Concejal Quintero pide evaluar la suspensión provisional del director del IDRD por la APP de El Campín, Bogotá

El concejal de Bogotá Juan David Quintero pidió al Ministerio Público evaluar la suspensión provisional del director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), Daniel García Cañón, y de otros funcionarios directivos que participaron en la firma y en la ejecución del contrato de la Asociación Público-Privada (APP) de El Campín. La solicitud se conoció este sábado 24 de octubre.

Además, el cabildante solicitó al alcalde Carlos Fernando Galán que aparte a esos funcionarios de sus responsabilidades dentro del proyecto y que designe un equipo especial para gestionar el contrato. La petición se sustenta, según Quintero, en cinco presuntas irregularidades que deben ser revisadas por los organismos de control y las autoridades competentes.

El primer cuestionamiento se refiere a una modificación de la minuta contractual. El concejal sostiene que se cambió el texto para permitir un pago de $26.101 millones por costos de estructuración, pese a que la minuta original prohibía ese desembolso. A su juicio, la decisión requiere una explicación detallada por parte de quienes firmaron y ejecutaron el acuerdo.

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El pago, de $26.101 millones, lo realizó Sencia el 28 de octubre de 2024 a APP CDEC S.A.S., la sociedad que originó el proyecto, y que según el concejal es accionista de la concesionaria. Quintero afirma que la operación contraría el espíritu de la Ley 1508 de 2012, y aclaró que no sostiene que el dinero haya salido del presupuesto del IDRD.

Los otros cuatro señalamientos abarcan la gestión del contrato. Quintero cuestiona el tiempo que habría tomado al IDRD actuar frente a posibles incumplimientos del concesionario y advierte posibles problemas legales en la delegación de la supervisión a la interventoría. También pide revisar el paso de antiguos funcionarios del instituto al equipo directivo de Sencia, por posibles conflictos de interés.

El quinto punto es la legalidad del Otrosí número uno, firmado en julio de 2025. Según el concejal, ese cambio permitió mantener la explotación completa del antiguo estadio durante las obras, y el IDRD debe explicar por qué consideró que las modificaciones no alteraron la naturaleza del contrato. Quintero plantea dudas jurídicas sobre sus efectos en el proyecto inicialmente adjudicado.

El director del IDRD respondió que el Distrito no desembolsó recursos públicos para ese pago, el cual correspondió a una obligación entre dos sociedades privadas: Sencia, como concesionaria, y APP CDEC S.A.S., como originadora. También negó que se hubiera alterado el objeto de la APP y anunció posibles acciones legales.

Quintero aclaró que su denuncia no representa una oposición a la renovación del estadio. Afirmó que respalda las alianzas público-privadas y que desea que esta funcione, con un estadio terminado, un cronograma claro y público, una cancha de calidad y la posibilidad de albergar partidos y conciertos. Agregó que el proyecto debe estar a cargo de un equipo con garantías de transparencia y de un concesionario que cumpla lo acordado.

En paralelo, el IDRD abrió un proceso administrativo sancionatorio contra Sencia por el estado de la gramilla, un motivo distinto al de las denuncias del concejal. La entidad sostuvo que ese procedimiento nace de hallazgos técnicos de la interventoría y no de los señalamientos de Quintero.

El concejal anunció que durante la primera semana de noviembre de 2026 presentará un informe completo con sus denuncias ante los organismos de control y las autoridades competentes. La eventual suspensión de los funcionarios dependerá de la evaluación de esas instancias. Los cuestionamientos corresponden a lo planteado por el cabildante y, por ahora, no constituyen una determinación judicial ni disciplinaria sobre responsabilidades individuales.

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