Operación contra el narcotráfico y el terrorismo: 17 capturados en el Caribe y otros tres en Buga

En menos de una semana, la Fuerza Pública concentró operaciones en dos puntos separados por cientos de kilómetros, pero unidos por un mismo objetivo institucional: afectar las estructuras de mando, las finanzas y las redes de narcotráfico de organizaciones armadas ilegales.

El balance divulgado por el Gobierno incluye 17 capturas en Santa Marta, Ciénaga y Barranquilla, entre ellas la de la compañera sentimental de alias “Pinocho”; cuatro detenidos requeridos en extradición por Estados Unidos; y, en otra operación en zona rural de Buga, Valle del Cauca, tres integrantes de la estructura 57 “Jair Bermúdez” muertos durante combates y otro capturado.

El primer escenario fue el Caribe. Santa Marta y Ciénaga se convirtieron en puntos centrales de una serie de procedimientos contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), organización que las autoridades han señalado por actividades de narcotráfico, extorsión y control criminal en sectores de Magdalena y La Guajira.

La operación se produjo después de varios días de acciones de la Fuerza Pública contra esa estructura y de amenazas atribuidas al grupo contra comerciantes, transportadores y habitantes de la región.

Policías y soldados llegaron a seis lugares previamente identificados por las investigaciones. Las diligencias de registro y allanamiento terminaron con 13 personas capturadas. Entre ellas estaba alias “Yolima”, identificada por las autoridades como compañera sentimental de Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, señalado como máximo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

La importancia de esa captura para los investigadores no se limita al vínculo personal de la detenida con el jefe de la organización. Durante los procedimientos fueron incautados cocaína, municiones, equipos de telefonía celular, panfletos utilizados para intimidar y más de $29 millones en efectivo. Además, las autoridades encontraron una tarjeta bancaria a nombre de alias “Pinocho”.

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Ese elemento pasó a formar parte de las pesquisas financieras con las que los organismos judiciales buscan reconstruir movimientos de dinero y establecer quiénes podrían administrar recursos o bienes de la organización.

El Gobierno ordenó precisamente seguir esa línea. El presidente Abelardo De La Espriella dispuso rastrear la ruta del dinero e investigar a posibles testaferros y colaboradores de la estructura.

El objetivo anunciado es que las operaciones no terminen con las capturas de integrantes armados, sino que alcancen los mecanismos financieros que permiten sostener las actividades de la organización.

Alias “Pinocho” ya estaba en el radar de las autoridades antes de estos operativos. El Gobierno había anunciado el 26 de agosto la decisión de hacer efectiva su extradición a Estados Unidos, al señalar que permanece prófugo y que es requerido por la justicia estadounidense.

En esa oportunidad, la Presidencia informó que también había autorizado la extradición de otros antiguos participantes de procesos de negociación de paz y ordenado avanzar en la ubicación de quienes no se encontraban bajo custodia estatal.

La ofensiva en la Sierra Nevada había escalado días antes. El 21 de septiembre, las autoridades informaron la muerte durante una operación de José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, señalado como segundo cabecilla y responsable financiero de las ACSN. Según la Policía y la Presidencia, aquella acción dejó siete integrantes de la organización muertos en desarrollo de la operación, tres capturados y la incautación preliminar de diez fusiles, dos lanzagranadas, dos pistolas, granadas y otro material de guerra.

Tras esa operación, las autoridades atribuyeron a las ACSN amenazas relacionadas con un paro armado. El Gobierno respondió reforzando la presencia militar y policial en Santa Marta y anunció el despliegue de capacidades adicionales para proteger a la población y mantener operaciones contra la estructura.

Pero mientras policías y militares adelantaban los allanamientos contra la organización en Santa Marta y Ciénaga, otra investigación avanzaba en paralelo. La Dirección de Antinarcóticos de la Policía, la Fiscalía General de la Nación y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA, desarrollaron la Operación Kratos en Santa Marta y Barranquilla.

El resultado fueron otras cuatro capturas. En este caso se trató de personas requeridas en extradición por autoridades estadounidenses. Con esos detenidos, el balance conjunto de las operaciones ascendió a 17 capturados.

La Operación Kratos añadió un componente transnacional a las investigaciones. Según la información oficial, las labores de inteligencia establecieron conexiones de la red con el Cártel de Sinaloa por medio de un hombre identificado con los alias de “Flash” o “Comando 200”.

Las autoridades sostienen que la estructura tenía capacidad logística para movilizar más de dos toneladas de cocaína cada mes hacia mercados internacionales, incluido Estados Unidos.

La información debe entenderse como un resultado de la investigación de las autoridades y no como una conclusión judicial definitiva sobre la responsabilidad individual de los capturados.

