MinJusticia no descarta nuevas parrandas en cárceles y admite fallas en el Inpec

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reconoció deficiencias en los controles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y afirmó que no es posible garantizar que hechos como los registrados recientemente en centros de reclusión del país no vuelvan a ocurrir.

Sus declaraciones se producen tras los escándalos registrados en establecimientos como la cárcel de Itagüí y La Picota, donde se evidenciaron graves irregularidades en materia de seguridad.

El jefe de la cartera de Justicia sostuvo que, aunque se han intensificado operativos en los últimos días, persisten vacíos en la vigilancia interna. “Estamos haciendo todo lo necesario, pero no puedo asegurar que estos hechos no se repitan”, indicó, al tiempo que confirmó la solicitud de informes sobre el estado de los pabellones de alta seguridad en el país.

Fallas estructurales y ausencia de controles

Los recientes episodios en la cárcel de Itagüí dejaron al descubierto fallas críticas en la infraestructura y supervisión. Investigaciones preliminares establecieron que durante años el penal operó sin cámaras de seguridad internas, lo que impidió registrar lo ocurrido durante una celebración ilegal en la que participaron internos de alta peligrosidad

En ese caso, además, se investiga la presunta distribución de millonarios recursos entre funcionarios del Inpec y la permisividad frente al ingreso de licor, equipos de sonido y artistas, lo que evidencia un deterioro en los mecanismos de control institucional.

Las autoridades reaccionaron con la suspensión de al menos once funcionarios que se encontraban de servicio durante los hechos, mientras avanzan procesos disciplinarios para establecer responsabilidades.

Asimismo, el Inpec envió una comisión especial para reconstruir lo sucedido y determinar cómo se permitió el ingreso de elementos y personas no autorizadas

En este contexto, el ministro Cuervo planteó la necesidad de modificar el esquema actual de administración de la seguridad penitenciaria.

Señaló que la contratación de sistemas como cámaras y equipos tecnológicos está en manos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad creada en administraciones anteriores, lo que —según dijo— ha generado demoras y vacíos operativos.

“El tema de cámaras lo contrata la Uspec. Si no hubiera ocurrido lo de la fiesta, no se habría conocido que no había vigilancia interna”, afirmó el funcionario, quien propuso devolverle al Inpec la facultad directa de contratar los sistemas de seguridad.

Lea también: (Angie Rodríguez denuncia extorsión ante la Fiscalía y admite pago de $20 millones)

El ministro también se refirió al traslado de cabecillas de estructuras criminales recluidos en Medellín. Aclaró que la medida responde a una situación específica derivada de los hechos recientes y no a consideraciones políticas.

Según explicó, la decisión final del presidente Gustavo Petro fue mover únicamente a los internos que participaron en los eventos irregulares.
Para ello, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y las instancias de diálogo con organizaciones armadas adelantan la identificación de los responsables, ubicados en distintos patios de los centros de reclusión.

Problemas de fondo en el sistema penitenciario

Más allá de los hechos puntuales, el ministro advirtió que el sistema carcelario colombiano enfrenta problemas estructurales.

Entre ellos mencionó la antigüedad de la infraestructura, la facilidad para el ingreso de elementos prohibidos —incluso mediante lanzamientos desde el exterior o el uso de drones— y la insuficiencia de tecnología para el control de la población privada de la libertad.

A estos factores se suma la corrupción interna. El propio Gobierno ha reconocido la participación de algunos integrantes del cuerpo de custodia en actividades irregulares, un fenómeno que ha sido documentado en distintos procesos disciplinarios y judiciales.

El Inpec, entidad adscrita al Ministerio de Justicia encargada de la custodia y resocialización de los internos, ha sido objeto de cuestionamientos recurrentes por la debilidad de sus controles y la persistencia de economías ilegales dentro de los centros de reclusión.

Cuervo insistió en la necesidad de fortalecer la inversión en tecnología, modernizar los sistemas de identificación biométrica y optimizar herramientas como los escáneres de rayos X. También planteó revisar las jornadas laborales del personal de custodia, en medio del debate sobre turnos de ocho o doce horas.

Finalmente, el ministro reiteró que el país debe retomar el principio constitucional según el cual la prisión debe ser una medida excepcional, como parte de una política criminal orientada a reducir la presión sobre el sistema penitenciario.

Otras noticias