puesta en funcionamiento del Observatorio Nacional de Reclutamiento y Uso de Menores de Edad, con el fin de consolidar información que oriente las decisiones de política pública.

Entre las prioridades señaladas también figuran la adopción de un protocolo para prevenir y bloquear contenidos digitales utilizados por grupos armados para captar menores de edad, el desarrollo de una estrategia nacional de prevención que fortalezca los entornos protectores y el diseño de un plan para mejorar la infraestructura educativa, ampliar la planta docente y delimitar escuelas en municipios con alto riesgo de reclutamiento.

Finalmente, la Defensoría reiteró que “la prevención no puede limitarse a la reacción institucional una vez consumada la vulneración de derechos. La protección efectiva exige presencia integral del Estado en los territorios, fortalecimiento de la educación, oportunidades para niñas, niños y adolescentes y sus familias, protección de las comunidades, respuesta temprana frente a los riesgos y acciones coordinadas que reduzcan los factores que favorecen el reclutamiento, uso y utilización de menores de edad, y vulneran el derecho a un buen futuro”.

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