Sin embargo, los antecedentes documentados muestran que las conexiones entre organizaciones mexicanas y estructuras colombianas no son un fenómeno nuevo.

Un estudio académico publicado en 2026 sobre las redes transnacionales del Cártel de Sinaloa describe un modelo basado en alianzas y subcontratación con organizaciones locales para distintas fases de la cadena del narcotráfico.

Mientras la operación en el Caribe apuntaba a una estructura vinculada con las rutas internacionales de cocaína, en el centro del Valle del Cauca otra ofensiva avanzaba contra las disidencias de las Farc.

El escenario esta vez fue la zona rural de Guadalajara de Buga. Allí participaron tropas de la Tercera Brigada del Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El objetivo era la estructura 57 “Jair Bermúdez”.

Los uniformados llegaron hasta el corregimiento de La María y se produjeron combates. El balance oficial señaló que tres integrantes de la estructura murieron en desarrollo de las operaciones militares y otro fue capturado. Las autoridades incautaron un arma larga y tres armas cortas.

Entre los muertos fue identificado por las autoridades alias “Norton” —mencionado también como “Norto” o “Northon” en distintos reportes oficiales y periodísticos—, señalado como uno de los principales cabecillas de la estructura y responsable de sus finanzas.

Existe una diferencia entre fuentes sobre su posición exacta dentro de la organización: el reporte inicial del Ejército lo describió como presunto segundo cabecilla, mientras el balance divulgado posteriormente por Presidencia lo ubicó como tercer cabecilla y jefe financiero.

Su papel financiero es uno de los elementos en los que coinciden los reportes. Información de inteligencia citada por Caracol Radio lo relacionaba con la coordinación del cobro de extorsiones en zonas rurales de Tuluá y Buga.

Reportes posteriores también señalaron que era investigado por posibles vínculos con amenazas, secuestros extorsivos, homicidios y ataques contra vehículos en municipios del centro del Valle del Cauca. Se trata, en esos casos, de señalamientos e investigaciones atribuidos por las autoridades y no de condenas judiciales.

El resultado en Buga tuvo así un componente que trascendió el enfrentamiento armado: la afectación de quien, según las autoridades, manejaba parte de las finanzas de la estructura.

El Gobierno presentó precisamente la operación bajo esa perspectiva: afectar simultáneamente el mando y los recursos económicos que permiten mantener hombres, armas y actividades ilegales en el territorio.

Las operaciones del Caribe y el Valle del Cauca no corresponden a una misma investigación ni se desarrollaron contra una misma organización. En Santa Marta, Ciénaga y Barranquilla, las acciones estuvieron dirigidas contra integrantes y redes vinculadas por las autoridades con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y con el tráfico internacional de cocaína.

En Buga, el objetivo fue la estructura 57 “Jair Bermúdez” de las disidencias de las Farc. El elemento común es la estrategia anunciada por el Gobierno de concentrar las acciones de la Fuerza Pública no solamente en los componentes armados, sino también en los cabecillas, las redes financieras y los enlaces del narcotráfico.

El despliegue ocurre, además, dentro de una ofensiva más amplia anunciada por el Ejecutivo. En un balance publicado el 19 de septiembre, la Presidencia informó que desde el 7 de agosto las autoridades habían registrado 21.940 capturas relacionadas con organizaciones del narcotráfico y otras estructuras criminales, junto con la incautación de 92.621 kilos de estupefacientes y 2.316 armas de fuego. Esas cifras corresponden al balance oficial del Gobierno para ese periodo.

En el Caribe, las investigaciones ahora tienen por delante el rastreo de los recursos, las posibles conexiones patrimoniales de la organización, los procesos de extradición derivados de la Operación Kratos y la búsqueda de alias “Pinocho”.

En el Valle del Cauca, las unidades permanecen desplegadas para determinar las consecuencias que tendrá la operación sobre la estructura “Jair Bermúdez” y continuar las investigaciones sobre sus redes.

Dos regiones, dos organizaciones y operaciones distintas terminaron confluyendo en una misma semana. En Santa Marta, Ciénaga y Barranquilla, las autoridades llegaron a viviendas y puntos identificados después de investigaciones judiciales; en las montañas de Buga, las tropas entraron en combate.

De un lado quedaron 17 capturados, dinero, droga, teléfonos, municiones y una investigación que busca seguir la ruta financiera hasta los responsables de administrar los recursos. Del otro, tres integrantes de una disidencia muertos durante operaciones militares, un capturado y cuatro armas incautadas. Los siguientes pasos estarán en manos de investigadores, fiscales y jueces, mientras las operaciones de la Fuerza Pública continúan en ambos territorios.

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