Empresas podrán despedir aprendices del Sena durante período de prueba tras decisión del Consejo de Estado

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente la norma que prohibía establecer períodos de prueba en los contratos de aprendizaje en Colombia, una decisión que permite a las empresas acordar por escrito esta etapa con los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y de otras instituciones de formación. Durante el período pactado, cualquiera de las partes podrá terminar unilateralmente el contrato sin previo aviso, conforme a las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo.

La determinación fue adoptada por la Sección Segunda, Subsección B, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante un auto del 5 de octubre de 2026, con ponencia de la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo. La providencia suspendió los efectos de una disposición del Decreto 223 del 5 de marzo de 2026, expedido por el Gobierno nacional para reglamentar los contratos de aprendizaje y las prácticas laborales.

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La decisión fue divulgada oficialmente por el Consejo de Estado este martes 10 de noviembre y se produjo dentro de un proceso de nulidad contra el artículo 2.2.6.3.3.26 del Decreto 1072 de 2015, incorporado mediante el Decreto 223 de 2026. La disposición establecía expresamente que los contratos de aprendizaje no tendrían período de prueba, debido a su carácter especial y a su finalidad de formación teórica y práctica.

El alto tribunal consideró que el Gobierno había establecido una restricción que no estaba contemplada en la legislación laboral. Según la providencia, la Ley 2466 de 2025, mediante la cual se aprobó la reforma laboral, dispuso que los contratos de aprendizaje se regirían por las normas sustantivas del Código Sustantivo del Trabajo, incluidas las relacionadas con el período de prueba.

En consecuencia, la corporación suspendió temporalmente la prohibición mientras resuelve de fondo la demanda presentada por Yenny Lorena Fonseca Amado y Santiago González Maldonado contra la Nación, representada en el proceso por el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

La controversia judicial surgió por la reglamentación expedida después de la reforma laboral de 2025, que modificó la naturaleza jurídica de los contratos de aprendizaje y los reconoció como contratos laborales especiales a término fijo, sujetos a las disposiciones sustantivas del Código Sustantivo del Trabajo.

El Decreto 223 de 2026 había establecido que esta modalidad de contratación no tendría período de prueba, bajo el argumento de que su finalidad consiste en permitir que los estudiantes adquieran conocimientos y experiencia mediante actividades de formación profesional.

Sin embargo, los demandantes cuestionaron que el Ejecutivo hubiera excluido esta posibilidad mediante una disposición reglamentaria, pese a que la legislación aprobada por el Congreso sometió los contratos de aprendizaje al régimen laboral.

El Consejo de Estado examinó los argumentos y encontró fundamentos para suspender provisionalmente la disposición cuestionada. La medida cautelar no constituye una declaración definitiva de nulidad y permanecerá sujeta a lo que determine la corporación durante el trámite del proceso.

El artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo define el período de prueba como la etapa inicial del contrato durante la cual el empleador evalúa las aptitudes del trabajador y este determina si las condiciones de trabajo responden a sus expectativas.

Por su parte, el artículo 77 establece que el período de prueba debe estipularse por escrito. El artículo 78 fija, como regla general, una duración máxima de dos meses y dispone que, en los contratos a término fijo inferiores a un año, no puede superar la quinta parte del plazo inicialmente acordado, sin exceder ese límite de dos meses.

En el caso de los contratos de aprendizaje, la duración del período de prueba dependerá de las condiciones legales aplicables y del tiempo de vinculación establecido entre la empresa patrocinadora y el aprendiz.

Durante esta etapa, el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo permite que cualquiera de las partes termine unilateralmente el contrato sin previo aviso. La norma también establece que los trabajadores en período de prueba tienen derecho a las prestaciones laborales correspondientes.

La decisión del Consejo de Estado no establece que todos los contratos de aprendizaje deban incorporar obligatoriamente un período de prueba. Para su aplicación es necesario que exista un acuerdo escrito entre las partes, de conformidad con las condiciones previstas en la legislación laboral.

Tampoco restablece automáticamente el antiguo período de prueba de tres meses que estuvo contemplado en la regulación anterior de los contratos de aprendizaje.

El pronunciamiento judicial tiene efectos sobre una modalidad de vinculación utilizada por empresas privadas, entidades públicas y organizaciones que participan en programas de formación técnica, tecnológica y profesional.

En Colombia, las empresas privadas con 15 o más trabajadores, con las excepciones previstas en la legislación, están obligadas a vincular aprendices de acuerdo con las cuotas establecidas por la ley. La regulación contempla, como regla general, un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por cada fracción de 10 o más empleados que no exceda de 20.

La obligación comprende principalmente a empresas que desarrollan actividades económicas distintas de la construcción, sector que cuenta con disposiciones especiales.

También participan en estos programas empresas industriales y comerciales del Estado, sociedades de economía mixta y otras entidades públicas que vinculan estudiantes para el desarrollo de actividades de formación.

Los contratos de aprendizaje permiten que estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y universitarios desarrollen procesos de formación práctica en empresas y entidades autorizadas, de acuerdo con los requisitos de cada programa académico.

La reglamentación contempla distintas modalidades de formación, incluidas las relacionadas con programas de educación superior, educación para el trabajo y el desarrollo humano y formación dual.

La vinculación de menores de edad está sujeta a condiciones especiales. Para los adolescentes de entre 15 y 17 años que desarrollen actividades laborales se exige la autorización correspondiente de la autoridad competente, de acuerdo con las normas de protección del trabajo adolescente.

La reforma laboral aprobada mediante la Ley 2466 de 2025 modificó el artículo 81 del Código Sustantivo del Trabajo y estableció que el contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial y a término fijo, cuya duración está determinada por el programa de formación y no puede superar tres años.

La nueva regulación también modificó las condiciones económicas y de seguridad social de los aprendices. Durante la fase lectiva se establecen garantías relacionadas con el apoyo de sostenimiento y la afiliación a los sistemas correspondientes de seguridad social.

En la fase práctica, los aprendices tienen derecho a las prestaciones, auxilios y demás garantías laborales previstas para esta modalidad de contratación, conforme a las disposiciones de la reforma y su reglamentación.

El Decreto 223 de 2026 desarrolló estas disposiciones y reglamentó aspectos relacionados con la duración de los contratos, las fases de formación, las obligaciones de las empresas patrocinadoras, los pagos y las condiciones de suspensión.

Entre esas disposiciones se encontraba el artículo que prohibía establecer períodos de prueba, cuya aplicación quedó suspendida por la decisión del Consejo de Estado.

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