Ordenan embargo de $1.478 millones a Álex Saab en Colombia mientras enfrenta nuevas acusaciones en EE.UU.

Un juzgado de Barranquilla ordenó el embargo y secuestro de recursos económicos asociados al empresario Álex Naim Saab Morán, conocido públicamente como Álex Saab, dentro de un proceso judicial que busca garantizar la recuperación de dineros presuntamente comprometidos en actuaciones que son objeto de investigación por parte de las autoridades.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Barranquilla, despacho que dio trámite favorable a varias solicitudes encaminadas a asegurar recursos que podrían ser utilizados para responder por eventuales obligaciones derivadas de procesos que permanecen en curso.

La medida judicial se conoce en momentos en que Saab enfrenta nuevas actuaciones judiciales en Estados Unidos, donde fiscales federales avanzan en investigaciones relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero y contratación vinculada a programas estatales venezolanos.

Empresas vinculadas al proceso

De acuerdo con la determinación judicial, una de las sociedades cobijadas por la medida cautelar es Jacadi de Colombia S. A., empresa dedicada a actividades comerciales relacionadas con importaciones y exportaciones de productos textiles y en cuya representación figuraron Álex Saab y su entonces esposa, Cyntia Eugenia Ceratin Ospina.

La orden emitida por el despacho judicial establece el embargo de los recursos que dicha compañía posea actualmente o que pueda llegar a recibir en cuentas corrientes, cuentas de ahorro y otros instrumentos financieros administrados por entidades bancarias o instituciones del sector financiero.

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La medida también alcanza a otras sociedades relacionadas con Saab, entre ellas Shatex S. A., empresa que ha sido mencionada en distintos procesos e investigaciones adelantadas tanto en Colombia como en el exterior por presuntas irregularidades financieras.

Según lo dispuesto por el juzgado, las entidades financieras deberán informar y retener los recursos identificados dentro del alcance de la decisión, con el propósito de impedir movimientos que puedan afectar la efectividad de las actuaciones judiciales.

Revisión de CDT, cuentas bancarias y plataformas financieras

Dentro de las órdenes impartidas por la autoridad judicial también se incluyó la revisión de recursos depositados en certificados de depósito a término (CDT), así como fondos existentes en cuentas administradas por el Banco Mundo Mujer y movimientos relacionados con la plataforma financiera Nequi.

El objetivo de estas actuaciones es establecer la existencia de recursos que puedan estar sujetos a las medidas cautelares decretadas y garantizar que dichos fondos permanezcan bajo control judicial mientras avanzan los procesos correspondientes.

La decisión contempla el embargo de aproximadamente 1.478 millones de pesos, suma que deberá ser trasladada a la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario de Colombia.

Los recursos retenidos quedarán a disposición de la Oficina de Ejecuciones Civiles del Circuito, dependencia encargada de administrar y custodiar los dineros mientras se define el resultado de los procedimientos judiciales en curso.

Argumentos del juzgado

En la providencia se señala que las medidas cautelares resultan necesarias para preservar la posibilidad de una eventual reparación económica en favor de quienes promueven las reclamaciones judiciales.

El despacho consideró que existen fundamentos suficientes para adoptar mecanismos preventivos que eviten la disposición de recursos que podrían resultar relevantes dentro del proceso.

De esta manera, la justicia busca garantizar que, en caso de establecerse responsabilidades patrimoniales, existan activos disponibles para atender las decisiones que eventualmente sean emitidas por los jueces competentes.

Procesos que continúan en Estados Unidos

La decisión adoptada en Colombia coincide con una nueva etapa de los procesos que enfrenta Saab ante autoridades estadounidenses.

En ese país, fiscales federales formularon nuevas acusaciones relacionadas con presuntas operaciones de lavado de activos vinculadas a contratos de suministro de alimentos ejecutados durante los años en que el empresario mantuvo una estrecha relación comercial con entidades estatales venezolanas.

Las investigaciones están concentradas principalmente en operaciones relacionadas con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa creado por el Gobierno de Venezuela para distribuir alimentos subsidiados entre sectores de la población.

Según documentos judiciales conocidos en Estados Unidos, los investigadores sostienen que Saab habría participado en mecanismos destinados a ocultar el origen real de determinados productos comercializados dentro de dicho programa.

La acusación plantea que parte de las mercancías suministradas habría sido presentada mediante documentación que no reflejaría de manera exacta su procedencia, situación que forma parte de las hipótesis examinadas por los fiscales federales.

Presuntos sobornos y contratos estatales

Dentro de los elementos expuestos por las autoridades estadounidenses también se incluyen señalamientos relacionados con supuestos pagos irregulares a funcionarios venezolanos para facilitar la obtención de contratos asociados al suministro de alimentos.

Aunque los documentos judiciales hacen referencia a la existencia de dichos pagos, hasta el momento no han sido divulgadas públicamente las identidades de las personas que habrían recibido esos recursos.

Las investigaciones abarcan hechos que, según los expedientes conocidos, habrían ocurrido entre los años 2015 y 2019, periodo durante el cual el programa CLAP fue objeto de diversas denuncias relacionadas con presuntos sobrecostos, cuestionamientos sobre la calidad de algunos productos distribuidos y observaciones frente a los procedimientos de contratación utilizados para la adquisición de alimentos.

Transformación de su situación política y judicial

Durante varios años, Álex Saab consolidó una posición relevante dentro de la estructura política y económica del Gobierno venezolano, convirtiéndose en una figura cercana a la administración del presidente Nicolás Maduro.

Su nombre adquirió notoriedad internacional debido a los contratos suscritos con entidades estatales venezolanas y a las investigaciones adelantadas por organismos judiciales y de control en distintos países.

Sin embargo, el escenario cambió a medida que avanzaron las actuaciones de autoridades internacionales y se incrementaron los procesos judiciales relacionados con sus actividades empresariales.

En los últimos meses han surgido versiones sobre posibles cambios en su nivel de influencia dentro de sectores del poder venezolano, particularmente después de ajustes realizados en áreas estratégicas de la administración encabezada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Implicaciones de la decisión en Colombia

La orden de embargo decretada por la justicia colombiana constituye una de las actuaciones patrimoniales más significativas adoptadas recientemente en el país contra bienes y recursos vinculados al empresario.

Expertos consultados en procesos de ejecución civil consideran que este tipo de medidas busca preservar activos mientras se resuelven controversias judiciales y evitar que los recursos puedan ser retirados o transferidos antes de que exista una decisión definitiva.

Con esta actuación, Álex Saab deberá continuar atendiendo los procesos abiertos en Colombia, al tiempo que enfrenta las investigaciones y acusaciones que avanzan en Estados Unidos.

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